Hace unos 10 años, al hermano mayor de mi madre le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, un raro trastorno autoinmune. En la mayoría de países, éste sería un diagnóstico desalentador pero llevadero. Mi tío, sin embargo, vive en Nablus, una ciudad en la Cisjordania ocupada. A pesar de tener acceso a la mejor atención médica posible en los territorios palestinos, el pronóstico era sombrío. Tras meses de espera, papeleo y de pasar por muchos momentos de angustia, recibió un codiciado permiso médico para recibir atención en un hospital de Israel a menos de 50 kilómetros de distancia. A las pocas semanas, estaba caminando de nuevo.
Normalmente se percibe la relación entre los territorios palestinos e Israel como la de dos estados vecinos inmersos en un conflicto por la tierra. Sin embargo, a medida que llegan noticias sobre la gran efectividad del programa de vacunación israelí, que ha alcanzado a casi el 15% de su población en menos de un mes pero a tan solo 100 palestinos y palestinas fuera de la anexionada Jerusalén Este, la realidad oculta tras este simple planteamiento se ha hecho evidente. La verdad es que la población palestina depende de Israel para recibir atención médica vital, no a causa de la pobreza sino de la política.
Si bien el sistema de atención sanitaria palestino se desarrolló en los Acuerdo de Oslo a mediados de los 90, nunca ha sido autónomo. El artículo 17 del Anexo III de Oslo establecía que la responsabilidad en materia de salud palestina se trasladaría a la Autoridad Palestina para vacunas rutinarias, como la de la poliomielitis. Pero Oslo estaba destinado a ser un acuerdo provisional, que llevaría a una solución política en un plazo de cinco años. Casi tres décadas después, se está utilizando para justificar que Israel no se responsabilice del bienestar de la población palestina durante una pandemia, a pesar de que pocas de las disposiciones destinadas a empoderar a los palestinos han llegado a implementarse, incluso en cuestiones tan fundamentales como el derecho al agua.
Casi todos los organismos internacionales, incluidos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, así como las naciones, entre ellas la propia Corte Suprema de Israel, reconocen a Israel como potencia ocupante en los territorios palestinos, lo que le otorga responsabilidades específicas en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra. Estas salvaguardas, que incluyen el deber de mantener la salud pública y los suministros médicos, persisten independientemente de cualquier acuerdo entre el ocupado y el ocupante.
En los primeros momentos de la pandemia, parecía posible que los controles estrictos en Cisjordania y la franja de Gaza pudieran evitarles a los palestinos una catástrofe sanitaria que desbordaría su ya maltrecho sistema de salud. Hasta principios de julio, había pocos casos en los territorios y menos de una docena de muertes. Pero a principios de 2021, más de 160.000 de las 5 millones de personas palestinas en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, han sido diagnosticados con el virus, y más de 1.800 han fallecido. Aunque los casos activos han empezado a disminuir, los índices de contagio entre quienes se someten a las pruebas siguen siendo elevados, y muchos de los infectados son mayores de 60 años, un grupo que tiene más probabilidades de requerir hospitalización.
La dependencia de Israel para la vacunación es una prolongación de años de necesaria externalización de la atención sanitaria palestina debido a las restricciones israelíes. Durante décadas, los palestinos con cáncer u otras enfermedades graves, como mi tío, han tenido que solicitar permisos médicos para entrar a Israel y recibir tratamiento, en parte, porque Israel prohíbe la entrada a tierras palestinas de algunos equipos médicos avanzados en el marco de una extensa política de seguridad, considerada “castigo colectivo” por Naciones Unidas. Incluso al principio de la pandemia, las organizaciones humanitarias que querían enviar los tan necesarios respiradores, mascarillas y equipos de pruebas tuvieron que coordinarse con Israel y recibir su aprobación. Los palestinos no tienen una forma directa de recibir la vacuna, después de que Israel bombardeara el único aeropuerto palestino a principios de la década de 2000 y no permitiera que los planes para construir otro salieran adelante.
La Autoridad Palestina se ha convertido en un proveedor de seguridad para Israel y un programa de empleo para los palestinos que carecen de los recursos para construir un sector privado sólido. De hecho, el Estado de Palestina, como fue reconocido oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2012, apenas tiene control sobre sus importaciones, incluidas mascarillas, respiradores y ahora vacunas, o su economía, que se espera que pierda un 35% de su producto interior bruto como consecuencia de la COVID-19. La coordinación entre la Autoridad Palestina y la iniciativa Covax de la Organización Mundial de la Salud, o el suministro de vacunas de países como Rusia, no absuelve a Israel de sus responsabilidades, como se ha hecho eco la ONU y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil. Decir que Israel no tiene ningún cometido en el suministro de vacunas a los palestinos es aceptar el punto de vista marginal de que no hay ocupación en absoluto.
La aprobación de varias vacunas contra el coronavirus hacia finales de 2020 proporcionó cierta esperanza en un año que, para muchos, estuvo desprovisto de positividad. Sin embargo, se prestó tanta atención al desarrollo de las vacunas, que no se tuvo suficientemente en cuenta la logística de la distribución de las mismas. ¿Quién recibe la vacuna? ¿Cuándo? ¿Quién paga? ¿Dónde conseguimos las jeringas, cómo encontramos al personal sanitario que necesitamos y dónde debe ir la gente para vacunarse?
Estas preguntas no atañen únicamente a los palestinos pero pocas otras poblaciones tienen tan poco control sobre las respuestas.
Yara M. Asi es postdoctorada en el Departamento de Gestión sanitaria e informática de la Universidad de Florida Central y becaria Fulbright para el curso 2020-2021 en Cisjordania.
Este artículo apareció en inglés en el Washington Post el 15 de enero de 2021. Puedes leer el artículo original aquí.
