El Tribunal Supremo de Israel anuló hoy una de las enmiendas a la ley de inmigración y pidió al Parlamento (Kneset) que revise el período de 20 meses que un inmigrante ilegal puede ser mantenido en centros de detención.
Los nueve jueces que veían la causa sentenciaron que veinte meses les parece un período desproporcionado, y dieron a los legisladores un plazo de seis meses para revisar la enmienda.
Mientras tanto limitaron el período máximo a 12 meses como medida cautelar.
Los inmigrantes ilegales en Israel, la mayoría procedentes del África Subsahariana, son mantenidos en la prisión de Saharonim, los primeros meses, y después en el centro de detención de Holot, del que pueden salir entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, pero no para trabajar.
Todo ello había generado graves protestas por parte de grupos de derechos humanos, que apelaron al tribunal para que anulase estas condiciones.
Además, sostenían que la enmienda fue aprobada en diciembre días antes de que se anunciara la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas, lo que a su entender propiciaba legislación de campaña electoral.
El tribunal rechazó hoy la mayoría de las peticiones de las ONGs y consideró que la Tercera Enmienda a la Ley de Prevención de Infiltración es constitucional, con la salvedad de los veinte meses de arresto.
En el centro de Holot viven alrededor de 1.700 emigrantes eritreos y sudaneses que han pedido asilo político, una condición que Israel les niega a pesar de sus compromisos internacionales.
Los demandantes creen que “la ley sigue causando daño a gente que tiene el derecho a acogerse a la protección del Estado de Israel”, y que el único objetivo de mantenerlos concentrados en centros como Holot es para obligarles a marcharse.