La respuesta tecnológica de Brasil al espionaje de Estados Unidos
El Parlamento brasileño está a punto de crear un marco regulatorio de internet con el que pretende, entre otras cosas, protegerse del espionaje internacional. Allí el debate no es nuevo, comenzó hace más de cuatro años y solo ahora los políticos se vuelcan en lograr su aprobación con más medidas concretas y más polémicas que cuando fue desarrollado.
Al menos eso espera la presidenta, Dilma Rousseff. A pesar de que ha sido ahora cuando ha saltado a la agenda política internacional, la propuesta llamada Marco Civil da Internet lleva más de dos años a la espera de una votación que nunca llega. El impacto del escándalo internacional ha conducido al Gobierno a reformular el texto con cambios de última hora relacionados con medidas tecnológicas y no sólo de regulación política.
Neutralidad de la red, cable e email propio y servidores en territorio nacional
Neutralidad de la red, cable e email propio y servidores en territorio nacional
“La libertad de expresión, la privacidad de los individuos y el respeto por los derechos humanos; gobernanza abierta, multilateral y democrática; universalidad que asegure el desarrollo social y humano y la construcción de una sociedad inclusiva y no discriminatoria; diversidad cultural, sin la imposición de creencias, costumbres y valores; y neutralidad de la red, guiada solo por criterios técnicos y éticos, fijando como inadmisible restringirlo por aspectos políticos, comerciales o religiosos”.
Es parte del discurso de Rousseff en la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 24 de septiembre y resume los principios de la legislación que se trata de aprobar. Si finalmente sigue esos patrones, el marco va a establecer internet como un derecho fundamental y a asegurar la neutralidad de la red, o lo que es lo mismo, impedir que las compañías discriminen entre usuarios por el tipo de contenido al que acceden.
Desde el punto de vista técnico, el Partido dos Trabalhadores (PT) maneja la propuesta de construir cable submarino entre Brasil y Europa y entre los países suramericanos, ya que la mayor parte de sus conexiones actualmente pasan por Estados Unidos.
Para solucionar el espionaje al correo electrónico, el Gobierno ha encargado el desarrollo de un servicio de email brasileño con su propio sistema de cifrado. Su idea es sustituir a los grandes proveedores, Gmail, Outook y Yahoo!, que, como empresas estadounidenses, deben abrir sus candados cada vez que un juez se lo solicita. En el Marco Cívico da Internet, queda reconocida la inviolabilidad de las comunicaciones y se reserva al Poder Judicial la capacidad de cerrar páginas webs por contenido.
Por último, la medida que más tarde ha llegado a la propuesta y que más ruido está generando: exigir a las compañías que almacenen la información de los usuarios brasileños en centros de datos ubicados en el propio país.
El objetivo es someter a empresas como Google o Facebook a la legislación brasileña y evitar que la decisión sobre el acceso de las agencias como la NSA a los datos quede en manos de la Justicia estadounidense, o impedir que puedan entrar por la supuesta puerta trasera de acceso a datos que las multinacionales siguen negando, pese a las evidencias publicadas por The Guardian y The Washington Post.
Ha recibido dos grandes críticas, una cívica y otra empresarial. Son muchos los colectivos que han aplaudido la declaración de Rousseff, pero al mismo tiempo hay recelos sobre la medida porque “puede funcionar como una barrera a la libertad de circulación de la información online, y no tiene por qué mantener necesariamente la información de los brasileños lejos de las manos del alcance la NSA”, en palabras de Emma Llansó, directora del proyecto de libertad de expresión del Center for Democracy and Technology.
Llansó pone en duda también la concepción de gobernanza multilateral con Naciones Unidas como “pilar central” que explicó la presidenta brasileña, ya que el internet libre que persiguen este tipo de organismos no se consigue pasando de la dependencia de un Gobierno al de varios ejecutivos o instituciones internacionales, sino con la descentralización.
Por otro lado, se critica el coste y el alcance de esta decisión. No sólo por cómo se podría aplicar a pequeñas compañías sin capacidad para establecerse en Brasil, sino también por la reacción de los gigantes ante el coste de construir centros de datos en un país tropical.
Google ha dicho que sería complicado desarrollar esta infraestructura, según recoge Bloomberg, y su responsable en el país latinoamericano pinta un panorama de retroceso en los servicios para los brasileños, sin acceso a las últimas novedades. No dice, sin embargo, el beneficio que obtiene en un país que es el tercero en número de terminales Android y el quinto en visitas a YouTube, según datos de comScore citados en el mismo artículo. Otras voces claman que este marco podría fomentar la creación de empresas tecnológicas locales que ocupasen los huecos dejados.
Marco Civil da Internet, una vieja propuesta
Marco Civil da Internet, una vieja propuestaEn realidad, el Ejecutivo de Rousseff no ha tenido que buscar mucho para encontrar una propuesta que encajar sobre independencia tecnológica en esta revuelta contra Estados Unidos. Desde 2009, el Ministerio de Justicia tiene sobre su mesa una propuesta llamada Marco Civil da Internet, rebautizada como la Constitución de Internet para Brasil.
Este marco regulador fue ideado para garantizar un uso generalizado de internet en el país con respeto a los principios de la neutralidad de la red, libertad de expresión y privacidad del usuario. También apuesta por el gobierno abierto, una forma de entender la red que se ha aplicado a su propia creación. El Marco Civil, impulsado por la Fundación Getulio Vargas, contó con más de 2.000 enmiendas propuestas por la ciudadanía en foros de debate y a través de la red.
Desde agosto de 2011, la propuesta está esperando a ser votada por el Parlamento, con sucesivos retrasos explicados por la búsqueda de consenso. Algunos de sus primeros impulsores han denunciado que las enmiendas han desnaturalizado el texto original, como así lo hacía ya en 2012 uno de los expertos implicados en el proyecto, Carlos Alfonso, director del Instituto NUPEF. Las quejas se centran en la cesión de derechos a las compañías telefónicas, que exigen poder controlar el tipo de tráfico.
Tras la filtración de Snowden, Rousseff pidió al Parlamento votar de urgencia el texto, pero la falta de acuerdo sigue retrasando su presentación. La última vez, el 12 de noviembre, cuando el PT decidió volver a recular porque “hay divergencias en la base, en las bancadas y también en la oposición”, explicaba el diputado del PT Arlindo Chinaglia para Journal do Brasil. Las negociaciones continúan a la espera de una nueva fecha.
De Brasil a las Naciones Unidas, porque el objetivo de la presidenta es ofrecer esta medida como ejemplo al resto del mundo. De hecho, ya está organizando con la colaboración de la ICANN una conferencia internacional sobre gobernanza de internet para los días 23 y 24 de abril en São Paulo. Para entonces, el Marco Civil da Internet ya debería haber pasado por el Parlamento brasileño y se conocerá el alcance total de las medidas antiespionaje.
