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No lo llames 'pin parental', es censura y una amenaza democrática

Tenemos que dejar absolutamente claro que el hijo de un terraplanista tiene derecho a ir a clase de ciencias naturales, como el hijo de un antivacunas tiene derecho a ser vacunado

Los contenidos LGTBI, la educación en diversidad o el fomento de la convivencia no solo son un derecho de nuestros hijos, lo son también de sus compañeros de clase, es decir, de los hijos e hijas de los demás

La escola Sadako, en Barcelona, integrada en la red de Escuelas Changemaker de Ashoka.

Un profesor impartiendo clase.

En los últimos días el anuncio por parte de Ciudadanos de que aceptará la exigencia de Vox de aplicar el llamado 'pin parental' en Murcia como condición para sacar los presupuestos regionales adelante ha supuesto un enorme terremoto. La primera victoria de la ultraderecha a este respecto es sin duda la eficacia con la que hemos asumido este nuevo concepto, que no deberíamos aceptar ni un minuto más, tal y como ha señalado muy acertadamente Mario Pais, sino que hay que señalar que de lo que estamos hablando es simple y llanamente de censura educativa. Se trata de un asunto que deberíamos tomarnos muy en serio no solo el activismo LGTBI, sino en general todos los demócratas de nuestro país.

Esta censura educativa propuesta por Vox y aplicada por Ciudadanos y Partido Popular debería obligarnos a recordar algunas cosas sobre lo que significa la escuela en un estado democrático. Si nuestra Constitución consagra en su artículo 20 algo tan importante como la libertad de cátedra en nuestro país, o en su artículo 27.2 que la educación debe garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana, no es por una cuestión trivial. La educación es precisamente la base de la ciudadanía, y la ciudadanía es una condición necesaria de cualquier Estado de Derecho.

La ciudadanía presupone por supuesto libertad, igualdad e independencia, y es eso lo que justifica que tengamos entre otras cosas derecho a voto, porque, precisamente como ciudadanos y ciudadanas libres, nada ata nuestra voluntad más que el hecho de ser copartícipes de las decisiones comunes. La ley nos obliga porque participamos democráticamente de su elaboración y, por tanto, es una extensión de nuestra propia libertad. Por el contrario, en tanto en cuanto no fuéramos verdaderamente libres, nuestro voto no sería más que la extensión de aquel que sea nuestro amo, y por tanto en lugar de ciudadanos seríamos súbditos o esclavos y quedaría malogrado el edificio democrático entero. Eso de ser libres es, sin embargo, algo más complicado de lo que parece, pues existen muchas formas de ser esclavo, pero si hay una institución encargada de generar esas condiciones de posibilidad de la libertad, esa es precisamente la escuela.

La escuela es el primer contacto que tenemos con la vida pública, más allá de las fronteras de nuestra propia casa. Todas las familias tienen por supuesto el derecho a educar a sus hijas e hijos como consideren, mostrando el primer punto de vista que los niños reciben. Pero precisamente porque nadie elige a su propia familia, todos necesitamos tener la posibilidad de ver más allá de lo que nuestra propia familia nos ha enseñado. Si no, incluso aunque hubiéramos nacido en la familia más bienintencionada, cariñosa y acertada del mundo, seríamos siempre esclavos de lo que nos transmitieron.

La escuela es una ventana al mundo, un lugar de contraste, de cuestionamiento de todo en lo que creemos, porque en la escuela siempre encontraremos puntos de vista diferentes entre los cuales deberemos forjar nuestro propio criterio. Esa es la función liberadora de la escuela, y eso es lo que permite entender algo así como el paso a la mayoría de edad. En palabras de Kant, la mayoría de edad no es otra cosa que la "capacidad de cada uno de servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro", lo que incluye por supuesto a nuestros propios padres.

Lo que la censura educativa de la derecha quiere instaurar es un obsesivo control por parte de ciertos padres para imponer a sus hijos su visión particular del mundo en un intento patológico por mantenerles en una burbuja, en la que de cualquier modo no podrán encerrarlos para siempre. Nada es más peligroso para la escuela que un clima inquisitorial en el que el profesorado se ve sometido a los prejuicios de cada padre. Cada uno a la carta. Ante esto, tenemos que dejar absolutamente claro que el hijo de un terraplanista tiene derecho a ir a clase de ciencias naturales, como el hijo de un antivacunas tiene derecho a ser vacunado. La hija de un miembro del Ku Klux Klan tiene derecho a escuchar una charla sobre antirracismo. Un niño LGTBI tiene por supuesto derecho a tener referentes en la escuela, a conocer la diversidad de la sexualidad humana, a sentirse incluido en pie de igualdad y a ser respetado, por mucho que sus padres sean del Opus Dei.

Dicho sea de paso, los contenidos LGTBI, la educación en diversidad o el fomento de la convivencia no solo son un derecho de nuestros hijos, lo son también de sus compañeros de clase, es decir, de los hijos e hijas de los demás. Si yo soy racista, machista o tránsfobo, los compañeros de mis hijos no tienen la culpa de que yo les quiera educar en mis trasnochados prejuicios. La lucha contra el acoso escolar es uno de los retos más importantes que tenemos a nivel educativo en este momento y eso no puede estar en cuestión en virtud de un supuesto derecho a educar en la discriminación del diferente.

Pero ni siquiera hace falta irse a casos tan extremos, creo que podemos decir aún más. Un adolescente cuyos padres son comunistas tiene derecho a tener un profesor de economía liberal, y otro de historia más bien conservador. Una niña de padres ateos tiene derecho a tener una profesora de inglés muy religiosa. El hijo de un aristócrata tiene derecho a tener un profesor de matemáticas republicano. Porque hay que recordar que desgraciadamente, durante demasiados años en nuestro país los profesores solo podían ser de un tipo muy determinado: aquellos que cumplían a rajatabla con el nacionalcatolicismo. En nuestro país hemos vivido cuarenta años de adoctrinamiento franquista, y quizás lo que ocurre ahora es que algunos añoran esa época pasada.

Por contra, la virtud de la escuela democrática, especialmente la pública, es que uno se encuentra siempre profesores muy diferentes. Y un profesor puede sin duda llegar a extralimitarse y decir barbaridades que se salen del currículo. Siempre recordaré un profesor de ética que nos relataba cómo por las noches participaba en un grupo activista que se dedicaba a irrumpir en clínicas abortivas para sabotearlas. Pero incluso en ese caso, estoy convencido de que es mejor pasarse por el lado de la libertad de cátedra que por el lado de la censura y el control de los contenidos en las aulas. Siempre es mejor correr el riesgo a escuchar algo con lo que no estamos de acuerdo. Porque teníamos otros muchos profesores maravillosos que nos contaban otras cosas. Porque siempre hay un libro, una compañera, u otro profesor que sirven de contrapunto. Se nos olvida con demasiada frecuencia que los niños razonan, piensan, hablan, comparan, preguntan a sus padres también, cuestionan cuando algo no les parece convincente e incluso se rebelan cuando un profesor es injusto, poco riguroso o prejuicioso. Eso es precisamente lo que les hace crecer, forjar un carácter y un criterio, aprender a pensar, a debatir y a discrepar. Y esa es sin duda la mejor garantía de tener ciudadanos libres e iguales como corresponde a una democracia que quepa llamar como tal. No permitamos que la pongan en riesgo.

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