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Vivienda: sigue ganando la banca y mientras, las administraciones, ni están ni se las espera

Hace más de cuatro años, el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda pedía a la Junta de Andalucía que declarara el “Estado de Emergencia habitacional en Andalucía”. El objetivo principal era que las administraciones pudieran responder de forma urgente y coordinada para dar respuesta a una situación que afectaba a una parte muy importante de la población andaluza. La Consejería de Vivienda y el Gobierno andaluz, por aquellos años formado por la coalición PSOE e IU, dijeron que no y miraron para otro lado argumentando que estaban elaborando una Ley que sería, así se vendió, casi “la panacea”. La Ley de la Función Social de la Vivienda se aprobó en el Parlamento Andaluz y el gobierno central, del PP, presentó recursos contra artículos de la ley prometiendo también que legislaría para afrontar este tema y que sería “la panacea II”. La Junta vendió humo con las expropiaciones y las multas. El Gobierno central puso a buen recaudo a la propiedad privada. ¿Y la banca? Bien, gracias.

En el año 2016 se han producido, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 67.030 desahucios. Cifras muy similares a los de los años anteriores. Poco o nada ha cambiado la situación desde hace cuatro años, cuando parecía que las administraciones encararían, de una vez por todas, unas demandas de la sociedad civil bien organizada: se paraban desahucios, se ocupaba en colectivo, se denunciaba a la banca y se consiguió socializar lo que las administraciones hubieran querido que siguieran siendo "fracasos personales" que culpabilizaban, una vez más, a quienes eran las víctimas de un sistema radicalmente injusto. Un sistema fuerte para con las personas débiles y blando para con los fuertes, quienes habían convertido lo que debiera ser de uso público en un objeto de especulación y enriquecimiento espurio.

La Junta de Andalucía nunca ha entendido, ni querido entender, lo que significa la defensa activa de un derecho humano como es el de la vivienda. Desde APDHA hemos defendido, como no puede ser de otra manera, el derecho a la vivienda para todas las personas: las sin techo, las que malviven en asentamientos chabolistas, las que están ocupando, las que malviven en infraviviendas, las jóvenes con pocos recursos para emanciparse, las que malviven hacinadas en pisos de 30 m2… Ahora, que los desahucios por impago de alquiler superan a los desahucios por impagos hipotecarios, la Consejería de Fomento y Vivienda pone el foco en los segundos para volver a vender humo y demagogia con lo que llaman el Anteproyecto de Ley del Derecho de tanteo y Retracto en Desahucios, desplegando una cantidad ingente de medios ─los que suponen aprobar una ley─ para conseguir menos de diez viviendas por provincia al año, cuando tenemos constancia, y la Consejería también, de que los casos de emergencia habitacional se cuentan por miles en Andalucía.

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El paso (atrás) de El Tarajal II para las porteadoras

La apertura titubeante de El Tarajal II, con pasos adelante y atrás, con normas contradictorias, con cierres y aperturas indiscriminadas, está creando una grave situación para las personas que portan mercancías en la frontera de Ceuta. Las avalanchas se suceden a diario, los malos tratos y las condiciones inhumanas de trabajo son la moneda corriente en la frontera de Ceuta en la que las violaciones de derechos humanos se incrementan y perpetúan.

Tras la muerte de una porteadora en una de estas avalanchas, un equipo de la APDHA nos desplazamos, el pasado 27 de marzo, al polígono el Tarajal en Ceuta.

Esta visita se desarrolló con varios objetivos: atender la solicitud de varios empresarios del polígono de reunirse con la APDHA, conocer de primera mano la situación del polígono tras la apertura del paso de El Tarajal II y verificar la situación general hasta donde se nos permitiese el acceso, además de nuestro objetivo principal y permanente; conocer las condiciones en las que se está desarrollando la actividad del porteo de mercancías tras la publicación de nuestro informe.

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La república desde la perspectiva de los derechos humanos

Asistimos a tiempos de democracias con vocación de imperfectas en las que avanza la desigualdad, retrocede la libertad y se penaliza la fraternidad.

Los países en los que se generó la ilustración, el contrato social, la ruptura con el antiguo régimen, la Declaración Universal de Derechos Humanos…la Europa de las libertades, el occidente de las libertades, parece haber renunciado a la búsqueda de un mundo mejor para emprender el retroceso hacia sistemas autoritarios, desiguales e insolidarios.

Los derechos humanos, tan semejantes en su formulación a los valores republicanos, son los principios de la convivencia que están en juego y que los pueblos estamos perdiendo.

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Violencia de género y prostitución: la lógica perversa de educar con estereotipos

"Otra cosa que he observado es la manía de demonizar a los clientes. Si la prostituta solo puede ser sumisa, el cliente solo puede ser un monstruo. De nuevo, nada más lejos de la realidad"  ( Natalia Ferrari).

El Cuadernillo para el profesorado Educar en Igualdad  de la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla tiene como objetivo servir de herramienta para prevenir la violencia de género en el ámbito escolar. Para ello, ofrece un primer bloque formativo sobre el concepto de coeducación, el cual se define como el "Método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se asientan en el reconocimiento de las potencialidades e individualidades de niñas y niños, independientemente de su sexo. La coeducación es, por tanto, educar desde la igualdad de valores de las personas".

Tras esta primera parte introductoria, el Cuadernillo presenta un segundo bloque sobre la prevención de la violencia de género y las pautas de actuación profesional ante los posibles casos que se presenten en el alumnado. Los autores especifican que la violencia de género no sólo se encuentra en el ámbito de las relaciones de pareja, sino también en la prostitución, en los atentados contra la libertad sexual, en el acoso laboral, en el tráfico y trata de mujeres, en la violencia familiar y en la violencia perpetrada o tolerada por el Estado.

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El oscurantismo de las prisiones: ¿esto es España o Venezuela?

Estimados Sres. Zoido y Nieto, ex alcaldes de Sevilla y de Córdoba:

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía queremos desearles una legislatura de éxito en los DDHH, en cuya gobernanza confiamos en que prioricen, por encima de todo, el respeto a estos derechos.

Estamos totalmente seguros que comparten con nosotros la inquietud de que en otros países se impida que organizaciones de Derechos Humanos, el defensor del pueblo, los medios de comunicación e incluso los partidos de la oposición puedan ejercer su labor de defensa, vigilancia o comunicación con las prisiones.

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Yo a Londres, tú a Ceuta: este no es un país para jóvenes

El pasado 4 de febrero se celebró, en Ceuta, la IV Marcha de la Dignidad en recuerdo de los, al menos, 15 migrantes que murieron, después de una nefasta actuación de quienes vigilan las fronteras, en la playa del Tarajal. La participación de jóvenes migrantes fue significativa. Ellos encabezaban la marcha, y decimos ellos, utilizando el masculino, porque eran hombres jóvenes de no más 20 años, con unas experiencias vitales tan fuertes que no seríamos capaces de reproducir. Una chavalería como la de nuestros barrios, jóvenes sin futuro,  pero que deciden jugarse su vida por una vida con dignidad, por una vida mejor. La dureza del viaje, las penumbras, las penurias, las palizas, los asedios, el hambre… que sólo unos cuerpos jóvenes son capaces de resistir.

Ellas, aunque no las viéramos en la manifestación, también están a este y ese lado de la frontera. Invisibilizadas, como solemos estar las mujeres. Pero también migrantes y que sufren aún más que ellos la travesía buscando un mundo mejor.

Nuestra juventud también emigra, ni mucho menos en las mismas condiciones. El que nuestra juventud tenga que salir a buscarse la vida fuera de su país es para algunos de quienes nos gobiernan, "movilidad exterior" (Fátima Báñez) o "una forma de enriquecerse, de abrir la mente y fortalecer habilidades sociales" (Alfonso Dastis).

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"La escuela debería cuestionar los acontecimientos y crear un interés por los Derechos Humanos"

En la APDHA reivindicamos que la educación es el derecho fundamental para ejercer los demás derechos. Precisamente en el contexto actual, notamos que el modelo de gestión educativa no está cumpliendo con los preceptos básicos que garantizan la creación de ciudadanía libre y democrática, fundamental para edificar una cultura de paz. La ausencia de compromiso por parte de los gobiernos sucesivos, lejos de fortalecer el sistema educativo, lo han precarizado y devaluado de manera sistemática.

No solo a través de los recortes presupuestarios, la privatización de recursos complementarios y la persistencia en la orientación hacia un modelo básicamente productivo, sino también por la desconexión con la realidad del siglo XXI y los desafíos que este momento nos reclama.

Con el deterioro progresivo del acceso a la educación pública y de calidad, podemos percibir como la garantía del ejercicio y disfrute de los Derechos Humanos se convierte paulatinamente en una ilusión de la que vamos despertando a través de las miserias y dramas que viven las familias que son desahuciadas, las que caen en la exclusión castigadas por el desempleo, las que son discriminadas por ser inmigrantes, y un largo etcétera. A no ser que sintonicemos con un medio de comunicación que nos presente otro relato de la realidad completamente diferente.

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Cuatro policías en el banquillo y dos migrantes en la acusación

¿Insólito? Dejémoslo en una situación anormalmente atípica. No es que no se den motivos para que la escena se repita con mayor frecuencia. Desgraciadamente existen, pero razones fijadas en la relación debilidad social - poder y el reconocimiento de veracidad al policía por principio, consagran la asimetría en la impartición de justicia. No faltará quien invoque la existencia de un Estado social de derecho, pero también le asisten razones al que opina que la realidad es la propia de un estado social de "deshecho". 

Ocurrió el 14 de diciembre pasado en la Audiencia de Sevilla. Un policía local y tres de la nacional comparecían ante el Tribunal. Pape Seck y Birahim Mbengue, dos jóvenes senegaleses, les acusaban de delitos contra la integridad moral y faltas por lesiones.

Los hechos que motivaban la denuncia se remontaban al día 8 de septiembre de 2010 y la denuncia al día 20 del mismo mes. En la tarde de aquel día, en las inmediaciones del Edificio Nervión Plaza de Sevilla, Pape, dada la prohibición administrativa de trabajar, ejercía el top manta en la creencia de que así podría lograr el sustento sin ofender a nadie. Sí sabía de la persecución policial y por eso huyó con su mercancía ante la aparición de policías locales. Según afirmaron los denunciantes, uno de los policías le alcanzó en su carrera, de una zancadilla le derribó y colocándose sobre su cuerpo le cogió la cabeza y con ella martilleó el suelo repetidas veces. Un grupo de viandantes de la zona comercial que se había congregado al contemplar lo que creían un ensañamiento, gritaron e insultaron al policía. Pape no ofrecía oposición y estaba a merced de él.

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Ciudadanía antieuropea

Formalmente, el derecho comunitario reconoce a todos los ciudadanos europeos el mismo derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Éste y los demás derechos de la ciudadanía europea fueron concedidos por primera vez en el Tratado de Maastricht. Los Tratados de 1992 partieron de una visión de una "unión cada vez más estrecha de los pueblos europeos". Originalmente, esta unión se ha inspirado en la idea de reconocer a los ciudadanos europeos un estatus jurídico propio, situando la igualdad de trato más allá del Estado nación y al mismo tiempo respetando la diversidad de identidades nacionales de Europa. Pero tal como suele ocurrir muchas veces en la compleja relación entre idea y realidad política, la aplicación de estos derechos ha sido, y sigue siendo, otra.

Pitico (nombre ficticio) y su marido llegaron a España desde Rumanía hace un par de años. Tenían sus razones para abandonar su país de origen. El maltrato por las autoridades de su país, el no respeto de gran parte del resto de la población por permanecer a la "etnia gitana" y las dificultades económicas les llevaron a abandonar Rumanía y buscar su suerte en otro país europeo. Ella y su familia finalmente pudieron obtener la documentación necesaria para poder residir en territorio español. Comparada con la situación algunos de sus compatriotas rumanos pudieron decir que habían tenido suerte, porque eso ya no es lo habitual.

Los Estados miembros de la UE siempre se habían reservado la posibilidad de denegar el derecho de residencia a otros europeos. La directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo estableció que la estancia superior de tres meses sólo se podía conceder a los extranjeros europeos si ellos y su familia disponían "de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia". España adoptó esta parte de la directiva casi literalmente en el Real Decreto 240/2007. A esta restricción se añade otra. Aunque Rumania es miembro de la Unión Europea desde 2007 y los rumanos deberían poder disfrutar de los mismos derechos que los demás ciudadanos europeos, existió un periodo de tránsito de hasta 7 años.

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Concesión del premio Derechos Humanos 2016 a cinco lideresas colombianas

Patricia Ariza, una de las galardonadas, en un acto que organizó la APDHA en Cádiz el pasado octubre

El pasado 10 de diciembre, el área de Solidaridad de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, hizo público en Cádiz la concesión de su premio anual de Defensa de los Derechos Humanos a cinco lideresas colombianas, tres de las cuales pertenecen a Marcha Patriótica. Se trata de un movimiento social y político que se ha dedicado a la construcción de la Paz y a la defensa de los Acuerdos en el territorio. Por esa razón, sus integrantes están en el punto de mira de los sectores de la extrema derecha que están en contra de la paz. Hasta hoy, 124 de sus integrantes han sido asesinados (entre el 2011 al 2016).

Tanto en Colombia como en el mundo crece la alarma por el temor de que estos asesinatos sean el comienzo de un nuevo genocidio. Las integrantes y voceras de Marcha elegidas, son Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Patricia Ariza. Fueron seleccionadas igualmente, Jahel Quiroga y Luz Marina Bernal, importantes defensoras y lideresas colombianas.

PERFILES DE LAS GALARDONADAS:

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