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Los intentos de las autonomías de limitar la expansión del virus derivan en una cascada de decisiones judiciales contradictorias

17 agosto 2020 - 09:48 h

La policía realiza controles a la salida de Aranda del Duero hacia Madrid, este viernes. EFE/ Paco Santamaria

Los rebrotes se multiplican y algunas zonas de España se asoman incluso a una segunda ola epidémica. Es este el contexto en el que los ejecutivos autonómicos −encargados del control de la expansión del virus desde el inicio de la desescalada− intentan limitar la transmisión decretando confinamientos 'quirúrgicos', limitando las reuniones o reduciendo el horario de apertura de locales en los que se ha comprobado que hay más riesgo de contagio, como bares y restaurantes.

Pero esas restricciones quedan al albur de jueces y tribunales, encargados por ley de ratificarlas en un complejo equilibrio entre la protección de la salud y el respeto a otros derechos y libertades que está dando lugar a una maraña de decisiones judiciales contradictorias. La conclusión es que, en ocasiones, los jueces tumban en una ciudad lo que otro órgano judicial ha permitido en otra.

Informa Elena Herrera.

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