La Fiscalía de Madrid denuncia a la responsable de una residencia por la muerte de cuatro ancianos que vivían en condiciones “deplorables”
La Fiscalía de Madrid ha denunciado a la responsable y a la auxiliar encargada de una residencia de la tercera edad de Pozuelo de Alarcón por la presunta comisión de cuatro delitos de homicidio imprudente, otros cuatro de omisión del deber de socorro y otro delito continuado de trato degradante, han informado fuentes fiscales.
En su denuncia, el Ministerio Público pone de manifiesto el hecho de que cuando se trasladó el equipo sanitario durante los primeros días de la pandemia al centro encontró a los residentes “abandonados” y en unas condiciones de higiene y atención “deplorables”.
El centro de salud-residencia de la tercera edad, ubicado en la colonia de los Ángeles de Pozuelo, tenía como responsable de forma habitual a una enfermera que estuvo de baja desde el inicio de la crisis y, por tanto, la responsabilidad pasó a manos de J. R. P. G. En teoría, la residencia disponía de un servicio sanitario prestado los martes y jueves constituido por un médico y una enfermera.
El 20 de marzo, sin embargo, el doctor causó baja por posible contagio por COVID-19 y la enfermera se sumó también por ser personal de riesgo, por el que centro se quedó sin equipo sanitario. Así que tuvo que asumir el control la auxiliar encargada “con pleno conocimiento de la titular de la residencia”.
A pesar de que, al menos desde el 23 de marzo, la residencia contaba con casos sospechosos de contagio por COVID-19, la denuncia sostiene que “en todo ese periodo no se informó a los responsables de la Consejería de Sanidad de ningún usuario con sintomatología”.
Tan solo el 1 de abril se incluyó la referencia a un paciente sospechoso, si bien ese mismo día el equipo de soporte en residencias que se constituyó en el Hospital Puerta de Hierro acudió por primera vez al centro y valoró a cinco usuarias, “todas las cuales presentaban clínica respiratoria, y al menos cuatro de ellas, desaturaciones importantes que no estaban siendo tratadas”.
La ausencia de información “fidedigna” impidió, según la Fiscalía, realizar una adecuada valoración de la gravedad de la crisis epidemiológica por parte de los responsables de la Consejería de Sanidad, “de forma que ésta no pudo anticiparse a la situación”.
Por ello, la Unidad de Emergencias del Ejército (UME) tuvo que intervenir el 4 de abril “gracias a que el equipo hospitalario de soporte a residencias se volvió a desplazar al centro el día anterior para realizar nuevas valoraciones de los usuarios”.
Una vez allí, tras comprobar dicho equipo que no se estaba suministrando la oxigenoterapia y medicación pautadas en la visita anterior a los usuarios atendidos y evaluar a siete nuevos residentes, se constató que ninguno de ellos estaba siendo objeto de tratamiento “a pesar de que todos presentaban también sintomatología respiratoria”.
Con información de Europa Press.
