Más vigilancia epidemiológica reforzada y rastreo de contactos para evitar rebrotes

Tras diez largas semanas en las que la COVID-19 ha golpeado con dureza a la población española produciendo más de 27.000 fallecidos, ha sometido a una enorme tensión al sistema sanitario y producido un daño aún incalculable a la economía y al tejido social, nos encontramos en uno de los momentos más delicados en la gestión de la pandemia con la aplicación del plan de transición hacia la nueva normalidad mediante un proceso de desescalada en diferentes fases.

La actualidad informativa parece centrarse cada vez más en cuestiones puntuales pero no necesariamente centrales, de fuerte impacto mediático; es el caso de la evolución de las fases en cada Comunidad Autónoma, los detalles concretos de su aplicación en cada territorio, las primeras y un tanto prematuras iniciativas de la UE para favorecer la movilidad de los viajeros y reactivar el turismo, o los resultados de la primera oleada de la encuesta de seroprevalencia que, como esperábamos, muestran que hay una gran proporción de población susceptible a la infección.

A reserva de lo que establezcan las siguientes oleadas de la encuesta, que en torno al 95% de la población española carezca de inmunidad frente a la COVID-19 obliga a extremar las medidas preventivas para disminuir al máximo el riesgo de transmisión comunitaria y monitorizar con la mayor precisión posible la evolución epidemiológica de la infección a fin de ir tomando las decisiones de control más adecuadas en cada momento; cuestiones que siguen siendo las tareas esenciales hasta que no se disponga de vacuna. El espejismo de la inmunidad de grupo debe ser despejado de una vez por todas.

Conviene insistir en que la ocurrencia de posibles rebrotes no tendrá tanto que ver con los niveles de seroprevalencia de entre el 1 al 15 % en las diferentes Comunidades Autónomas como con el número de personas infectadas por el virus y no aisladas, que puedan transmitir la infección, sean casos nuevos o sean sus contactos u otras personas asintomáticas positivas. En este sentido, la detección precoz de casos y el rastreo de sus contactos son los principales instrumentos para detectar pronto y abortar de inmediato cualquier posible rebrote de la infección.

Por tanto, durante las nuevas fases del plan de desescalada habrá que poner particular énfasis en aquellos indicadores capaces de medir ambos aspectos, así como algún otro destinado a objetivar, con el menor margen de duda posible, si se ha producido un rebrote o no. En nuestro anterior artículo, proponíamos algunos ejemplos. Lo importante será actuar con extrema prudencia, con mucha cautela y no apresurar el tránsito de una fase a otra sino salvaguardar la seguridad sanitaria haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para evitar un repunte de casos

Pero no se trata únicamente de definir indicadores. Se requiere, además, de un esfuerzo sostenido para poner en pie un sistema de vigilancia epidemiológica robusto, ágil y eficiente en todas las Comunidades Autónomas y en el Estado en su conjunto, con el que todavía no contamos, como la experiencia de estos tres meses ha demostrado. Este sistema ha de hacer frente a los retos derivados de la actual fase de control de pandemia, habrá de estar preparado también para los retos derivados de las siguientes fases, y deberá quedar instalado de forma permanente en el sistema sanitario español para responder adecuadamente a retos futuros. Ese sistema debe ser capaz de recolectar más y mejor información y traducirla en una respuesta inmediata. Se trata de un aspecto estructural y no meramente coyuntural.

Para la detección precoz de casos y el rastreo de sus contactos se requiere:

a) la definición de los procedimientos y protocolos de actuación

b) el establecimiento de indicadores que midan a carga de trabajo para decidir el refuerzo necesario en materia de recursos humanos

c) la incorporación de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y las que favorecen la geolocalización de contactos a fin de ser eficaces en el objetivo de evitar la extensión comunitaria de los pequeños brotes

d) la incorporación de rastreadores cuando la tarea de rastreo no pueda ser asumida por los equipos existentes de salud pública y atención primaria

Estas cuestiones deben quedar resueltas cuanto antes.

Las CCAA han de reforzar su capacidad de realizar más pruebas de PCR con criterios epidemiológicos y no sólo de confirmación clínica de casos individuales. Este será el instrumento fundamental para determinar la positividad que requiera aislamiento. Pero por ningún motivo debe caerse en el error de proponer pruebas masivas a toda la población. Ese planteamiento no tiene ningún fundamento epidemiológico ni ninguna lógica de Salud Pública. Hay que hacer muchas más pruebas, posiblemente de 1 a 2 millones más, pero para ser eficaces habrán de focalizarse en los grupos de alto riesgo de contagio y en los contactos de todos los casos nuevos identificados.

El sistema debe ser del conjunto del Estado y considerar, por tanto, la necesidad de responder de manera integral en todo el territorio español e incluso a nivel europeo, en el momento en el que, llegados a la nueva normalidad, las personas puedan circular por el territorio español y europeo. Hay que evitar que los sistemas autonómicos de vigilancia epidemiológica actúen de manera poco conectada entre sí porque ello haría menos efectivo el proceso de rastreo.

En línea con asegurar la eficacia de las acciones, resulta imprescindible también asegurar alternativas válidas al aislamiento domiciliario para aquellas situaciones en las que las condiciones de habitabilidad y las situaciones de ámbito familiar no permitan aislamientos eficaces. Se requiere comprobar, por tanto, la previsión de disponibilidad de recursos alternativos como hoteles u otros que permitan una respuesta a estas situaciones. Y, en cualquier caso, cuando acabe el periodo de estado de alarma que ofrece el paraguas jurídico a las medidas desplegadas hasta ahora, habrá que articular una garantía jurídica que haga viable la obligatoriedad del aislamiento en los casos cuando se trate de una prescripción necesaria.

Desarrollar normativamente la Ley de Salud Pública de 2011 creando la Agencia Estatal de Salud Pública prevista en dicha Ley sería un buen paso en esa dirección. Esta Agencia, que podría depender orgánicamente del Ministerio de Sanidad, deberá disponer de personalidad propia y actuar en red con los dispositivos de salud pública de las Comunidades Autónomas, con el Centro Europeo de Control de Enfermedades y otros centros internacionales y con la Organización Mundial de la Salud. La Agencia debería monitorizar regularmente la situación de salud de la población, presentar informes periódicos sobre la misma, alertar sobre los riesgos que se presenten, fortalecer los sistemas de vigilancia y de información epidemiológica, dar el indispensable soporte técnico a las políticas públicas de salud, y contribuir a dignificar y reforzar el papel de los profesionales de salud pública. Esta podría ser una de las propuestas de la recién creada comisión parlamentaria de reconstrucción.

En conclusión, no nos distraigamos con lo accesorio o lo episódico: el virus sigue ahí y sigue siendo muy peligroso. Superada la primera oleada de la infección y hasta que dispongamos de una vacuna eficaz, segura y accesible, nuestras armas son las que son:

1)higiene personal y pública, y mantenimiento de la distancia física interpersonal

2) reforzamiento de la salud pública, la vigilancia epidemiológica y la atención primaria para la detección precoz de casos sospechosos, el rastreo de los contactos, la realización de pruebas focalizadas y la identificación y aislamiento de los positivos que pueden transmitir la enfermedad

3) planes de contingencia para el uso adecuado de la infraestructura sanitaria hospitalaria y de UCI que incluyan reservas estratégicas de los insumos necesarios y de equipos de protección individual

4) refuerzo de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud tanto en cantidad como en los esquemas organizativos y de gestión, incluyendo la protección y el entrenamiento periódico para hacer frente a este tipo de emergencias.