Cien días de gracia para la oposición

Hace ya casi un siglo, en 1932, el candidato demócrata Franklin D. Roosevelt gana las elecciones norteamericanas al republicano Herbert Hoover. El principal objetivo de la presidencia es intentar levantar un país devastado tras el crack económico de 1929. En el discurso de toma de posesión, en el mes de enero del 33, lanza su famoso compromiso: “Hay que actuar y hay que actuar ahora”. En apenas unas semanas, prepara con su gobierno un ambicioso plan de acción que presenta a la Cámara de Representantes el 21 de marzo. En su intervención, Roosevelt pide a todos los congresistas un acuerdo nacional para que, solamente durante cien días, gobierno y oposición acepten trabajar conjuntamente para poner en marcha las reformas imprescindibles. Desde aquella ocasión, en la mayor parte de las democracias occidentales, se ha extendido el hábito democrático de conceder a todo gobierno entrante cien días de tregua en la confrontación política. Una tradición que está siendo arrasada en España.

El 20 de diciembre de 2015, Rajoy gana las elecciones con 123 diputados. No tiene apoyo suficiente de otras fuerzas políticas y renuncia a la investidura. Desde ese momento, se suceden una decena de eventos que conforman un período de permanente inestabilidad política. Tras la consiguiente repetición electoral, Rajoy vuelve a ser investido el 30 de octubre de 2016 gracias a la abstención del PSOE. El 1 de junio de 2018, una moción de censura acaba con su mandato debido a la fragilidad de su débil mayoría parlamentaria. Luego volvemos a votar en abril del año pasado y, de nuevo, en noviembre.

La coalición entre PSOE y Unidas Podemos (UP) ha sido el detonante que ha posibilitado la obtención de una apurada mayoría parlamentaria. Las sesiones de investidura celebradas hace unos días mostraron una lamentable imagen de acoso y derribo por parte de una oposición que se niega a aceptar su derrota en las urnas. Su principal argumento de ataque tiene que ver con los partidos que han votado a favor de la investidura del extremista Pedro Sánchez y con aquellos que la han facilitado con su abstención. El resumen es sencillo: un gobierno radical arrodillado ante estalinistas, separatistas y terroristas. Es decir, un gobierno en manos de aquellos que quieren destruir España.

Para no extendernos mucho, vamos a recordar tres fechas. El 4 de marzo de 2016, Pedro Sánchez pierde su primera investidura. La mayoría en contra la conforman PP y Ciudadanos junto a los que hoy denominan estalinistas de Podemos e Izquierda Unida, los terroristas de Bildu y los separatistas de Esquerra Republica y los ex Convergencia i Unió. No hubo queja alguna en la confluencia de intereses. Hace menos de un año, el 13 de febrero, el congreso rechaza los presupuestos acordados por el PSOE y UP. Los 191 votos que provocan la caída del gobierno de Pedro Sánchez salen de PP y Ciudadanos, que adoptan una posición conjunta con ERC y PDeCat. Por si no fuera suficiente, el 25 de junio de 2019 no sale adelante la segunda investidura de Pedro Sánchez, tras el fracaso de las negociaciones entre socialistas y UP. En esta ocasión, PP y Ciudadanos no tuvieron problema en ganar la votación gracias al apoyo directo de JxCat y la abstención de UP, ERC y Bildu.

La sobreexcitación mostrada por las tres derechas estos días tiene otro punto de argumentación. Mantienen que se trata de un gobierno ilegítimo al apoyarse en unos acuerdos que el PSOE rechazaba en su campaña electoral. Los socialistas fueron a las elecciones buscando una mayoría parlamentaria que les permitiera gobernar en solitario y que no tuvieran que recurrir al apoyo de los partidos independentistas. El resultado en las urnas dejó claro el rechazo de los electores progresistas a la alternativa planteada por Pedro Sánchez. Su reacción fue inmediata y propuso la coalición que UP propugnaba. La negativa de PP y Cs a facilitar 13 abstenciones, que hubieran permitido el gobierno progresista sin que fuera indispensable la abstención de ERC, ha forzado la búsqueda del único gobierno posible en un entorno manifiestamente imposible.

Lo sorprendente es que PP, Vox y Ciudadanos han salido en defensa de los votantes socialistas, al considerar que han sido engañados por el PSOE en un evidente caso de fraude electoral que deslegitima el proceso democrático y les obliga a ellos a denunciar la tropelía e incluso a salir a las calles en defensa de los electores engañados. Este fin de semana se han hecho públicas diversas encuestas que echan por tierra semejante planteamiento. El sondeo del Instituto Invymark indica que el 98,7% de los votantes del PSOE y el 97,5% de los de UP valoran positivamente la investidura de Sánchez. Sin reproche alguno. En porcentajes casi de unanimidad, los electores progresistas creen que la unidad de España no corre peligro (93,6% del PSOE y 96,6% de UP); que no habrá ruptura de la Constitución (91,5% y 95,8%); valoran positivamente haber contado con la abstención de ERC y Bildu (88% y 89%); y que la situación económica se va a ver favorecida con el nuevo gobierno (92,3% y 95,8%).

La conclusión es más evidente. Los españoles progresistas han ganado las elecciones y no necesitan que los partidos de las tres derechas les defiendan de un fraude inexistente. Al altísimo grado de satisfacción de quienes respaldan al nuevo gobierno se une la exigencia de los retos a los que hay que hacer frente de inmediato, tras el período de parálisis que hemos vivido. Posiblemente, la urgencia es tan necesaria que el nuevo gobierno no pueda ni disponer de los cien días de gracia tradicionales. A cambio, viendo el alto grado de irritación, desasosiego y desequilibrio emocional que vive la oposición, quizá fuera aconsejable concederles a ellos esos cien de días de permisividad hasta que asuman lo que todavía no han podido entender. La democracia sigue su curso después de su derrota electoral. Dejémosles con tolerancia que lo asimilen.