Un sistema sanitario al límite en la segunda ola de COVID-19 no puede dar seguimiento a los enfermos con secuelas de la primera

Julián Sotoca, de 55 años, pasó esta primavera 40 días en la UCI debido a la COVID-19, la mitad en coma inducido: “Estuve muy crítico, dos veces al borde del fallo multiorgánico. Avisaron a mi familia de que podían tener una muy mala noticia en poco tiempo”. Afortunadamente, acaba de recibir el alta médica (seguía de baja, aunque salió del hospital el 14 de mayo) y va a reincorporarse a su puesto de trabajo. Llegó a perder 17 kilos y toda la movilidad, pero la ha recuperado tras una rehabilitación en la que en buena medida le ha ayudado su hijo, monitor de educación física.

Asegura que no sufre grandes secuelas más allá de una úlcera por presión tras 25 días prácticamente sin cambiar de posición y un tono algo más bajo del normal: “No estoy al 100%, pero estoy al 90%”, asegura. Tenía una cita de seguimiento para comprobar su estado en el Hospital Severo Ochoa a principios de septiembre, pero la última semana de agosto le llamaron para cancelar las pruebas que tenía previstas (placa torácica, espirometría y analítica) y la consulta. “Me dijeron que con los rebrotes están faltando medios y que solo pueden atender urgencias, que ya me avisarán por teléfono o por carta para una nueva cita”, explica.

Escribe Marina Estévez.