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El Consejo de Europa alerta de los riesgos para el “funcionamiento de la democracia” por las desinformaciones “viscerales” en redes sociales

Fotografía de archivo que muestra el icono de la aplicación Facebook, junto a otras aplicaciones, en un móvil.

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

Los datos personales tienen un valor que no se está calculando: identificando patrones se pueden prever comportamientos humanos. Y también se pueden hacer perfiles no sólo de consumo, sino ideológicos. Y, partir de ahí, retroalimentar esas comunidades con algoritmos que personalizan la navegación en las redes sociales individuales. Eso sí, hasta ahora, esos datos personales no siempre se recopilan con permiso del usuario y, eso sí, en todo caso se recopilan gratis a pesar de su poderoso valor.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organismo paneuropeo –no perteneciente a la arquitectura institucional de la UE– compuesto por 47 países y con sede en Estrasburgo, ha aprobado este viernes por unanimidad una resolución que defiende una mayor protección de los datos personales –que se requiera siempre el consentimiento previo y que los datos de la navegación se queden en el ordenador personal de cada uno–; y que haya mayor vigilancia sobre las plataformas de desinformación.

“Al cuestionar el modelo de negocio dominante de la economía actual de Internet, un modelo basado en la recopilación, análisis y uso de nuestros datos personales, este informe busca provocar la reflexión”, dicen las conclusiones de la resolución redactada por el senador socialista José Cepeda tras dos años de trabajo: “¿Deseamos aceptar este modelo como el precio que tenemos que pagar para utilizar los servicios ofrecidos por las compañías de Internet? ¿O podemos llegar a otra solución viable?”

“Lo de Cambridge Analytica sucede porque nadie sabe lo que se hace con los datos y con productos a venta de ideas. Las democracias están en peligro porque el populismo usa esto como un instrumento, las desinformaciones que generan sentimientos y visceralidad y se segmenta en torno a eso. La visceralidad por encima de la razón es un riesgo”.

“En la medida en que las plataformas de medios sociales se han convertido en importantes distribuidores de noticias y otros contenidos periodísticos”, dice el texto, “dicha distribución no puede ser impulsada exclusivamente por el objetivo del beneficio. Las compañías de medios sociales deben respaldar ciertas responsabilidades de interés público con respecto al rol editorial que algunas plataformas ya están desempeñando, pero no de la manera más transparente, y la explotación masiva de datos personales”.

Así, se afirma que “la cuestión del uso de datos personales no es solo una cuestión de proteger nuestro derecho a la privacidad; también se trata de poder controlarnos de forma subrepticia y sesgar el funcionamiento de la democracia, por lo que no tiene sentido”.

Cepeda reconoce que no intenta ofrecer “una solución milagrosa o una respuesta definitiva”, sino “reflexionar sobre cómo, juntos, podemos volver a poner al individuo en el centro del debate sobre el papel y las responsabilidades de las redes sociales”.

“Es la primera vez que un senador español lleva un trabajo así en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”, explica Cepeda, “ha una gran preocupación con las noticias falsas y su incidencia en las democracias. Hay que reactivar a los Gobiernos y las empresas”.

Cepeda explica que exigen “que se pongan leyes para que los individuos sean dueños de sus propios datos, y reprogramar la navegación para que los datos queden en el ordenador. Y si los cedes, que sea todo absolutamente transparente”.

La resolución recomienda a los Estados que cumplan con las obligaciones internacionales, con el convenio europeo de derechos humanos. “Hace dos años me encargan este informe”, dice Cepeda, “por la relación entre los límites de las redes sociales y los derechos humanos, por los sistemas de filtrado de datos y sus consecuencias políticas de radicalización. Se retroalimentan perfiles generando minúsculos elementos radicalizados que amplifican discursos de odio”.

“Hay que legislar para garantizar los derechos humanos en torno a la libertad de expresión”, sostiene Cepeda, “y está la libertad de información: que las informaciones sean veraces y objetivas, como hemos trabajado con Reporteros Sin Fronteras, AFP y la BBC. Si la información es real y objetiva, es el gran pilar para que las democracias sean un instrumento válido, por lo que incentivamos el factchecking”.

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