Las residencias de mayores deberán informar “de inmediato” a las autoridades si tienen problemas con la conservación o retirada de cadáveres
El Ministerio de Sanidad ha aprobado una orden ministerial con medidas destinadas a paliar la situación que viven algunas residencias de mayores, uno de los mayores focos de coronavirus. Un día después de que la Fiscalía haya abierto una investigación por la denuncia de Defensa sobre ancianos conviviendo con cadáveres, el Gobierno refuerza el control sobre estos centros. Entre otras cosas, establece que deberán informar “de inmediato” a las comunidades autónomas y a la Delegación del Gobierno si tienen problemas “para gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por acumulación” o sobrecarga de los servicios funerarios. También deberán comunicar urgentemente cualquier circunstancia que “ponga en peligro el sostenimiento y la integridad” del servicio, incluida la falta de medios personales o materiales.
La orden es de aplicación no solo para los centros de personas mayores, sino que alcanza a todos los recursos residenciales, ya sean de titularidad pública o privada. El texto les obliga a mantener su actividad durante el estado de emergencia y prohíbe el cierre, la suspensión de contratos o la reducción de actividad, a no ser que las comunidades autónomas determinen que no es imprescindible.
Por otro lado, autoriza a las autonomías a intervenir las residencias, tal y como anunció Pedro Sánchez el pasado domingo. Entre las actuaciones que pueden desarrollar, se encuentra “el alta, baja, reubicación o traslado” de residentes a otro centro “por motivos de salud pública”; poner en marcha nuevos centros o reorganizar los existentes o designar un empleado público para dirigir la actividad de los centros en los que haya casos confirmados, con síntomas o que hayan estado en contacto con coronavirus. Las comunidades también podrán medicalizar las residencias, especifica el texto.
Informa Marta Borraz.
