Aunque ha habido avances en el reconocimiento de los derechos indígenas (las Constituciones de numerosos Estados americanos recogen su protección), estas comunidades siguen encontrando muchas barreras sociales, políticas y económicas a su bienestar y a su existencia misma.
Colombia, un país inmerso en un proceso de paz que puede poner fin a un largo conflicto armado, es un ejemplo de como la población indígena ha sido uno de los grupos más afectados por la violencia. Solo en 2015, la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) registró 35 homicidios y 3.481 desplazamientos forzados.ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) La situación de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, muchas de las cuales hacían campaña por el reconocimiento de sus derechos territoriales, era particularmente grave.
En este país, donde se han identificado hasta 85 pueblos indígenas -102, según datos de la ONIC- y en el que la población indígena suma casi 1,4 millones, un 3,4% de la total; el desplazamiento forzado y la apropiación indebida de tierra han sido un elemento distintivo del conflicto. Más del 10% de la población desplazada procede de comunidades indígenas o afrodescendientes y un total de 32 grupos étnicos se encuentran en riesgo de desaparición.
El conflicto no es la única causa: los macro proyectos económicos de multinacionales interesadas en sacar rentabilidad a la extraordinaria riqueza de sus tierras, con el consentimiento del Estado, están desplazando a muchas comunidades. Y es que en torno a la tercera parte de los pueblos indígenas de Colombia no viven en resguardos (reservas indígenas) y no gozan del reconocimiento oficial de sus derechos colectivos a la tierra, por lo que son especialmente vulnerables a sufrir desplazamiento forzado.
Resulta vital respetar su derecho a no ser sacados de sus tierras ancestrales sin su consentimiento libre, previo e informado (uno de los derechos básicos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Este consentimiento también debe obtenerse para los proyectos de desarrollo económico de sus tierras ancestrales y, al contrario de lo que sucede en numerosas ocasiones, debe otorgarse libremente sin que existan amenazas o coacciones.
Atrapados en el conflicto
Al desplazamiento forzado se suman otros terribles riesgos a los que se enfrentan las comunidades indígenas: homicidios, secuestros, desapariciones forzadas y amenazas, tanto individuales como colectivas son algunos de ellos. Los responsables de estas violaciones y abusos de los derechos humanos, ya sean miembros de grupos guerrilleros, de las fuerzas de seguridad o paramilitares, en contadas ocasiones son llevados ante los tribunales de justicia para ser juzgados.
Otra de las graves consecuencias del conflicto para los indígenas son las restricciones en su libertad de circulación, siendo confinados en sus localidades y provocando el aislamiento de comunidades enteras, sin acceso a alimentos ni medicinas. Este confinamiento se ha debido también a la presencia de minas terrestres colocadas por grupos armados en los alrededores.
Muchas escuelas han sido ocupadas y utilizadas como bases militares, mientras que los profesores siguen expuestos a sufrir agresiones físicas, limitando a las comunidades el acceso a la educación. El conflicto también ha afectado al acceso a las zonas de caza y pesca, provocando el aumento del índice de malnutrición entre la población indígenas.
¿Se están restituyendo las tierras indígenas?
La Corte Constitucional de Colombia ha afirmado repetidamente el derecho a la restitución de tierras, vivienda y bienes de quienes han tenido que abandonar sus tierras o cuyas tierras o viviendas han sido adquiridas por la fuerza, y ha instado al gobierno a prestar especial atención a las comunidades indígenas desplazadas.
En 2011 fue aprobada la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Más de cuatro años después de iniciarse el proceso, en virtud de esta Ley y de otros dos decretos (4633, para los pueblos indígenas y 4635, para las comunidades afrodescendientes), sólo dos territorios indígenas, habían sido objeto de una sentencia de restitución de tierras. Son las 50.000 hectáreas del resguardo embera katío de Alto Andágueda, y las 3.157 hectáreas del resguardo embera de Dóbida Dogibi, ambas en el departamento del Chocó.
Además, y aunque la Ley supone un importe paso, algunos de sus aspectos y su aplicación pueden en realidad facilitar que quienes están en posesión de tierras adquiridas ilegalmente consigan la tenencia legal sobre ellas.
Los actores armados no son los únicos que participan en el desplazamiento forzado y el acaparamiento de las tierras de las comunidades indígenas en Colombia. La restitución sostenible de tierras sólo será posible si las autoridades reconocen y abordan el papel desempeñado por los intereses económicos en gran escala –especialmente el sector extractivo, el maderero, los monocultivos tales como los agrocombustibles, y el narcotráfico–, que contribuyen a la adquisición ilegal de tierra y se benefician de ella.
En el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” es necesario recordar al gobierno de Colombia que tendrá que implementar medidas efectivas para la protección de estos pueblos, así como para que las comunidades indígenas puedan retornar a sus tierras y permanecer en ellas a largo plazo de manera sostenible. Sin la participación de las propias comunidades en este proceso, que debe tener en cuenta las normas internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esto no será posible.
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