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Sin rebelión... ni República

El plan de Trapero destinaba un comisario para arrestar a cada miembro del Govern

Gemma Ubasart i Gonzàlez

El jueves fue un día intenso en el Tribunal Supremo. Aunque Josep Lluís Trapero no tenía obligación de declarar al estar pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, este lo hizo con rigor, precisión y extensión. El testimonio, hasta el momento, ha sido el más largo. Su lógica argumental no era nueva, le habían precedido los comisarios Manuel Castellví y Emili Quevedo. No hubo contradicciones, todos remaron hacia el mismo sitio. Eso sí, Trapero lo redondeó, le dio empaque al relato. Con sus declaraciones, los altos mandos de la policía catalana defendieron la honorabilidad y profesionalidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra. De sus palabras se desprendió sentido de Estado. Marcaron muy claramente la separación entre gobierno e institución.

Tres ideas importantes de la declaración del major. En primer lugar, dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que hizo la dirección política. Irresponsables fue la palabra utilizada. Según sus explicaciones, en la reunión celebrada el 27 de setiembre entre la cúpula de la policía catalana y Puigdemont, Junqueras y Forn se insistió en la necesidad de respetar la ley, el 1-O y no solo ese día: “Les emplazamos a cumplir la legalidad y las órdenes judiciales. Les dijimos que, evidentemente, nosotros las cumpliríamos, que no se equivocasen con nosotros”. En segundo lugar, explicó que no sentaron bien las declaraciones a prensa del conseller de Interior y el de Presidencia en la recta final del 1-O: “Les dijimos que no acompañábamos el proyecto independentista”. En tercer lugar, declaró que los Mossos desde el 25 de octubre tenían preparado un dispositivo para detener al president y a los miembros del Govern si así lo requería la autoridad judicial.

Duras declaraciones contra los políticos que estaban en la sala. Y para los que se encuentran en Bruselas, sobre todo para Puigdemont. Pero, paradójicamente en estos momentos, se trata del testimonio más valioso para desmontar el tipo penal de rebelión en el Tribunal Supremo y, posteriormente, en la Audiencia Nacional. Según este relato, la policía catalana no fue un instrumento al servicio del proyecto independentista y, por lo tanto, no hubo 17.000 hombres armados acompañando la declaración de independencia. Que se produjeron errores en la gestión de los días más convulsos de la historia reciente catalana, puede. De hecho, el propio Trapero lo reconoció. Pero que exista el componente de violencia, no parece.

El rapapolvo del major sobre los políticos, de todas maneras, no dista mucho de lo que están intentando sacar a la luz algunas defensas. Que hubo mucha construcción de discursiva pero poca materialidad. Así pues, más de un acusado ha repetido en la sala que el 1-O fue una gran jornada de movilización, una demostración de fuerza, una jornada puesta en pie por una enorme capacidad de autoorganización. Pero fue eso. Ni referéndum ni consulta. La DUI fue una declaración política, sin efectos jurídicos ni administrativos. No había nada preparado para el día después, como así se vio. Y siguiendo con el argumento, los Mossos d'Esquadra fueron Estado, cumplieron con las obligaciones legales que la Constitución, el Estatuto y varias leyes les han encomendado.

Mientras pasan los días, y se suceden declaraciones en el Tribunal Supremo, la rebelión se deshace como un terrón de azúcar en una taza de café. Pero también lo hace la República imaginaria de Torra. Quizá un buen punto de partida para re-comenzar.

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