La lentitud de Ayuso en publicar la disolución de la Asamblea en el diario oficial anticipa una batalla jurídica
La judicialización de la política madrileña que se avecina tiene su origen en el modo elegido por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para comunicar la convocatoria de elecciones el próximo 4 de mayo. El anuncio de los comicios sin la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de la disolución del parlamento autonómico dio pie a la oposición a presentar dos mociones de censura al considerar que esa iniciativa paraliza una convocatoria que todavía no era efectiva.
Es en este punto donde se producen las discrepancias jurídicas que acabarán en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si es la oposición la que recurre el acuerdo de convocatoria de elecciones por la vía de lo contencioso-administrativo; y/o en el Constitucional si Ayuso impugna el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid que dio trámite a las mociones, al ser el tribunal competente para resolver sobre los recursos contra las decisiones que adoptan los parlamentos autonómicos y nacional.
Escriben Elena Herrera y Pedro Águeda.
