¿Madrid olímpica? Apoyo decidido… desde un campo de minas
Es cada vez más habitual leer o escuchar una oposición frontal a los grandes acontecimientos, como la celebración de Juegos o la puja por ser sede de Exposiciones internacionales. La razón es que, en general, traen consigo inversiones desorbitadas que superan, con mucho, los presupuestos iniciales y son ejemplo de modelos de crecimiento especulativos e insostenibles. Repasemos algunos datos al respecto: Montreal 1976: 250 millones de dólares de presupuesto inicial, 1.600 de presupuesto final. Atenas 2004: 4.500 millones inicial, 10.800 final. Pekín 2008: 12.000 inicial, 30.500 final. Londres 2012: 5.000 inicial, 11.500 final.
¿Compensan? En todos los casos, las ciudades (y los países) se aprovecharon del tirón económico producido por la intensidad de las inversiones durante los seis años previos a su celebración: Pekín generó alrededor de 600.000 empleos, Londres alrededor de 200.000. Pero sufrieron las consecuencias del endeudamiento que lastró posteriormente su economía, en mayor medida cuanto más irracional fue el planteamiento. Montreal estuvo 20 años pagando la deuda comprometida. Atenas construyó 22 pabellones deportivos y hoy están abandonados 21 de ellos y con necesidad de serias reparaciones. Londres intentó curarse de ese mal construyendo instalaciones temporales, mucho más económicas, siempre que no hubiera un destino adjudicado para el edificio.
Barcelona 92 tuvo un presupuesto inicial de 1.000 mill de dólares, pero el final casi superó cinco veces esa cifra y se calcula que dejó una deuda de 6.000 mill de dólares. También en este caso la resaca consecuente, junto a la de la EXPO de Sevilla, otorgó una dimensión especial a la crisis del 93, en la que el desempleo alcanzó cotas del 24% y la corrupción se empezó a presentar como “moneda común”. Todo ello es indiscutible. Pero, 20 años más tarde, nadie duda que cambió enteramente la faz de Barcelona como ciudad moderna, algo que, desde entonces, ha capitalizado con creces. Por ello, los Juegos del 92 siempre han sido ejemplo de la capacidad transformadora de un entorno, en tanto que son excusa y justificación de cambios que en otras condiciones se hubieran demorado eternamente. Podríamos decir, incluso, que los Juegos de Barcelona fueron un ejemplo de la bondad de determinadas políticas públicas como impulsoras de la modernización de un país.
Pero, probablemente, también fueron lo contrario: un espejo que alimentó una competencia en obras faraónicas en las que participaron todas las grandes ciudades españolas. Una pugna que sirvió de bajada de bandera que incentivó la burbuja cuya explosión hoy sufrimos y que ha colocado a Madrid a la cabeza de ciudades endeudadas.
De lo anterior, se deducen unas pautas comunes a todos los Juegos, pero también diferencias apreciables entre ellos. También en la organización: Los Ángeles 84 descansó en una organización 100% privada y Atenas, 100% pública; Londres y Barcelona, presupuestos mixtos. Por eso, conviene no elevar a negativa abstracta la posición ante estos grandes acontecimientos. Mejor analizarlo en concreto. ¿Hay similitudes entre Barcelona 92 y Madrid 2020? ¿Qué diferencias podemos destacar de sus contextos políticos y económicos? ¿Hay garantías de que una candidatura como la de Madrid 2020, en caso de ser elegida, se va a gestionar con austeridad y transparencia?
Las preguntas anteriores obligan a comparar los diferentes contextos políticos. Cuando en 1986 se consiguen los Juegos (y posteriormente la Expo de Sevilla), ambas operaciones fueron concebidas como parte de un proyecto de modernización y orgullo nacional, en un contexto de una hegemonía absoluta del PSOE dirigido por un Felipe González como líder indiscutido. Entonces, el primer reto era “demostrar que lo podíamos hacer”; y el segundo, aprovechar su sede en Barcelona para fomentar la integración de Cataluña en un proyecto común con una inyección generosa desde el Estado. Su éxito en ese sentido fue evidente hasta convertirse en una pieza esencial de los consensos territoriales y sociales de la Transición, hoy dinamitados en todos los frentes.
Desgraciadamente, la gestión de la candidatura Madrid 2020 le corresponde a una alcaldesa no elegida, gestora de una ciudad con el mayor ratio de deuda por habitante, con un Gobierno autonómico especialmente sectario y salpicado por la corrupción, en un contexto económico e institucional de grave crisis nacional, con tensiones sociales y políticas y desafección institucional. Y lo más importante: los actos del 92 fueron la causa de una etapa de endeudamiento y el origen de múltiples procesos de corrupción. Pero hoy ambos fenómenos, endeudamiento y corrupción, forman ya parte de la recta de salida.
Tampoco debemos olvidar sus efectos sobre la tensión nacionalista con Catalunya. En un contexto de ajustes durísimos en todas las comunidades y especialmente allí, es obvio que dada la situación de insolvencia de Madrid, el altísimo esfuerzo inversor deberá ser respaldado integramente por el Gobierno de España. En ese contexto, los Juegos, si no se gestionan con la máxima prudencia y transparencia, pueden ser espoleta de nuevas tensiones.
Pero no todos son riesgos. La concesión de los Juegos de 2020 es también una oportunidad, una extraordinaria excusa, para sortear las argollas de los ajustes presupuestarios impuestos por la Troika. Una oportunidad, por tanto, para relajar el ajuste y complementarlo con medidas que faciliten el crecimiento. Porque, no lo olvidemos, que como programa de estímulo keynesiano, la organización de unos Juegos no tiene precio.
¿Nos gustaría más otro tipo de programa de estímulo? Sin duda. Basta decir que los 6.000 millones comprometidos representan alrededor del 130% del presupuesto destinado por la Comunidad de Madrid a Educación. Quisiéramos otro, pero probablemente no hay alternativa. Aprovechemos que el 80% de las instalaciones ya están realizadas para centrarnos en muchos otros aspectos tecnológicos, deportivos y de gestión que son parte de los programas necesarios para la modernización de España.
¿Creemos que estos gobiernos, los del consistorio, la comunidad y el de la nación, no serán capaces de desarrollarlo con transparencia, generosidad democrática y eficiencia? ¿Creemos que será utilizado de forma sectaria para continuar con sus políticas cerriles y privatizadoras? Pues cambiémosles en las próximas elecciones. E impongamos un nuevo Gobierno que minimice el boato y la propaganda, gestione con inteligencia y convierta los riesgos ciertamente existentes en oportunidades.
