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La Fiscalía respalda de nuevo el archivo de la investigación sobre las obras de la sede de Podemos

11 marzo 2021 - 14:39 h
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante el pleno que se celebra en el Congreso de los Diputados, este miércoles. EFE/ Chema Moya

La Fiscalía Provincial de Madrid respalda de nuevo el archivo de la investigación sobre la reforma de la nueva sede de Podemos, que se centraba en la diferencia de precios entre el presupuesto y la ejecución de esas obras y a la que el juez Juan José Escalonilla dio carpetazo en un auto del 12 de enero. La represente del Ministerio Público sostiene que no existe “ningún indicio” sobre la existencia de un delito de administración desleal ni de falsedad documental en esa reforma.

Así consta en un escrito de la Fiscalía en respuesta al recurso de apelación interpuesto por una de las acusaciones populares contra dicho auto. En esa resolución, el juez concluyó que no había constancia de que con el dinero por el que se adjudicaron las obras se hubieran realizado “pagos ajenos” a las mismas y explicaba que la “divergencia” entre el precio de licitación —649.936,68 euros— y el precio de adjudicación —1.361.055 euros euros— se debía a una valoración de las obras en el proyecto Básico y en el proyecto de Ejecución “no conforme con el valor de mercado”.

En su denuncia, el abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente afirmaba que esas obras habían sido adjudicadas “a dedo” incumpliendo las normas internas del partido en materia de contratación y se refería a la diferencia entre las dos cantidades citadas para acreditarlo. En su escrito, la Fiscalía recuerda que una vez practicadas las diligencias “conducentes” a determinar el motivo de esa duplicidad en el coste respecto del proyecto inicial, advierte de que los testigos interrogados “han dado cumplida explicación de los motivos por los cuales existe el desfase entre el proyecto y la ejecución, desfase por otro lado frecuente en la ejecución de obras”. En consecuencia, insiste en que no aprecia “ningún indicio” sobre la existencia de un delito de administración desleal.

Escribe Elena Herrera.

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