Urnas, consultas, constituciones y la Venezuela del PP

Haz lo que digo pero no lo que hago; este dicho popular, que con ingenio define la conducta del hipócrita y su doble discurso, que retrata a quienes sabiéndose poderosos e impunes, imponen a otros el cumplimiento de unos principios y normas que no van con ellos, muy bien podría describir la actitud y la laxa moral del Partido Popular en cuanto a la legitimidad y validez de urnas, consultas, referéndums y Constituciones.

Me explico. El Govern ha marcado la fecha del próximo 1 de octubre en el calendario como el día en el que se celebrará la consulta catalana que pretende ser el pistoletazo de salida hacia la desconexión. Difícil e imprudente hacer un resumen en tres líneas de cómo hemos llegado hasta aquí, (y además no es el objetivo de este artículo) y habría mucho que hablar del tema, empezando por el incomprensible bloqueo del Estatut por el Tribunal Constitucional.

La cuestión es que, sea como fuere, aquí nos hallamos, ante la posibilidad de una consulta/referéndum sobre la que el Gobierno del Estado español no ha querido hablar ni negociar con la otra parte, así que irremediablemente unilateral y sin encaje constitucional cuya única pregunta seráː “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. Sí o No.

¿Y qué se plantea desde el Gobierno del Estado español ante estos hechos? ¿Por fin se van a sentar a resolver esta crisis política haciendo política? Pues no.

Se ha hablado mucho las últimas semanas, a media voz a veces, incluso de invocar el ambiguo y nunca utilizado artículo 155 de la Constitución del 78, que permite la intervención y obligar a las autoridades de una Comunidad Autónoma a cumplir las leyes cuando se han agotado todas las vías de control. ¿Cómo? Pues, como decía, es tan ambiguo que ni los expertos lo dejan muy claro.

También se especula con el 116.4, si se pueden agarrar a que la cosa no es del todo pacífica –algo que dista años luz de la realidad–, lo que incluiría el uso de la fuerza; cosa que después de escuchar a Cospedal oportunamente hablar sobre la unidad de España pasando revista al Ejército es, cuando menos, inquietante.

Leíamos también no hace mucho, en el conservador diario ABC, la opinión del ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, explicando que ignorar la suspensión previa del Constitucional podría constituir delito de sedición (artículo 544 del Código Penal) donde, según su criterio, tienen encaje los delitos contra la forma de gobierno a pesar de que no se emplee fuerza o violencia, cuando tengan como objetivo “impedir la aplicación de las leyes y el normal funcionamiento de las instituciones al margen de la Constitución y las leyes”. Esto se castiga con hasta 15 años de prisión. Y, además, se podría castigar con esas penas a quienes provoquen, propongan y conspiren para que se cometa el presunto delito.

Y por si quedan dudas sobre cómo afronta el Gobierno del PP el 1-O, hace unos días tras un acto en el Parlament en el que se dieron detalles de la denominada Ley del referéndum, Xavier García Albiol, tan comedido como de costumbre, nos sacó de dudas calificando la sesión como “un golpe de estado, de momento sin armas, en el que se ha expuesto una barbaridad jurídica, un simulacro de ley y un delirio de locura”.

Resumiendo, el Gobierno afirma que el 1-O es una ilegalidad punible de una u otra forma, que de una u otra forma será castigado, y que en todo caso no llegará a celebrarse. Y no quiere ni oír hablar del derecho a decidir.

Vale. Pero igual podría ser mucho peor. Igual los catalanes, en vez de querer sacar las urnas a la calle para decidir (legal o ilegalmente, ese es otro asunto) su permanencia o no en España, podrían querer decidir cuestiones que van más allá de eso. ¿Se imaginan entonces la reacción del PP? ¿No? Pues ayudemos a su imaginación enumerando algunas de las cosas sobre las que los catalanes no pretenden pronunciarse y el modo en el que no lo hacen.

Los catalanes no votan en última instancia para deponer al Gobierno español, que evidentemente puede no gustarles, pero que ha sido legítima y democráticamente elegido en las urnas.

Tampoco pretenden votar los catalanes, que yo sepa, para frenar un proceso democrático, previsto en la legislación estatal vigente, en la propia Constitución, cuando –imaginemos– se hubiera iniciado una reforma constitucional, prevista en el texto.

De momento, tampoco parece que la campaña pro referéndum incluya cócteles molotov caseros contra centros del Ejército, ni ataques en helicóptero con lanzamiento de granadas sobre la sede del poder judicial, ni quema de individuos con pinta de españolistas en sus actos públicos, ni el bloqueo constante de las calles y carreteras que llevan a la ciudadanía a sus trabajos o simplemente conectan los centros y las periferias de las ciudades, ni he visto yo a –pongamos por caso– Neus Munté grabar ningún vídeo llamando al Ejército español a sublevarse contra el opresor Gobierno del PP, ni quema y destrucción de mobiliario o bienes públicos, ni han atentado contra la vida de ninguno de los jueces que inhabilitaron a Homs, ni saqueos, ni asesinatos…

Tampoco ningún promotor del referéndum catalán tiene en su haber un currículum que incluya el haber sido amnistiado hace menos de una década por precisamente un golpe de estado fallido, ni haber llamado, por ejemplo, a formar de protesta no pacíficas con el resultado de 43 muertos y más de 800 heridos.

A todo esto, quienes pensamos que tal como se presenta el 1-O no es una consulta con todas las garantías que debiera, al menos sabemos que si llega a realizarse nos podremos congratular de que en Cataluña se cuente con censos serios y fiables que no lo conviertan en una peligrosa pantomima donde quienes ponen las urnas decidan de antemano el resultado de la consulta.

Y así podríamos seguir enumerando largo rato, pero baste lo expuesto hasta aquí sobre eso que los catalanes no están haciendo y que, sin embargo, sí está haciendo la oposición venezolana, esa a la que incluso la ONU ha pedido que abandone las formas salvajes de violencia; una oposición venezolana que cuenta con el beneplácito, o al menos la connivencia del Gobierno español, para sacar ilegal e inconstitucionalmente las urnas a la calle.

Llegados a este punto alguien puede pensar: ¿de verdad todo esto para terminar, como Rajoy, hablando de Venezuela? Permítanme sólo unas líneas más; verán, es que no hablo de las calles de Caracas o Maracaibo, sino de las calles del Estado español.

Sí, este domingo 16 de julio en 51 puntos (según los organizadores) de toda España la oposición venezolana va a colocar “sus” urnas. Esos lugares que van desde Lugo hasta Almería, y que incluyen sitios tan pintorescos como bares y monasterios, en su mayoría edificios o espacios públicos, como la plaza de Colón o la puerta del Sol en Madrid, que no podrían ser utilizados sin el consentimiento de las autoridades.

Además de resultar surrealista que no se respete la soberanía de un país con el que tenemos relaciones diplomáticas y en el que para colmo uno de nuestros expresidentes está haciendo un gran papel como mediador internacional, hay que añadir que en Venezuela, el referéndum está regido por el artículo 71 de la Constitución en concordancia con las competencias del poder electoral, sea este aprobatorio, reprobatorio, revocatorio o consultivo; es decir, allí, a diferencia de aquí, sí existe una vía legal para encauzar una consulta de este tipo, y un procedimiento también legal que pasa por dirigirse al poder electoral y plantear un referéndum, que convertiría este presunto plebiscito en un proceso democrático, popular, ajustado a derecho y constitucional. Cosa que, por supuesto, no se ha hecho.

Con lo que le gusta hablar de Venezuela a Mariano Rajoy, parece que no le interesa tanto airear estos casos porque igual su legitimidad en cuestión de urnas, en fin... parece que el Gobierno del PP no sólo se rige por la máxima de, haz lo que digo pero no lo que hago, es que además consejos vende, que para sí no tiene.