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Volviendo al pasado: la cadena perpetua revisable

En el año 2015, el Gobierno del Partido Popular realizó una de las reformas más duras del Código Penal de nuestra historia. Bajo la denominación «prisión permanente revisable» el Ministerio que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón reintrodujo la cadena perpetua: una medida que, como recuerda en un excelente artículo Xabier Etxebarria, desapareció de nuestro ordenamiento jurídico en 1928, casi al final de la dictadura de Primo de Rivera. Por eso no es nada extraño que haya sido el propio Ruiz-Gallardón quien haya afirmado desde la Fundación FAES que «se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología». La campaña que ha puesto en marcha el Partido Popular para pedir la no derogación de la cadena perpetua a través de mociones en todos los Ayuntamientos del Estado le da la razón al exministro de Justicia: se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología.

En el mismo año en que se realizó la reforma del Código Penal desde APDHA lanzamos la  campaña #NoALaPerpetua a la que ya se han sumado más de cien colectivos. Dentro de esta, una de las últimas acciones que hemos llevado a cabo ha sido oponernos en todos los Ayuntamientos de Andalucía a las mociones presentadas por el Partido Popular. Lo hemos hecho interviniendo en el mismo Pleno, como ha sido el caso de Córdoba, donde se aprobó una moción para pedir la derogación de la prisión permanente revisable. Sin embargo, cuando la participación directa no ha sido posible hemos remitido nuestro argumentario a todas las agrupaciones municipales.

En Cádiz se ha conseguido que en los Ayuntamientos de la capital de la provincia, San Fernando, Chiclana, Barbate, Bornos, Medina y Conil se hayan derogado las mociones del grupo popular. Lo mismo ha ocurrido en Sevilla. También en Huelva. En Atarfe y Granada tampoco se aprobó la propuesta del Partido Popular, aunque en este último consistorio se llegó a votar hasta en dos ocasiones debido a la abstención de una concejala de la agrupación Vamos Granada. Incluso el Parlamento andaluz ha mostrado su rechazo.

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Respuestas y responsabilidades ante las agresiones en el trabajo sexual

Manifestación de prostitutas bajo el lema 'Madrid me multa', el 15 de febrero de 2014. Fotografía de Johannes Mahn.

Una violación a una prostituta es una violación, sin matices, y sin matices ni condicionantes deben ser las respuestas ante cualquier agresión sufrida por una prostituta. Y es que como afirma Sonia Verstappen, ex trabajadora sexual y activista de UTSOPI, "las prostitutas son mujeres como cualquier otra y nuestros clientes son hombres como cualquier otro". Pero para  establecer los  medios que permitan prevenir cualquier tipo de agresión en este ámbito y asumir responsabilidades hay que atender a que el trabajo sexual no es un trabajo cualquiera.

En España, a quienes trabajan en la prostitución se les niega la condición de trabajadora o trabajador, no tienen ningún derecho laboral reconocido. Es más, cuando hablamos de mujeres que se dedican a la prostitución les negamos automáticamente cualquier capacidad de autonomía y, sin atender a sus circunstancias personales, o condiciones en que la ejercen, caen bajo la condición de víctima (de explotación sexual si son nacionales, de trata para la mayoría de las migrantes).

No parece existir en nuestro país espacio ni lugar en el que sea legítimo exigir medidas y condiciones específicas que atiendan a las necesidades de su actividad laboral. Como dice Gail Pheterson (El Prisma de la Prostitución, 2000), "la prostitución funciona en gran medida a modo de prisma, ya que desvía la atención, desarticula la comprensión, deforma la realidad", y es que cuando queremos hablar de derechos y necesidades en la prostitución, nos responden "violencia, explotación sexual y trata de seres humanos".

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Ahed Tamimi y Donald Trump: dos polos que definen la deriva del mundo presente

La causa palestina es uno de los escenarios que más relevancia y análisis político han generado durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Palestina se ha convertido en un laboratorio de experimentación con población real para la creación y puesta a punto de lo que luego se convierten en productos de índole militar, securitario, estrategias geopolíticas y métodos de control psicológico y social.

Y es que la población palestina no deja de sorprender por su resistencia y persistencia en las estrategias para encontrar caminos que eviten su total desaparición. En el polo opuesto vemos cómo Israel y sus apoyos internacionales (fundamentalmente EEUU, pero también muchos otros países más que conforman la fútil Asamblea de Naciones Unidas) siguen demostrando su habilidad para exprimir las posibilidades que este contexto ofrece a sus propios intereses.

Prueba de ello ha sido el reconocimiento realizado por Donald Trump de Jerusalén como capital del Estado de Israel, a través del anuncio,  el pasado 6 de diciembre, del traslado de la embajada estadounidense a la ciudad. Tal declaración ha hecho correr ríos de tinta sobre las consecuencias que este gesto provocará en la situación palestina. Muchos de estos análisis pasan por alto que la realidad de las personas palestinas difícilmente puede deteriorarse más en la práctica, ya que la mayoría de estas personas ni siquiera puede acceder a Jerusalén.

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Instituciones Penitenciarias hace oídos sordos

Llevaba sin tomar un tratamiento de vital importancia para su salud al menos 5 años, por problemas diversos y no concretos. Al no entendernos por su deficiencia auditiva, aviso al sr. jefe de centro, D. Juan, quien me ayuda de intérprete y gracias al mismo consigo explicar la necesidad de iniciar su tratamiento. A fecha de hoy, el resultado clínico del tratamiento es espectacular” (servicios médicos de un centro penitenciario).

Si Antonio hubiese estado en la calle, esto no hubiese ocurrido. Carmen, su hermana, le hubiese explicado, mediante lengua de signos, que si no se toma el tratamiento prescrito por el médico, nunca se podrá curar. "Antonio ha sido sancionado a permanecer un fin de semana en aislamiento en celda", nos cuenta Carmen desesperada. Al parecer, hubo una orden de un funcionario y no la cumplió. Los hechos se encuadran en una falta grave prevista en el artículo 108 D) del Reglamento Penitenciario. Pero Antonio es sordo, Antonio no oyó la orden.

Cuando alguien atraviesa los muros de la prisión, se despoja de su identidad para pasar a ser sujeto tutelado por la Administración Penitenciaria bajo una relación llamada de especial sujeción donde una de las partes, la persona, se encuentra subordinada a la otra parte, la Administración, durante toda la condena con la obligación de cumplir con el estricto régimen penitenciario, bajo amenaza de sanción y con el "derecho" de formar parte de un tratamiento penitenciario cuyo objetivo es la reinserción social (artículo 25.2 CE).

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Día Internacional de los Derechos Humanos, día internacional de su incumplimiento

Durante los últimos meses hemos asistido a un periodo convulso y complicado desde el punto de vista político. Todo se ha visto inundado por el conflicto en Cataluña y en numerosas ocasiones ha parecido que no hubiera otro problema, ni otro conflicto, que no fuera ese. Sin embargo, la realidad cotidiana nos recuerda que no es así. Ni mucho menos. La crisis económica sigue presente para muchas personas a pesar de que también se haya intentado vender a bombo y platillo que estamos saliendo, que hemos salido de hecho, de ella. Efectivamente, las grandes cifras macroeconómicas quieren llevarnos en esa dirección. También el crecimiento de los beneficios del gran capital, de las grandes empresas, ejecutivos e inversores que han visto multiplicar sus ganancias.

La realidad, de nuevo, aparece aún más cruda: España es el tercer país donde más ha crecido el riesgo de pobreza desde 2008. Estamos en un 29% de la población. ¡Casi el 30% de la ciudadanía! ¡Veintinueve de cada cien personas se encuentra en riesgo de pobreza! La crisis, como advertíamos hace tiempo, no es más que una excusa, una estrategia incluso, para cambiar el estado de las cosas, para recolocar, reubicar, para garantizar una mayor acumulación de la riqueza a costa de una mayor desigualdad, injusticia y sufrimiento de unas mayorías que ven no solo empeorar su situación, sino también como pierden derechos. Ya sabemos que no recuperaremos al menos 40.000 millones de euros de dinero público empleado en el rescate bancario. Mientras, solo en el primer trimestre de 2017 se produjeron más de 17.000 desahucios, un 2,2% más que el año anterior, detrás de los cuales hay casos realmente dramáticos desde el punto de vista humano.

La doctrina del shock de Naomi Klein parece de nuevo cumplirse. Los efectos traumáticos de la crisis han dado lugar a recortes sin precedentes que no fueron aceptados sin más por amplios sectores de la población que sí se movilizaron (aunque puede que no lo suficiente). Mientras, parecía que no hubiera otra alternativa que no fuera la dictada por “los mercados” y la tecnocracia, que lo vestía todo con un manto de tecnicidad (incluso de cientificidad) que bloqueaba casi cualquier tipo de respuesta. Y sin embargo, las protestas se sucedieron, del 15M o Rodea el Congreso a las mareas, pasando por innumerables actos y campañas locales y sectoriales. La respuesta fue clara: la Ley Mordaza y un mayor índice de presión y represión de la protesta social y de la crítica, incluida la digital, vertida en internet, medios de comunicación, redes sociales, la música o el teatro.

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¿Para qué sirven los CIE? Para nada

Iimagen de la campaña de APDHA #LibreDeCIE

Las políticas migratorias desarrolladas en los últimos 25 años por la Unión Europea, y de las que España se ha significado como uno de sus máximos representantes, han generado unas altas dosis de dolor y sufrimiento.  Las más de 6.000 personas muertas tratando de entrar en España en este período, tal y como ha documentado la APDHA, son la punta del iceberg de las durísimas condiciones a las que se somete a la persona migrante.

Desde el punto de vista jurídico, esta política migratoria ha generado situaciones de graves vulneraciones. Es el caso, por ejemplo, de las devoluciones en caliente, por las que España, recientemente, ha recibido la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No obstante, la principal representación de estas políticas migratorias inhumanas y deshumanizantes son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El internamiento de personas extranjeras es, en sí mismo, una aberración jurídica. La privación de libertad, que es la sanción más grave que contiene un ordenamiento jurídico democrático, se utiliza como instrumento de la política migratoria no ya para sancionar una conducta sino para garantizar el cumplimiento de una sanción administrativa como es la expulsión.

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Nuestras otras ciudades: invisibles, abandonadas y ninguneadas

Hace tres semanas, con motivo del día internacional para la erradicación de la pobreza, EAPN presentó el informe El Estado de la Pobreza. España 2017 VII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión”. Merece la pena leerlo y poder ver una radiografía actual del impacto de la pobreza y la exclusión social, poder comprobar que hay informes que nos presentan un diagnóstico de la realidad muy similar al que nos encontramos en los barrios que sufren el abandono secular de las distintas administraciones.

En dicho Informe podemos leer evidencias tan escandalosas como que el trabajo, para quienes lo tienen, no les garantiza dejar de ser pobres: “en el perfil de las personas pobres, sólo el 31,4% están en paro, es decir, no es el desempleo lo que define la pobreza”.  Por otra parte, “el 41,7% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social… la cifra es de 13,8 puntos porcentuales superior a la media del conjunto nacional”. Detrás de esta cifra hay casi 3,5 millones de personas en Andalucía que malviven. Los datos son de una magnitud alarmante. Más crueles, si cabe, por la indefensión, son los índices de pobreza infantil: “donde el 33,11% de la población menor de 16 años está en riesgo de pobreza y/o exclusión social”.

La  última EPA del 27 de octubre aporta datos inaceptables: 1.005.600 personas paradas en Andalucía (el 25,41%). La brecha con la media del Estado es de más de 9 puntos.  Cualquier persona en su sano juicio pensaría que las políticas sociales son para las administraciones una prioridad, pero nada más alejado de la realidad. Las zonas más vulnerables de nuestras ciudades, donde se vive la exclusión, son las que cuentan con menos recursos, con más recortes y con menos inversión a corto, medio y largo plazo. No es casualidad, es la indecencia de quienes deberían velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos, en especial el artículo 25 de la Declaración de 1948: “ Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

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Fronteras, espacios sin derechos

Estamos, sin duda, ante la más grave crisis política que resquebraja el Estado del llamado régimen del 78. Mucho nos tememos que de esta crisis se produzca, más que un avance en la articulación social y territorial o un avance de derechos y libertades, una creciente restricción de las mismas, que es en realidad lo que anuncia la procelosa aplicación del temido y ya famoso artículo 155.

Así, a nadie debe extrañarle que esta crisis se convierta, dada su profundidad y la incapacidad de quienes gobiernan para gestionarla, en la cuestión que acapara páginas y páginas en los medios y minutos y horas en las televisiones. Las más de las veces, de forma tan sesgada y manipuladora, al servicio de ideologías excluyentes e intolerantes, que da auténtica repugnancia su lectura.

Pero la realidad es que en este país están ocurriendo otras cosas que afectan de forma grave a cientos de miles de personas y que pasan desapercibidas, en parte por interés de que sea así y, en parte, por esta crisis política que todo oculta.

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El día en que la utopía abolicionista dio la espalda a las prostitutas

Quizás no haya llegado aún ese día, quizás siga existiendo la posibilidad de que la sociedad en general, y el movimiento feminista hegemónico en particular, escuche y dé respuestas al reclamo de las personas que ejercen la prostitución; las anónimas y las militantes, las que comparten sus experiencias y las que trabajan en el más desolador de los silencios.  Pero ese día no llegará, la puerta no se cerrará sin la resistencia de quienes defendemos que la dignidad y  autonomía de las personas está por encima de su opción ocupacional. 

Uno de los debates que se ha generado con relación a la elaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha girado en torno a la consideración de la prostitución como una “forma extrema de violencia contra las mujeres”. Un colectivo de la  Plataforma Unitaria de Apoyo al Trabajo Sexual, a la que pertenece APDHA, expresó una serie de recomendaciones que no se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el pacto y que aparecen recogidas en este manifiesto.

Finalmente no se ha incluido, entre las 213 medidas que componen el texto aprobado el pasado 28 de septiembre, ninguna medida específica destinada a la erradicación del trabajo sexual en todas sus formas. Pero esta decisión no atiende a un convencimiento real y generalizado de favorecer a las personas que la ejercen y su consideración de trabajadoras. Por todo ello no podemos aplaudir el resultado final, y porque el hilo que nos deja el discurso de la prostitución como violencia de género no es un debate baladí ni por el que debamos pasar de puntillas.

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Lo de (¿nuestro?) Canal Sur no es normal

El presentador Juan y Medio corta la falda de su compañera Eva Ruiz en la TV pública andaluza.

Los tiempos cambian. Para mí -y sé que para muchos de ustedes- nada de esto resulta ni medio normal. Antes bien, nos parece anómalo y vergonzante. Pero a estas alturas del siglo, aún hay quienes piensan que despreciar a las mujeres o que un tipo se propase, se abalance y se emborrique con una hace gracia y no es para tanto. Carmen Camacho ( Lo normal, 12/09/2017)

La presidenta de la Junta de Andalucía insiste en proponer un pacto de Estado contra la violencia de género. De la misma manera, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer reclama ese pacto de Estado en aquellos actos en los que representa al Gobierno andaluz. Y sin embargo, se les ha colado un pirómano en la televisión andaluza –hace las veces de presentador de sobremesa y se hace llamar Juan y Medio–. Ni unos ni otras parecen dispuestas a echarlo.

En APDHA, queremos creer, como Carmen Camacho, que hay muchas personas en esta nuestra Andalucía que no ven normal lo que pasa en Canal Sur. No queremos que parezca normal que el presentador le corte la falda –con cara de sátiro– a su compañera, entre risas. Tampoco nos resulta normal que el mismo presentador se salga de rositas: una simple disculpa, un expediente (con empleo y con sueldazo). Por si con los tres millones de euros que cobra no tiene bastante, entre todas le pagaremos un curso para que deje de ser un machista. Ole.

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