Un sistema de cámaras que cruza matrículas inquieta a Estados Unidos por su potencial de vigilancia masiva, ¿España está blindada?

El nuevo cortafuegos de Flock Safety llega después de meses de críticas y abusos documentados, y desde el 1 de enero de 2027 obligará a las agencias policiales a vincular cada consulta con un caso penal específico. La empresa anunció el 13 de agosto que también reducirá de 30 a siete días el periodo estándar de conservación y activará una auditoría capaz de detectar búsquedas anómalas y bloquear temporalmente usuarios mientras se revisa su actividad.

El movimiento tiene bastante de corrección sobre la marcha, porque los departamentos seguirán conservando capacidad para decidir cómo acceden a una red que ya ha demostrado que puede usararse para usos personales.

Las cámaras Flock, lectores automáticos de matrículas conectados a plataformas de búsqueda, han pasado de herramienta policial a problema de privacidad por la posibilidad de reconstruir desplazamientos de personas sin sospecha penal.

El debate se ha intensificado en Estados Unidos tras conocerse rastreos de exparejas, familiares y conocidos por parte de agentes, al tiempo que decenas de comunidades han cancelado o suspendido contratos. Flock defiende que el sistema ayuda a localizar vehículos robados, desaparecidos y sospechosos, mientras sus detractores cuestionan el volumen de datos recogido y la amplitud de los accesos.

Europa impondría mayores límites al seguimiento automatizado

Fundada en Atlanta en 2017, Flock Safety instala cámaras ALPR en postes, cruces, aparcamientos y accesos privados para fotografiar vehículos y extraer matrícula, marca, modelo, color, ubicación, hora y rasgos como pegatinas o portaequipajes. Su plataforma permite buscar coches por matrícula o características y compartir información entre jurisdicciones, de forma que una captura realizada en una ciudad puede acabar disponible para agencias situadas mucho más lejos. La compañía cifra su red en 120.000 cámaras con acceso para 6.000 agencias y afirma que procesa 20.000 millones de matrículas al mes.

El marco europeo pondría más barreras a un despliegue equivalente, porque cualquier uso policial tendría que respetar el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva de Protección de Datos en el Ámbito Policial y las restricciones del Reglamento de Inteligencia Artificial. La normativa policial europea exige vincular el acceso a bases de vigilancia con investigaciones determinadas, mientras ciertos usos de IA en espacios públicos quedan catalogados como de alto riesgo. Un sistema como Nova, que cruza matrículas con antecedentes o información sobre salud mental, tendría además fricciones con esas garantías.

Los mapas elaborados por DeFlock muestran hasta qué punto la infraestructura puede repartirse de forma desigual dentro de una misma ciudad, con 20 cámaras localizadas en Queens y otras 20 en Brooklyn frente a tres en Manhattan. Staten Island aparece con 12 dispositivos y el Bronx con siete, mientras la propia organización cifra en más de 130.000 los lectores registrados en Estados Unidos.

Esa distribución es relevante porque determina qué trayectos quedan registrados con mayor frecuencia y qué zonas alimentan con más datos una red de acceso que puede superar las fronteras municipales y estatales.

En España, un despliegue de estas características estaría sometido además a la normativa nacional de protección de datos aplicada al ámbito policial, que limita el tratamiento de información personal y exige justificar su uso para fines concretos.

Varias ciudades retiraron dispositivos por problemas de privacidad

Los abusos conocidos han mostrado el coste de conceder acceso amplio a bases capaces de seguir movimientos casi en tiempo real, sobre todo cuando basta con un usuario, una contraseña y una justificación vaga. The Washington Post documentó al menos 50 agentes acusados, imputados o condenados por usar Flock u otros lectores para fines personales, y uno de los casos citados incluía 69 consultas sobre la matrícula de una expareja, 24 sobre la de su madre y 15 sobre la de su padre. Garrett Langley, director ejecutivo de Flock Safety, defendió la capacidad de auditoría de la empresa ante estos comportamientos porque “los humanos toman malas decisiones”.

La reacción institucional ya ha pasado del debate a medidas materiales en varias ciudades estadounidenses, donde ayuntamientos y agencias han retirado, tapado o rechazado cámaras ante dudas sobre privacidad y circulación de datos.

Dayton cubrió dispositivos después de descubrir que información había llegado al Departamento de Seguridad Nacional y al ICE, mientras Evanston rescindió su contrato y denunció que la empresa reinstaló equipos sin permiso. Más de 50 agencias o jurisdicciones habían cancelado, suspendido o desactivado cámaras desde comienzos de 2026, una resistencia que obliga a Flock a reforzar controles sin eliminar la capacidad técnica que originó el conflicto.