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Tres meses de juicio al procés, y la sentencia en verano

Demostrar si hubo violencia en los hechos enjuiciados es el reto que afronta la Fiscalía. Si no lo logra, la acusación por rebelión no se sostendrá, y la sentencia sería mucho menos severa

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Oriol Junqueras en una imagen de archivo

El juicio al procés en el Tribunal Supremo está a punto de comenzar. Lo hará un martes, en breve. Probablemente, el martes 5 de febrero próximo. Celebrará sesiones de mañana y de tarde tres días por semana: martes, miércoles y jueves. La previsión es que dure unos tres meses, quizás algo menos. Probablemente concluya a finales de abril o primeros de mayo, pero la sentencia le llevará al tribunal su tiempo, casi tanto como la vista. En ningún caso habrá sentencia antes de las elecciones -en principio europeas, autonómicas y municipales- previstas para el domingo 26 de mayo. No se quiere que el fallo del tribunal, sea el que sea, influya en las urnas.

Fecha tentativa de la sentencia: en julio, quizás en la segunda quincena, ya metida media España en sus vacaciones veraniegas. ¿Habrá alguna absolución o solo condenas? Si condenas, ¿por delitos muy graves -rebelión, sedición-, por delitos menos graves -conspiración para la rebelión- o por delitos menores -desórdenes públicos, desobediencia-? Todo está por ver. "Quien crea que la sentencia ya está decidida e incluso escrita, antes de empezar la vista, está muy equivocado", comenta un jurista que conoce muy bien la causa. Y también: "La Fiscalía se enfrenta a un extraordinario reto probatorio".

Esta misma semana, el tribunal va a decidir algunas cuestiones relevantes. Entre ellas, fijar la fecha concreta del comienzo de la vista, para que de la mejor manera posible el Ministerio del Interior prepare y disponga con la Generalitat de Catalunya el desplazamiento de los procesados desde las cárceles catalanas donde se encuentran hasta prisiones cercanas Madrid, y determinar a qué testigos se llama y a cuáles no.

Hay una cierta expectación sobre si uno de los testigos convocados será Mariano Rajoy, presidente del Gobierno cuando en 2017 se produjeron los hechos que van a ser juzgados. Es muy probable que sí, que sea llamado. Se le cita varias veces en el escrito del fiscal, especialmente cuando éste relata los requerimientos que Rajoy le hizo al entonces president catalán, Carles Puigdemont, sobre si había o no había sido proclamada la República catalana. Es muy probable que también comparezca como testigo la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Y el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que se le preguntará si su departamento advirtió o no advirtió algunos movimientos en las cuentas de la Generalitat que acrediten si hubo o no hubo malversación. Hasta ahora, Montoro ha dicho que cree que no la hubo.

Entre los observadores e invitados al juicio, es posible que se vea al actual president catalán, Quim Torra, que ya ha anunciado que está barajando asistir para apoyar a los procesados, insistir en su inocencia e indefensión y pedir por enésima vez que se deje en libertad a los, según él, "presos políticos".

Expresidentes de la Generalitat -Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont- y del Parlament catalán -Joan Rigol, Ernest Benach y Nuria de Gispert- han firmado recientemente un comunicado en el que piden al Supremo que sustituya la prisión preventiva de los procesados por medidas alternativas "para que puedan llegar en plenas facultades a las sesiones del juicio". Los abogados de los procesados seguirán insistiendo en ello. Pero es muy improbable que el tribunal atienda esas peticiones salvo, quizás y más adelante, para alguno de los 12 procesados que se van a sentar en el banquillo, para aquel o aquellos que durante la vista vaya quedando claro que no fueron protagonistas centrales de los hechos, y solo laterales.

Si durante la instrucción de la causa el instructor, el magistrado Pablo Llarena, ha rechazado varias veces la petición de libertad de los que están en prisión provisional desde hace ya más de un año, es poco probable que la admita ahora el tribunal que los va a juzgar.

El tribunal lo componente siete magistrados: Manuel Marchena -el presidente-, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo y Ana Ferrer. Las prisiones preventivas se suelen justificar por tres razones: riesgo de fuga de los encausados, posibilidad de que vuelvan delinquir y destrucción de pruebas. Las dos últimas no preocupan al tribunal, no creen que exista riesgo de que se produjeran si quedaran libres. La primera, sí. En el alto tribunal creen que aún hay riesgo de fuga. No solo por el precedente de Puigdemont y del resto de dirigentes del procés que no van a sentarse en el banquillo porque se fueron fuera de España sino también porque en algunos de los procesados y en sus abogados se ha advertido una especie de continua "demonización" del Supremo, al que considerarían un tribunal desligitimado e incluso ilegítimo. Tan ilegítimo que se consideraría legítima defensa huir de él.

El juicio empezará examinando si ha habido o no durante la instrucción alguna vulneración de derechos fundamentales de los encausados. Seguirá con el interrogatorio de los procesados, que podrán negarse a contestar a alguna de las partes. Después, con el de los testigos. Por último se procederá a las pruebas periciales. Todo el juicio tendrá tele en directo. Incluso se ha barajado la posibilidad de que no haya solo algunas cámaras fijas con medios planos o planos generales de la sala sino también con primero planos... del tribunal. La idea es darle a la vista toda la transparencia posible.

El "extraordinario reto probatorio" que afronta la Fiscalía es, sobre todo, acerca de si hubo o no violencia en los hechos encausados. Si se demuestra su uso o su instrumentación, habría condenas por rebelión, con penas de cárcel muy altas, hasta de 25 años de prisión. Si no se demuestra, las penas pueden ser muy inferiores. La conspiración para la rebelión, que está en la zona media de la escala de gravedad de delitos que se citaba arriba, lleva penas de cárcel, pero muy inferiores: siete años y medio como máximo.

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