El Supremo sienta en el banquillo al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por atentado a la autoridad y lesiones
El secretario de Organización de Podemos y diputado de este partido Alberto Rodríguez se sentará en el banquillo por una supuesta agresión a un policía durante una protesta en 2014 contra el entonces ministro José Ignacio Wert y su reforma educativa. El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra él por los presuntos delitos de atentado a agentes de la autoridad y leve de lesiones y le ha dado un plazo de diez días para que presente su escrito de defensa.
El auto, contra el que no cabe recurso, recuerda que la Fiscalía presentó el pasado 7 de mayo un escrito de acusación en el que le imputada los dos delitos citados y solicitaba para él seis meses de cárcel, una pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de atentado y la pena de 180 euros de multa. La Fiscalía considera acreditado que, en el curso de la citada concentración en la que hubo un “enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la policía”, Rodríguez “propinó una patada” a un policía, quien “a consecuencia de la misma, sufrió una contusión en la rodilla izquierda, requiriendo para su sanidad una única asistencia facultativa y cinco días para su recuperación, durante los cuales no estuvo impedido para desarrollar sus actividades habituales”.
El instructor señala en su auto que esos hechos, “en una valoración provisional”, pudieran ser constitutivos de los delitos de atentado a agentes de la autoridad y lesiones leves, existiendo indicios contra el acusado que excluyen la procedencia de un sobreseimiento en este momento. Asimismo, fija una fianza de 350 euros para asegurar la responsabilidad civil solicitada por la Fiscalía sin que proceda adoptar ninguna otra medida cautelar.
El pasado 4 de marzo, en su declaración ante el juez, Rodríguez negó la agresión y enmarcó las investigaciones en su contra en “la criminalización de la protesta social”. “Esos hechos los negué porque nunca ocurrieron”, dijo el diputado tras declarar durante una media hora ante el instructor. Su defensa aportó un soporte digital con la grabación de algunos momentos seleccionados de la manifestación en que se sitúan los hechos y pidió que se decretase el archivo de la causa acordándose el sobreseimiento libre por no haber quedado suficientemente acreditada la comisión de infracción penal alguna.
Escribe Elena Herrera.
