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Las 13 'verdades' de las finanzas públicas de 2013

La evolución del déficit y de la deuda pública en el último ejercicio ponen en cuestión no solo la gestión del Gobierno del Partido Popular sino también el manejo de las estadísticas.

Montoro asegura que la financiación se debatirá con todos, no caben "unilateralidades"

El ministro Montoro está cuestionado por posible contabilidad creativa en las cuentas públicas.

1. Desde que Rajoy es presidente del Gobierno, con tanta contabilidad creativa por el lado de las partidas de ingresos fiscales (retraso de las devoluciones) como de gasto (cierre anticipado del presupuesto, operaciones one-off (que cuentan una sola vez como el déficit eléctrico, proveedores, rescate de autopistas), las cifras de déficit público han dejado de ser un indicador relevante para el seguimiento de las cuentas públicas. Es bien conocido que cuando se establecen objetivos sobre un indicador manipulable (otro ejemplo son las listas de espera en la sanidad), deja de ser representativo de lo que trata de medir. Por eso, para evaluar la situación de las cuentas públicas en la actualidad es más fiable analizar la evolución de la deuda pública (su manipulación es más difícil, al estar en manos de los inversores) y las garantías y avales que concede el Gobierno a diversos sectores económicos, que suponen un riesgo contingente para las cuentas públicas y, de hecho, subvencionan estas actividades. En concreto, la deuda pública ha crecido en casi 76.000 millones de euros en 2013, un 8,6% más que en 2012, y alrededor de 9.000 millones más que lo ha hecho el déficit en este mismo año, teniendo en cuenta que, además, el Tesoro ha reducido sus activos líquidos en 20.000  millones de euros entre principios y finales de año. El incremento de la deuda pública y de los avales ha tenido, en gran parte, tres grandes beneficiarios: constructoras, bancos y eléctricas.

2. La gestión de las finanzas públicas en 2013 viene a reafirmar el abultadísimo ritmo de crecimiento de la deuda pública que caracteriza al actual gobierno popular. En concreto, desde que Rajoy es presidente, la deuda pública ha crecido en 223.000 millones de euros y el reloj de la deuda lo hace en 215.000 euros por minuto. Casi 20.400 euros per cápita en 2013, frente a los 15.900 euros en 2011. Cada español debe 4.500 euros más que cuando empezó la legislatura.

3. Pero es más preocupante la sostenibilidad de dicho endeudamiento si tenemos en cuenta la evolución, en 2013, de algunos factores que explican la ratio deuda/PIB, que se añaden a este abultado nivel de partida. En concreto, un crecimiento nominal de la economía muy inferior a los tipos de interés a los que se financia el Tesoro y una lenta disminución del déficit primario. Esta lenta disminución del déficit primario se maquilla utilizando el concepto de saldo primario estructural, que pretende captar el saldo primario que tendrían las cuentas públicas españolas si la economía no estuviera en recesión.

4. De hecho, el Ministerio de Hacienda presume de un superávit primario estructural. Sin embargo, este superávit se basa en un cambio metodológico en su cálculo que implica que el output gap negativo de la economía española, es decir, la magnitud de la recesión, es del orden del 10%. Cuando el Partido Popular accedió al Gobierno este output gap negativo era del orden del 8% (de acuerdo con sus propios cálculos); es decir, este Gobierno ha acentuado la recesión ¿Cuántos años tendrán que pasar para que la economía salga de la recesión? Muchos años. Solo en ese momento el saldo primario será positivo y la deuda tendrá visos de comenzar a disminuir ¿Cuál será el nivel que alcance dicha deuda en ese momento? En definitiva, el cambio metodológico  implica el reconocimiento de más años de déficit  y por consiguiente un mayor volumen de deuda.

5. Los ciudadanos deben saber que el déficit del Gobierno Central (Administración General del Estado y Seguridad Social), en 2013, ha sido mayor que el de 2012 y mayor que el “heredado” en 2011, esto es el 5,5% actual, frente al 5,2% de entonces. Tanto recorte, tanta subida de impuestos –en más de 50 ocasiones-, para conseguir solo reducir el déficit de todas las Administraciones en 3.000 millones de euros.

6. Los ingresos tributarios de la Administración Central en 2013, antes de transferir lo que le corresponde a las Comunidades Autónomas, han sido prácticamente  los mismos que los de 2012, es decir, alrededor de 168.000 millones de euros, con una desviación sobre lo presupuestado de 9.000 millones de euros, y una nueva reducción de las bases imponibles de casi 21.000 millones de euros (desde que gobierna Rajoy las bases imponibles han mermado en 52.000 millones de euros).  

7. Si a la desviación presupuestaria anterior, 9.000 millones de euros, se le une la desviación sobre lo que presupuestó la Seguridad Social de 8.000 millones de euros, el Presupuesto de 2014 inicia su camino con una insuficiencia por el lado de los ingresos de 17.000 millones de euros.

8. La reducción de las bases imponibles y los modestos resultados en los ingresos tributarios tiene que ver, en parte, con la  política de lucha contra el fraude y la elusión fiscal del Gobierno y las consecuencias sobre la conciencia fiscal de los españoles.  Efectivamente, la política tributaria viene marcada  por el hecho de que acabar con el fraude no es una prioridad para el Gobierno como se ha puesto de manifiesto en reiterada ocasiones (amnistía fiscal, escándalos en la Agencia Tributaria, reducción de medios humanos y materiales, etc), tanto es así que los resultados en la lucha contra el fraude se han reducido en 2013 en un 9%.

9. El ajuste en 2013 lo asumen las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, responsables del gasto educativo y sanitario. Es “curioso” que los ayuntamientos, a los que quieren privar de servicios sociales para hacer frente a la pobreza, sean los que estén salvando la cara a Montoro y Rajoy, al haber conseguido superávit y compensar en parte el déficit de la Administración General del Estado. Es también “curioso” que estas administraciones mantengan recargos extraordinarios en varios impuestos (IBI, etc.) cuando registran superávits en sus cuentas y su deuda conjunta es asumible.

10. En el cuarto trimestre de 2013 los consumos intermedios del conjunto de administraciones públicas, se han reducido en casi 3.700 millones de euros si lo comparamos con el mismo periodo de 2012; gasto que se ha  deslizado al año 2014. Ese diferimiento de los consumos intermedios explicaría que el déficit no se hubiera situado en torno al 7% tal y como habían señalado la mayoría de institutos de análisis económico. ¿Qué se inventará el año que viene Montoro para alcanzar los objetivos de déficit? ¿Qué herencia oculta dejará a su sucesor? ¿Aflorará gasto en los años pasados cuando se produzca un cambio de ministro o volverá a dejarnos antes en evidencia Eurostat y nos obligará a revisar los datos?

11.  La evolución de la finanzas de la Seguridad Social en 2013, en parte producto de la política económica del Gobierno,  ha provocado que se haya reducido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en más de 9.200 millones de euros. De forma que, en conjunto, el Fondo se ha reducido desde 2011 en 13.000 millones de euros, pasando de una dotación del Fondo de 66.815 millones de euros en 2011 a los 53.444 millones de euros existentes en el pasado año.

12.  La leve reducción del déficit público en 2013 del conjunto de administraciones públicas se explica en gran parte por el incremento de la presión fiscal indirecta (que crece un 0,54 puntos de PIB) y que soportan  en mayor medida las rentas medias y bajas. Por ejemplo, el tipo medio del IVA se ha situado en el 15,5%, con un incremento en 2013 del 14,5%.

13.  Dicha reducción  también se explica por la  disminución de la  inversión pública (aminorando su peso en el PIB  hasta el 1,48%) situándose en niveles más bajos que el consumo de capital fijo, es decir, los recursos necesarios para que no se deprecie el capital público. Por tanto, no solo no reforzamos uno de los pilares de la productividad de la economía, las infraestructuras, si no que se permite  que se deterioren. El hacer recaer el ajuste fiscal en esta partida, en la inversión en I+D y en la educación no permiten vislumbrar un crecimiento potencial de la economía que garantice la creación de empleo de calidad y la sostenibilidad de las cuentas públicas salvo que se adelgacen todavía en mayor medida los sistemas de protección social.

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