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La retórica vacía de las políticas de igualdad

Son muchas las estrategias usadas por el poder para adueñarse de los  discursos rompedores, con ideología transformadora o que denuncian las injusticias sociales. Las  personas que trabajamos en visibilizar las constantes vulneraciones de los derechos humanos las conocemos sobradamente. Y es que el poder tiene el arte de nombrar determinadas cuestiones para ocultar otras. Nombrar para hacer invisible. Esta es la paradoja que vivimos día a día ante la retórica vacía de las políticas de la  igualdad que muchas administraciones quieren vendernos.

Las personas feministas asistimos atónitas a un discurso que no rompe en ningún momento el binarismo, un discurso que etiqueta lo que es y lo que  no es feminismo y que desde la "defensa de la igualdad" sigue promoviendo leyes que nos hacen día a día más desiguales.

Después del 25 de noviembre, estamos hartas de manifiestos cargados de buenas frases que proclaman la igualdad de hombres y mujeres, de la victimización y el paternalismo con el que nos tratan y de acciones puntuales y buenistas que no ponen en cuestión, en ningún momento, la verdadera esencia del problema.

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14 años después ¿por fin se cumplirá la ley? Entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad

El pasado 27 de octubre Unidos Podemos presentó en el Senado una moción solicitando la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Allí estábamos nosotros, la APDHA, junto con representantes de asociaciones de profesionales de la medicina como la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) o la Organización Médica Colegial de España (OMC) en la tribuna de invitados. Para todos nosotros la aprobación de esa PNL era importante porque llevábamos mucho tiempo defendiendo la importancia que esto tenía tanto para las personas presas como para los médicos que trabajan en los centros penitenciarios.

Justamente la transferencia de las competencias penitenciarias a las comunidades autónomas supone una de las acciones precisas para que mejore la asistencia médica de la población encarcelada y así lo hemos dicho en nuestro informe ─ La salud robada entre cuatro muros. La isla de la sanidad penitenciaria─ donde se recoge el trabajo realizado por esta asociación durante años.

Ante nuestra sorpresa, esta moción fue votada por unanimidad. Todos los senadores de todos los partidos políticos la apoyaron, consiguiendo así 251 votos a favor. La propuesta defendida por la APDHA en su último informe de sanidad se veía así ratificada por el Senado en pleno. Tras la indudable alegría inicial sobrevino una mezcla de extrañeza y preocupación. Estábamos contentos, eso era indudable. Pero ¿por qué estábamos contentos? ¿Porque los senadores habían dicho que iban a pedir al Ejecutivo que cumpliera la ley tras 12 años de espera? No parece mucho. Y se puede pensar ¿cómo están pidiendo hoy que se cumpla algo que los Ejecutivos – tanto del PP como del PSOE ─ debían haber cumplido hace doce años? Sin duda suena extraño. Trataremos de explicarlo.

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¿Qué quieres que te diga? ¿Que te paro porque eres negro?

Imagen de la portada del estudio 'Identificaciones basadas en perfil étnico en Granada', realizado mediante observación y entrevistas directas

Un informe realizado por APDHA, en colaboración con IPAZ-UGR, confirma lo que muchos sospechábamos: determinadas minorías étnicas sufren desproporcionalmente más identificaciones por la parte de la policía que la población mayoritaria.

¿Qué dicen las cifras siguiendo el estudio llevado a cabo en la estación de autobuses de Granada? Que a las personas con piel negra se las identifica hasta 42 veces más que a las de piel blanca y de rasgos caucásicos; a la población gitana hasta 12 veces más que a la mayoritaria; la magrebí hasta 10 veces más y la latinoamericana hasta 8 veces más que a la población caucásica.

Pero, ¿qué hay detrás de esos números? Nos encontramos a Cheikh, de piel negra, que perdió sus papeles al quedarse sin trabajo y no poder renovar su tarjeta de residencia y que tiene miedo de ir a Correos a enviar dinero a su familia por si le detienen. Y a Omar, con rasgos bereberes, al que, aunque sí que tiene papeles, le identifican una y otra vez cuando va a jugar al fútbol los jueves por la tarde con sus compañeros o cuando conduce. Leopoldo nos cuenta que la policía lo para siempre a él, y no a sus amigos sin rasgos indígenas. Y György está cansado de que lo identifiquen permanentemente por ser de origen Roma (gitano de Europa del Este). Pero también a Thioro, que tenía ya fecha de boda con su pareja, y al que identificaron, enviaron a un CIE y en 15 días se encontró en Senegal. La lista es interminable.

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Refugiados invisibles de un conflicto silenciado: Yemen

La realidad en Yemen es una cruda realidad. El país situado al sur de la Península Arábiga es el más empobrecido de Oriente Medio, con una renta per cápita quince veces menor que la de sus vecinos Arabia Saudí y Omán, según datos del Banco Mundial. Yemen está sufriendo una sangrienta guerra desde hace un año y medio. Injusta y lamentablemente, este conflicto ha sido invisibilizado por los medios de comunicación de casi todo el mundo. Por esta razón, en las redes sociales se le ha atribuido la denominación de #GuerraSilenciada. 

Pero últimamente, los grupos de comunicación convencionales están dando más visibilidad a la guerra en Yemen. Estos medios se han hecho eco del suceso acaecido el pasado 8 de octubre, cuando la coalición liderada por Arabia Saudí bombardeó una ceremonia fúnebre en la capital Saná (donde habrían concurrido varios dirigentes houthis), que quitó la vida a casi 150 personas y dejó más de 500 heridos.

Estas cifras son muy preocupantes en un país donde esta misma coalición, que persistentemente viola el Derecho Internacional Humanitario, ha destruido numerosos hospitales, dejando sin asistencia sanitaria a una población civil en grave situación de vulnerabilidad. Así, Médicos Sin Fronteras ha denunciado todos los ataques a sus hospitales y centros de salud. Por si esto fuera poco, como consecuencia del bloqueo marítimo y aéreo impuesto por Arabia Saudí, se ha generado una crisis humanitaria de tal magnitud que  ha sido calificada como una de las más graves del mundo por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

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Ya nos han preguntado sobre la Feria, ¿para cuándo un referéndum sobre la pobreza?

El Vacie

La  Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que se hizo pública en mayo de este año deja algunos datos demoledores: Andalucía (35´7%) es la comunidad con la tasa de riesgo de pobreza más altas del Estado, frente a Navarra (9,6%), País Vasco (10,9%) y Cataluña (13,9%). Más de la mitad de la población infantil andaluza esté en riesgo de pobreza. Los ingresos medios anuales por persona en Andalucía son 7.924 euros, superando solamente por 18 euros a los de la comunidad con menos ingresos y lejos de los 10.419 de media estatal y más lejos aún de los 13.836 de el País Vasco o los 13.300 de Navarra.

No es casualidad que el  INE nos recuerde que entre los cinco municipios más pobres del Estado español tres sean andaluces. No es casualidad que el barrio sevillano de Los Pajaritos (Tres Barrios-Amate) sea el barrio más pobre del país y no es casualidad que de los trece más pobres, siete sean también sevillanos. Y todo esto a pesar de que  varios representantes políticos, a finales del pasado año, firmaron un decálogo de propósitos en el que incluían cuestiones de bienestar social, empleo, vivienda, educación, economía, igualdad y participación, según EAPN-A.

La modificación del artículo 135 de la Constitución Española que, en el verano de 2011, pactaron PP y PSOE por exigencias de la Unión Europea y a espaldas de la ciudadanía, consagró la obligación de atender el pago de la deuda y contener el déficit por encima de cualquier otro gasto, incluidos los de carácter social.  Y cuando las políticas y los recursos públicos van encaminadas a satisfacer los intereses de las grandes empresas y las necesidades de la banca, en detrimento de la población, no es casualidad que los estudios den los resultados antes mencionados.

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Islamofobia y género

Tres menores, una de ellas con un 'hiyab', acuden a su centro educativo

Es un hecho común, transversal en todas las culturas a lo largo de la Historia, que se suela asignar a las mujeres el papel de preservadoras de las esencias de la tradición, la moral y los principios religiosos, “honor” respecto del cual en la mayoría de las ocasiones no han sido consultadas acerca de su interés en ostentarlo. García Lorca expuso de forma magistral esta realidad en La Casa de Bernarda Alba; la genialidad del autor andaluz permite que ese retrato pueda tener una validez atemporal y universal.

Vivimos en Europa unos tiempos convulsos, donde la mezcla irresponsable desde algunas instancias mediático-políticas de terrorismo, migraciones, consecuencias de la crisis y creencias religiosas ha abonado un preocupante crecimiento de la islamofobia en sectores de la población europea. Esta situación ha puesto de forma singular en el punto de mira a las mujeres musulmanas de nuestro continente, en el señalado papel que se les impone de referente visible de los “valores islámicos”. En ocasiones se pueden ver presionadas desde su propia comunidad para ser punta de lanza de una posible “reacción identitaria” ante lo que se interpretan como ataques a la religión musulmana, y al mismo tiempo son diana de las iras populistas de la ultraderecha europea a cuenta de esa especial visibilidad.

Centrándonos en el segundo aspecto, en las últimas semanas han tenido lugar dos acontecimientos que nos deberían mover a la reflexión. Por una parte, el intento de prohibición del uso del conocido como “burkini” en algunos municipios costeros franceses. Llama la atención que en este tipo de polémicas recurrentemente sea la mujer, su cuerpo y vestimenta el centro del debate, ni siquiera la ínclita Marie Le Pen ha cuestionado la pertinencia de que los hombres musulmanes puedan vestir chilaba en la playa. Quizás sea porque en su condición de varones los hombres musulmanes no se les considera ni interna ni externamente guardianes de la tradición, y por ello no es motivo de escándalo en su comunidad que un estricto seguidor de los preceptos de Mahoma use traje de baño “occidental”, ni para el resto de la sociedad sea intolerable que vaya ataviado con chilaba a la playa. Y casi de surrealismo cínico se podría calificar el discurso que defiende que imponer multas por vestir burkini sea un instrumento útil en defensa de los derechos de las mujeres musulmanas.

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¿Qué sucede en la cárcel de Morón (Sevilla II)?

El centro penitenciario Sevilla II / Imagen: Ministerio del Interior

“Le golpearon con una barra de defensa que tienen los funcionarios, en un cuartillo del Departamento de Aislamiento. Otro día le tiraron y pisaron la cara. Los funcionarios (…) le pegaron puñetazos y el resto tortazos a pesar de que no opuso resistencia”.

“Sin mediar ningún tipo de explicación los dos funcionarios condujeron a la persona presa hasta el cuartillo del equipo técnico, donde no hay cámaras de seguridad en el interior, y comenzaron a propinarle puñetazos en el tórax y a darle fuertes golpes con un palo en su pierna derecha, todo ello con un fuerte ensañamiento y con amenazas de muerte como se le ocurriese denunciar la agresión”.

Sí, ha leído bien. Estamos hablando de funcionarios de prisiones y de personas presas. Estamos hablando de torturas y malos tratos en las cárceles españolas. Exactamente de dos casos de malos tratos sucedidos en el Centro Penitenciario de Sevilla II, el primero en el mes de abril y el segundo el pasado mes de junio. Estos son dos de los muchos casos que desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hemos denunciado recientemente al Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT).

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El trabajo sexual después de los 65 años

Cuando hablamos de prostitución nos llega la imagen de una mujer muy joven, de origen extranjero y rasgos exóticos, situada generalmente en un contexto de pobreza y engaño. Esta es la imagen que da forma a ese perfil con el que identificamos al conjunto de personas que se encuentran ejerciendo el trabajo sexual. Son una serie de patrones e ideas preconcebidas que, sin necesidad de haber tenido nunca contacto con una realidad concreta, nos permite, como si de un colador social se tratase, identificar a una persona como parte de un grupo y juzgarla.

Estos estereotipos no sólo sirven como referente simplificador para analizar la realidad, sino que determinarán las respuestas que la sociedad da a la misma. La prostitución identificada como lo opuesto a la mujer honrada, libre y sana obtiene de la sociedad respuestas filtradas por ese mismo estereotipo: ayudas para la reinserción, ayudas para las víctimas, ayudas para prevenir ITS... ¿Pero qué pasa cuando una mujer se dedica toda una vida a desempeñar esta profesión por decisión propia?

La historia de Pepi guarda relación con la historia de muchas mujeres. Muy joven se casó y tuvo hijos, cumpliendo de esta forma con las expectativas que de ella se esperaba. Su matrimonio pronto se manifestó como como una relación de abusos y malos tratos insostenible y decidió abandonar a su marido. Madre sola y sin recursos, no se le presentaba una vida fácil. Dispuesta a buscar trabajo choca con un mercado laboral en el que no hay cabida para mujeres como ella (sin estudios, sin experiencia, sin … ). El servicio doméstico y los cuidados se le presentan como una posible vía (y quizás la única) para salir adelante, pero los bajos salarios y la total falta de derechos en este sector no dan más que para subsistir dentro del mismo círculo vicioso entre la precariedad y la falta de alternativas.

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El primer aniversario de la Ley Mordaza, ojalá el último

El pasado 1 de julio se cumplió el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, llamada oficialmente, Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana pero conocida por todos como Ley Mordaza.

Trece años después de la Ley Corcuera de la patada en la puerta, la Ley Mordaza se convertía en una vuelta de tuerca más en la deriva represiva de la normativa que bajo la nomenclatura de protección de la seguridad ciudadana se ha convertido en el eje de la supresión de libertades democráticas y derechos fundamentales.

Este año ha confirmado los peores augurios sobre la aplicación de este texto. Las cifras de las que disponemos hasta abril de 2016 son bastante explícitas: más de 30.000 expedientes abiertos por faltas de respeto a las fuerzas de seguridad, desobediencia o resistencia a la autoridad, de los cuales un 75% de los casos ha concluido con una resolución sancionatoria.

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¡Qué fácil y qué miserable es cortar el agua a quien no puede pagarla!

Resulta del todo absurdo tener que justificar en 2016 que el agua es un elemento indispensable para la vida de las personas. Nadie pone en duda el derecho humano al agua y al saneamiento. Pero la realidad tozuda es que en distintas ciudades y pueblos de nuestra Andalucía existen viviendas sin agua y sin saneamiento en las que malviven, en la mayoría de los casos, personas excluidas con una realidad económica penosa y a las que las distintas administraciones llevan años y años dando la espalda e incluso, en algunos casos, acosando y hostigando de forma inhumana.

Desde distintas instancias y desde distintas administraciones se reconoce formalmente el derecho al agua: el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas: "Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos…".  En septiembre de 2015 el pleno de la Eurocámara  respaldó la iniciativa ciudadana  Right2Water en la que "se invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para la implementación del  derecho humano al agua y al saneamiento" tal como era reconocido por la ONU cinco años antes. Esta iniciativa se trasladó a España  a través del Pacto Social por el Agua ( #iniciativagua2015) a la que se sumaron más de 300 organizaciones sociales de distintos tipos y que ha ido llegando y ha sido aprobada por diferentes ayuntamientos.

En octubre de 2015 el Parlamento de Andalucía aprobó una moción que defendía el acceso al agua como un derecho humano en la que se incluía prohibir los cortes y garantizar un mínimo vital de 100 litros por persona y día.   Dos meses después el Defensor del Pueblo Andaluz presentó en el Parlamento un Informe Especia "Servicio de suministros de agua, garantías y derechos". Dicho Informe termina con "Recomendaciones y sugerencias2, entre ellas la número 11: " Que se modifique la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, para incluir un reconocimiento explícito del derecho humano al agua que incluya el derecho de los andaluces a no verse privados del suministro de agua por razones económicas y a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera".

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