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Islamofobia y género

Tres menores, una de ellas con un 'hiyab', acuden a su centro educativo

Es un hecho común, transversal en todas las culturas a lo largo de la Historia, que se suela asignar a las mujeres el papel de preservadoras de las esencias de la tradición, la moral y los principios religiosos, “honor” respecto del cual en la mayoría de las ocasiones no han sido consultadas acerca de su interés en ostentarlo. García Lorca expuso de forma magistral esta realidad en La Casa de Bernarda Alba; la genialidad del autor andaluz permite que ese retrato pueda tener una validez atemporal y universal.

Vivimos en Europa unos tiempos convulsos, donde la mezcla irresponsable desde algunas instancias mediático-políticas de terrorismo, migraciones, consecuencias de la crisis y creencias religiosas ha abonado un preocupante crecimiento de la islamofobia en sectores de la población europea. Esta situación ha puesto de forma singular en el punto de mira a las mujeres musulmanas de nuestro continente, en el señalado papel que se les impone de referente visible de los “valores islámicos”. En ocasiones se pueden ver presionadas desde su propia comunidad para ser punta de lanza de una posible “reacción identitaria” ante lo que se interpretan como ataques a la religión musulmana, y al mismo tiempo son diana de las iras populistas de la ultraderecha europea a cuenta de esa especial visibilidad.

Centrándonos en el segundo aspecto, en las últimas semanas han tenido lugar dos acontecimientos que nos deberían mover a la reflexión. Por una parte, el intento de prohibición del uso del conocido como “burkini” en algunos municipios costeros franceses. Llama la atención que en este tipo de polémicas recurrentemente sea la mujer, su cuerpo y vestimenta el centro del debate, ni siquiera la ínclita Marie Le Pen ha cuestionado la pertinencia de que los hombres musulmanes puedan vestir chilaba en la playa. Quizás sea porque en su condición de varones los hombres musulmanes no se les considera ni interna ni externamente guardianes de la tradición, y por ello no es motivo de escándalo en su comunidad que un estricto seguidor de los preceptos de Mahoma use traje de baño “occidental”, ni para el resto de la sociedad sea intolerable que vaya ataviado con chilaba a la playa. Y casi de surrealismo cínico se podría calificar el discurso que defiende que imponer multas por vestir burkini sea un instrumento útil en defensa de los derechos de las mujeres musulmanas.

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¿Qué sucede en la cárcel de Morón (Sevilla II)?

El centro penitenciario Sevilla II / Imagen: Ministerio del Interior

“Le golpearon con una barra de defensa que tienen los funcionarios, en un cuartillo del Departamento de Aislamiento. Otro día le tiraron y pisaron la cara. Los funcionarios (…) le pegaron puñetazos y el resto tortazos a pesar de que no opuso resistencia”.

“Sin mediar ningún tipo de explicación los dos funcionarios condujeron a la persona presa hasta el cuartillo del equipo técnico, donde no hay cámaras de seguridad en el interior, y comenzaron a propinarle puñetazos en el tórax y a darle fuertes golpes con un palo en su pierna derecha, todo ello con un fuerte ensañamiento y con amenazas de muerte como se le ocurriese denunciar la agresión”.

Sí, ha leído bien. Estamos hablando de funcionarios de prisiones y de personas presas. Estamos hablando de torturas y malos tratos en las cárceles españolas. Exactamente de dos casos de malos tratos sucedidos en el Centro Penitenciario de Sevilla II, el primero en el mes de abril y el segundo el pasado mes de junio. Estos son dos de los muchos casos que desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hemos denunciado recientemente al Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT).

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El trabajo sexual después de los 65 años

Cuando hablamos de prostitución nos llega la imagen de una mujer muy joven, de origen extranjero y rasgos exóticos, situada generalmente en un contexto de pobreza y engaño. Esta es la imagen que da forma a ese perfil con el que identificamos al conjunto de personas que se encuentran ejerciendo el trabajo sexual. Son una serie de patrones e ideas preconcebidas que, sin necesidad de haber tenido nunca contacto con una realidad concreta, nos permite, como si de un colador social se tratase, identificar a una persona como parte de un grupo y juzgarla.

Estos estereotipos no sólo sirven como referente simplificador para analizar la realidad, sino que determinarán las respuestas que la sociedad da a la misma. La prostitución identificada como lo opuesto a la mujer honrada, libre y sana obtiene de la sociedad respuestas filtradas por ese mismo estereotipo: ayudas para la reinserción, ayudas para las víctimas, ayudas para prevenir ITS... ¿Pero qué pasa cuando una mujer se dedica toda una vida a desempeñar esta profesión por decisión propia?

La historia de Pepi guarda relación con la historia de muchas mujeres. Muy joven se casó y tuvo hijos, cumpliendo de esta forma con las expectativas que de ella se esperaba. Su matrimonio pronto se manifestó como como una relación de abusos y malos tratos insostenible y decidió abandonar a su marido. Madre sola y sin recursos, no se le presentaba una vida fácil. Dispuesta a buscar trabajo choca con un mercado laboral en el que no hay cabida para mujeres como ella (sin estudios, sin experiencia, sin … ). El servicio doméstico y los cuidados se le presentan como una posible vía (y quizás la única) para salir adelante, pero los bajos salarios y la total falta de derechos en este sector no dan más que para subsistir dentro del mismo círculo vicioso entre la precariedad y la falta de alternativas.

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El primer aniversario de la Ley Mordaza, ojalá el último

El pasado 1 de julio se cumplió el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, llamada oficialmente, Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana pero conocida por todos como Ley Mordaza.

Trece años después de la Ley Corcuera de la patada en la puerta, la Ley Mordaza se convertía en una vuelta de tuerca más en la deriva represiva de la normativa que bajo la nomenclatura de protección de la seguridad ciudadana se ha convertido en el eje de la supresión de libertades democráticas y derechos fundamentales.

Este año ha confirmado los peores augurios sobre la aplicación de este texto. Las cifras de las que disponemos hasta abril de 2016 son bastante explícitas: más de 30.000 expedientes abiertos por faltas de respeto a las fuerzas de seguridad, desobediencia o resistencia a la autoridad, de los cuales un 75% de los casos ha concluido con una resolución sancionatoria.

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¡Qué fácil y qué miserable es cortar el agua a quien no puede pagarla!

Resulta del todo absurdo tener que justificar en 2016 que el agua es un elemento indispensable para la vida de las personas. Nadie pone en duda el derecho humano al agua y al saneamiento. Pero la realidad tozuda es que en distintas ciudades y pueblos de nuestra Andalucía existen viviendas sin agua y sin saneamiento en las que malviven, en la mayoría de los casos, personas excluidas con una realidad económica penosa y a las que las distintas administraciones llevan años y años dando la espalda e incluso, en algunos casos, acosando y hostigando de forma inhumana.

Desde distintas instancias y desde distintas administraciones se reconoce formalmente el derecho al agua: el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas: "Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos…".  En septiembre de 2015 el pleno de la Eurocámara  respaldó la iniciativa ciudadana  Right2Water en la que "se invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para la implementación del  derecho humano al agua y al saneamiento" tal como era reconocido por la ONU cinco años antes. Esta iniciativa se trasladó a España  a través del Pacto Social por el Agua ( #iniciativagua2015) a la que se sumaron más de 300 organizaciones sociales de distintos tipos y que ha ido llegando y ha sido aprobada por diferentes ayuntamientos.

En octubre de 2015 el Parlamento de Andalucía aprobó una moción que defendía el acceso al agua como un derecho humano en la que se incluía prohibir los cortes y garantizar un mínimo vital de 100 litros por persona y día.   Dos meses después el Defensor del Pueblo Andaluz presentó en el Parlamento un Informe Especia "Servicio de suministros de agua, garantías y derechos". Dicho Informe termina con "Recomendaciones y sugerencias2, entre ellas la número 11: " Que se modifique la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, para incluir un reconocimiento explícito del derecho humano al agua que incluya el derecho de los andaluces a no verse privados del suministro de agua por razones económicas y a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera".

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Derecho al voto y migraciones: ciudadanía robada

Históricamente se ha considerado que en la participación política, y especialmente en el derecho de sufragio, reside la esencia última de la ciudadanía en un Estado democrático. La participación política ha tenido que pasar por un largo proceso para superar las restricciones que excluían de la misma a determinados colectivos sociales por razón de género, raza o posición socioeconómica. Sin embargo, los Estados han sido tradicionalmente refractarios a la hora de permitir que ese proceso inclusivo llegara a dos perfiles vinculados con las migraciones: las personas nacionales que residen en el exterior y las extranjeras que residen en su territorio.

Desde una interpretación cerradamente nacionalista de la soberanía, los Estados miran con desconfianza la posibilidad de que emigrantes e inmigrantes participen en el ejercicio democrático de la misma, ya que cuestionan la "lealtad patriótica" de ambos colectivos (las personas emigrantes nacionales por el desapego que supuestamente puede producir el vivir fuera de su país de origen, las inmigrantes extranjeras porque se sospecha que pueden usar su voto para favorecer intereses igualmente foráneos).

El caso de España no es una excepción. Las personas extranjeras tienen vetada su participación en elecciones generales y autonómicas, en las europeas pueden ejercer el derecho al voto los/as nacionales de países UE y en las municipales a estos/as últimos/as se le suman las personas ciudadanas de 12 Estados con los que España ha suscrito convenios internacionales en esta materia, aunque en su caso tan sólo pueden votar y no presentarse como candidatas y deben haber residido al menos 5 años en territorio español. A ese restrictivo punto de partida [1], se le suma que los requisitos formales exigidos hacen que el ejercicio práctico de estos derechos se reduzca al mínimo. Destaca la obligación de solicitar la inscripción en el censo electoral, a diferencia de la incorporación automática que se aplica a las personas españolas, que ha provocado que, en las elecciones municipales de 2011 y 2015, apenas el 10% de los residentes nacionales de los países con los que se tiene convenio hicieran efectiva su inscripción para votar, según datos del INE.

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Cuando el secretario general de Instituciones Penitenciarias despertó, la Hepatitis C todavía estaba allí

Caravana-concentración de la APDHA ante las cárceles de Puerto I y II

El tantas veces citado cuento El dinosaurio de Augusto Monterroso –"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí"- nos sirve hoy para recordar que la hepatitis C sigue siendo un grave problema en las cárceles españolas y que es urgente que todas las personas que sufren esta dolencia puedan acceder a los medicamentos de acción directa que los pueden curar y a los que ahora mismo, en muchos casos, no están teniendo acceso.

El pasado 6 de octubre, la APDHA denunciaba desde este periódico que la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado para la sanidad penitenciaria solo permitiría que un 5% de las personas afectadas por la hepatitis C accedieran a los nuevos tratamientos. No sólo lo denunciamos aquí. El 2 de junio de 2015 hicimos una ampliación a la queja sobre salud penitenciaria que teníamos ya abierta, desde diciembre de 2014, en el Defensor del Pueblo Español, denunciando las dificultades que tenían las personas presas para acceder a los nuevos medicamentos de acción directa para la Hepatitis C.

En el  Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud se considera como prioritario promover el diagnóstico precoz en poblaciones prioritarias, entre las que recoge las personas internas en cárceles y, sin embargo, nos encontramos con que estas personas han de acudir al Juzgado para acceder a ese tratamiento. La última sentencia de la que tenemos noticia es de la Audiencia Provincial de Ourense en Abril de  2016. No es nada nuevo. Hay sentencias parecidas con fallos similares desde 2013. Y no piensen que con esa sentencia el camino se acaba.  No basta con ese fallo a favor. Es necesario que la sentencia sea firme. José Manuel Arroyo Cobo –subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria- ha afirmado que Instituciones Penitenciarias no pagará hasta que las sentencias sean firmes.

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Mar Gallego: "La mayor parte del discurso periodístico sobre prostitución revictimiza e infantiliza a las mujeres"

Desde nuestro trabajo en la APDHA con el colectivo que trabaja en la prostitución, nos hemos ido haciendo conscientes del conflicto existente en la relación entre feminismo y prostitución. La idea de la prostituta como víctima o la censura hacia la actividad que ejerce viene siendo uno de los más habituales problemas que encontramos a la hora de buscar alianzas con y desde el feminismo para  la reivindicación de los derechos del colectivo.

Por otro lado, el desconocimiento de la realidad de las personas que ejercen el trabajo sexual y la tendencia a hablar de ellas haciendo falsas generalizaciones y sin escucharlas ni tampoco darles voz, acentúa aún más la distancia ya existente entre la lucha feminista y las trabajadoras sexuales (que por su parte, evitan el contacto con el ámbito feminista al sentirse juzgadas). En este sentido, creemos que los medios de comunicación tienen un papel de vital importancia ante el reto apasionante que la prostitución plantea al feminismo, en tanto pueden y deben acercar la realidad de las personas que ejercen el trabajo sexual en toda su complejidad y desde el compromiso con la defensa de sus derechos.

Nosotras (como miembros del área de prostitución de la APDHA) vivimos con malestar y preocupación que los medios de comunicación únicamente le den voz a un feminismo que tiene una única visión de la prostitución. ¿Está de acuerdo?

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Sentencias ejemplarizantes. Colocar la represión en el centro del debate

Manifestación de la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión contra la Ley Mordaza.

Los movimientos sociales llevamos largo tiempo en el punto de mira de la criminalización. El debate sobre las acciones cometidas por quienes ejercen la protesta social va minando la capacidad de poner en el centro lo fundamental, lo realmente relevante: La represión ejemplarizante a través de sentencias desmedidas y la aplicación del derecho penal del enemigo.

El caso de Andrés Bódalo es un ejemplo de ello, ya que se habla más sobre la persona y su perfil en el movimiento sindical, que sobre los hechos imputados. Andrés tiene una sentencia condenatoria de 3 años y medio de prisión por agresión a la autoridad durante una protesta en 2012. Los debates sobre la veracidad o no de los cargos imputados, deberían resolverse a través de un juicio justo y con garantías procesales, que valorara debidamente las pruebas y testimonios de las partes implicadas. Pero más allá de esta cuestión, que no es baladí, tenemos que denunciar que esta y otras sentencias tienen un sentido ejemplarizante para aquellas personas que ejercen un papel relevante en la protesta y movimientos sociales.

Igualmente, el caso de Carlos Cano y Carmen Bajo (que sigue luchando para conseguir el indulto), por participar en un piquete durante la huelga general del 2012 y ser condenados por un delito contra la libertad de los trabajadores a tres años y un día de prisión, es otra muestra de esta situación.

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Las porteadoras: un reflejo de la vulneración de los derechos humanos en la frontera sur

(Foto: Cristina Fuentes).

La frontera del Tarajal es el espacio geográfico ceutí que separa dos realidades bien diferenciadas, el territorio marroquí y el español, es más, junto a Melilla son los únicos territorios europeos en África. Este hecho genera que la Unión Europea, especialmente mediante FRONTEX, tenga muy presente a la frontera del Tarajal. Los indicadores sociodemográficos de ambos países vecinos hacen hincapié en notables diferencias. Para el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2015, España ocupa la posición 26º mientras que Marruecos se sitúa en la 156º. Datos similares son los del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2014, quienes consideran que la economía española está localizada en el puesto 16º mientras que la marroquí ocupa la posición 56º de la clasificación mundial.

Estos indicadores únicamente son útiles para hacernos comprender por qué alrededor de 7.000 mujeres cruzan diariamente la frontera del Tarajal para buscar la oportunidad de conseguir unos dírham con los que alimentar a sus familias. Estas mujeres transfronterizas son: trabajadoras sexuales, empleadas domésticas y porteadoras.

El informe sobre Fronteras Más Desiguales del Mundo (FMD) sitúa a la frontera hispano-marroquí como la séptima más desigual del mundo, ya que, sumado a la situación de las transfronterizas, en esta frontera se producen constantemente devoluciones en caliente; falta de rigor en las solicitudes de asilo y refugio; y agresiones policiales. Todo esto supone una vulneración de los derechos humanos en la frontera del Tarajal.

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