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¿Para qué sirven los CIE? Para nada

Iimagen de la campaña de APDHA #LibreDeCIE

Las políticas migratorias desarrolladas en los últimos 25 años por la Unión Europea, y de las que España se ha significado como uno de sus máximos representantes, han generado unas altas dosis de dolor y sufrimiento.  Las más de 6.000 personas muertas tratando de entrar en España en este período, tal y como ha documentado la APDHA, son la punta del iceberg de las durísimas condiciones a las que se somete a la persona migrante.

Desde el punto de vista jurídico, esta política migratoria ha generado situaciones de graves vulneraciones. Es el caso, por ejemplo, de las devoluciones en caliente, por las que España, recientemente, ha recibido la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No obstante, la principal representación de estas políticas migratorias inhumanas y deshumanizantes son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El internamiento de personas extranjeras es, en sí mismo, una aberración jurídica. La privación de libertad, que es la sanción más grave que contiene un ordenamiento jurídico democrático, se utiliza como instrumento de la política migratoria no ya para sancionar una conducta sino para garantizar el cumplimiento de una sanción administrativa como es la expulsión.

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Nuestras otras ciudades: invisibles, abandonadas y ninguneadas

Hace tres semanas, con motivo del día internacional para la erradicación de la pobreza, EAPN presentó el informe El Estado de la Pobreza. España 2017 VII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión”. Merece la pena leerlo y poder ver una radiografía actual del impacto de la pobreza y la exclusión social, poder comprobar que hay informes que nos presentan un diagnóstico de la realidad muy similar al que nos encontramos en los barrios que sufren el abandono secular de las distintas administraciones.

En dicho Informe podemos leer evidencias tan escandalosas como que el trabajo, para quienes lo tienen, no les garantiza dejar de ser pobres: “en el perfil de las personas pobres, sólo el 31,4% están en paro, es decir, no es el desempleo lo que define la pobreza”.  Por otra parte, “el 41,7% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social… la cifra es de 13,8 puntos porcentuales superior a la media del conjunto nacional”. Detrás de esta cifra hay casi 3,5 millones de personas en Andalucía que malviven. Los datos son de una magnitud alarmante. Más crueles, si cabe, por la indefensión, son los índices de pobreza infantil: “donde el 33,11% de la población menor de 16 años está en riesgo de pobreza y/o exclusión social”.

La  última EPA del 27 de octubre aporta datos inaceptables: 1.005.600 personas paradas en Andalucía (el 25,41%). La brecha con la media del Estado es de más de 9 puntos.  Cualquier persona en su sano juicio pensaría que las políticas sociales son para las administraciones una prioridad, pero nada más alejado de la realidad. Las zonas más vulnerables de nuestras ciudades, donde se vive la exclusión, son las que cuentan con menos recursos, con más recortes y con menos inversión a corto, medio y largo plazo. No es casualidad, es la indecencia de quienes deberían velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos, en especial el artículo 25 de la Declaración de 1948: “ Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

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Fronteras, espacios sin derechos

Estamos, sin duda, ante la más grave crisis política que resquebraja el Estado del llamado régimen del 78. Mucho nos tememos que de esta crisis se produzca, más que un avance en la articulación social y territorial o un avance de derechos y libertades, una creciente restricción de las mismas, que es en realidad lo que anuncia la procelosa aplicación del temido y ya famoso artículo 155.

Así, a nadie debe extrañarle que esta crisis se convierta, dada su profundidad y la incapacidad de quienes gobiernan para gestionarla, en la cuestión que acapara páginas y páginas en los medios y minutos y horas en las televisiones. Las más de las veces, de forma tan sesgada y manipuladora, al servicio de ideologías excluyentes e intolerantes, que da auténtica repugnancia su lectura.

Pero la realidad es que en este país están ocurriendo otras cosas que afectan de forma grave a cientos de miles de personas y que pasan desapercibidas, en parte por interés de que sea así y, en parte, por esta crisis política que todo oculta.

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El día en que la utopía abolicionista dio la espalda a las prostitutas

Quizás no haya llegado aún ese día, quizás siga existiendo la posibilidad de que la sociedad en general, y el movimiento feminista hegemónico en particular, escuche y dé respuestas al reclamo de las personas que ejercen la prostitución; las anónimas y las militantes, las que comparten sus experiencias y las que trabajan en el más desolador de los silencios.  Pero ese día no llegará, la puerta no se cerrará sin la resistencia de quienes defendemos que la dignidad y  autonomía de las personas está por encima de su opción ocupacional. 

Uno de los debates que se ha generado con relación a la elaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha girado en torno a la consideración de la prostitución como una “forma extrema de violencia contra las mujeres”. Un colectivo de la  Plataforma Unitaria de Apoyo al Trabajo Sexual, a la que pertenece APDHA, expresó una serie de recomendaciones que no se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el pacto y que aparecen recogidas en este manifiesto.

Finalmente no se ha incluido, entre las 213 medidas que componen el texto aprobado el pasado 28 de septiembre, ninguna medida específica destinada a la erradicación del trabajo sexual en todas sus formas. Pero esta decisión no atiende a un convencimiento real y generalizado de favorecer a las personas que la ejercen y su consideración de trabajadoras. Por todo ello no podemos aplaudir el resultado final, y porque el hilo que nos deja el discurso de la prostitución como violencia de género no es un debate baladí ni por el que debamos pasar de puntillas.

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Lo de (¿nuestro?) Canal Sur no es normal

El presentador Juan y Medio corta la falda de su compañera Eva Ruiz en la TV pública andaluza.

Los tiempos cambian. Para mí -y sé que para muchos de ustedes- nada de esto resulta ni medio normal. Antes bien, nos parece anómalo y vergonzante. Pero a estas alturas del siglo, aún hay quienes piensan que despreciar a las mujeres o que un tipo se propase, se abalance y se emborrique con una hace gracia y no es para tanto. Carmen Camacho ( Lo normal, 12/09/2017)

La presidenta de la Junta de Andalucía insiste en proponer un pacto de Estado contra la violencia de género. De la misma manera, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer reclama ese pacto de Estado en aquellos actos en los que representa al Gobierno andaluz. Y sin embargo, se les ha colado un pirómano en la televisión andaluza –hace las veces de presentador de sobremesa y se hace llamar Juan y Medio–. Ni unos ni otras parecen dispuestas a echarlo.

En APDHA, queremos creer, como Carmen Camacho, que hay muchas personas en esta nuestra Andalucía que no ven normal lo que pasa en Canal Sur. No queremos que parezca normal que el presentador le corte la falda –con cara de sátiro– a su compañera, entre risas. Tampoco nos resulta normal que el mismo presentador se salga de rositas: una simple disculpa, un expediente (con empleo y con sueldazo). Por si con los tres millones de euros que cobra no tiene bastante, entre todas le pagaremos un curso para que deje de ser un machista. Ole.

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Cuando los Presupuestos Generales del Estado echan por tierra el derecho a la salud

Empecemos explicando qué es el Trevicta. Se trata de un medicamento de administración trimestral para pacientes libres que padecen esquizofrenia. Si les ha extrañado ese adjetivo, ‘libre’, detrás de ‘pacientes’, se lo explico. Las personas que sufran esquizofrenia y que están en libertad podrán tomar Trevicta, pero las personas presas no. Una carta de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria a los centros penitenciarios, del 2 de junio, limitaba el acceso a este medicamento. El pasado 30 de junio, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria denunciaron esta limitación de fármacos. No es la primera vez que la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria trata de poner límite al acceso de las personas presas a los medicamentos en igualdad de condiciones que a enfermos/as de la población general, yendo totalmente en contra de lo establecido por la Constitución, y no es la primera vez que las organizaciones médicas se rebelan frente a esta situación.

Y pienso en el Trevicta cuando veo los recortes que se han realizado en el ámbito penitenciario en los Presupuestos Generales del Estado aprobados recientemente en el Congreso y en el Senado. La senadora Maribel Mora Grande, portavoz adjunta de Unidos Podemos, en  su intervención para explicar el veto al Presupuesto, hizo una muy interesante revisión de qué partidas se habían recortado y cuáles no.

Comencemos por la Sanidad. El Gobierno se había comprometido a realizar la transferencia sanitaria a las comunidades autónomas siguiendo lo que ya se hizo en el País Vasco y su plan era hacerlo traspasando a las comunidades autónomas las partidas establecidas para la sanidad penitenciaria en los presupuestos. Las comunidades autónomas se llevarán una desagradable sorpresa cuando vean estos presupuestos. Se encontrarán que lo que ha hecho el Gobierno es reducir drásticamente estas partidas. Se reduce un 13% en medicamentos, un 32% en conciertos de asistencia sanitaria y un 2% en alimentación. Si en el  Informe de 2016 el Defensor del Pueblo decía estar muy preocupado por la situación de la sanidad en las Prisiones, en 2017 intuimos que tendrá que estarlo más.

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La conciencia de Zoido

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía nos encontramos indignados por lo que el Gobierno español propone por boca de su ministro Zoido. Cabe deducir que el Gobierno asume y respalda las afirmaciones del ministro de Interior cuando este afirmó que "Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar la inmigración irregular, cuando esa inmigración irregular está dando lugar a que corran peligro en el Mediterráneo, como está sucediendo con demasiada frecuencia". De poco sirve que posteriormente y tras una contundente respuesta por parte de las organizaciones y colectivos sociales manifestara su "tristeza por la repercusión de sus palabras".

No es propio de un exjuez, que debe estar acostumbrado a utilizar las reglas y leyes para hacer justicia, el que las utilice en función de su política o la de su partido. En absoluto se le advierte sensibilidad ante la figura del fraude de ley.

Ciertamente las ONG deberían dejar de realizar las labores de rescate que están llevando a cabo, algo que se lograría si los gobiernos, ajustando su política a razones de justicia y derechos humanos, hicieran este trabajo innecesario al no obligarles a migrar en las condiciones infrahumanas y peligrosas en las que lo están haciendo. Mientras tanto, los gobiernos deberían agradecer a estas organizaciones que se hagan cargo de los restos del naufragio de sus políticas migratorias y griten exigiendo otras políticas.

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La ocupación de viviendas ha venido para quedarse

Activistas de la PAH cerca del Congreso.

La ocupación de viviendas, como modelo habitacional de quienes no tienen recursos para procurarse una casa en la que vivir, ha venido para quedarse.

La crisis que desde hace diez años azota a nuestra sociedad ha expulsado del sistema a numerosas familias, hasta ese momento básicamente normalizadas y estabilizadas. Esto se manifiesta en muchos casos en la pérdida de su vivienda habitual. Este estado de emergencia habitacional, con su secuela de desempleo, carencia de ayudas sociales e ingresos significativos, las ha obligado a resolver su alojamiento y subsistencia mediante la ocupación de pisos vacíos, para no caer en el hacinamiento, infravivienda o a vivir en la calle.

Hoy en nuestras ciudades se da la irracional e inhumana situación en la que coexisten miles de viviendas vacías y miles de familias sin derecho a ellas. Y carecer de vivienda no es sólo carecer de techo. Es también carecer de un hábitat estable donde desarrollar nuestra vida personal y familiar, con equilibrio y estabilidad, con lo que esto supone para la salud física y mental. Y es, además, no contar con los suministros básicos y suficientes. Es, en definitiva, carecer de las mínimas condiciones para una vida digna.

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Derechos de las personas refugiadas: La urgencia palestina, ser antisionista y el movimiento BDS

Logo de la campaña BDS

El 20 de junio se celebra el día mundial de las personas refugiadas. Mucha gente se ha aproximado al concepto del derecho de asilo a raíz de la crisis de las personas que huyen de la guerra de Siria. Pero lo cierto es que las personas refugiadas proceden de otros muchos países, en los que la injusticia campa a sus anchas. Y no es un fenómeno de ahora, como muestra la existencia de cientos de miles de personas refugiadas palestinas desde hace ya setenta años

Según la Agencia de las Naciones Unidas para la personas Refugiadas Palestinas, estas son “aquellas cuyo lugar de residencia habitual bajo el Mandato Británico era Palestina y entre Junio de 1946 y mayo de 1948 perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la Guerra árabe-israelí de 1948”.

Sesenta y nueve años han pasado desde el momento de la Al-Nakbah (termino árabe que significa “catástrofe” o “ desastre”, utilizado para designar al éxodo palestino) y las violaciones de los derechos humanos ejercidos sobre pueblo palestino, por parte del Estado de Israel, se perpetúan.

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¿Feminismo y trabajadoras sexuales? Una alianza ¿posible – necesaria?

En la APDHA concebimos que una sociedad igualitaria sólo puede ser construida con la participación de todas las voces. Por ello, nos une al feminismo la preocupación por mejorar las condiciones de vida de las mujeres, de todas las mujeres, y entre ellas están, por supuesto, las trabajadoras sexuales. El hablar de éstas últimas separa a las feministas - de ahí el intenso debate- y las formas para conseguirlo: desde el reconocimiento de su actividad como un trabajo legítimo y la defensa de sus derechos laborales o desde el objetivo final de la abolición de la prostitución.

Desde que en APDHA  empezamos a trabajar con personas que ejercen el trabajo sexual nos dimos cuenta de que, si queríamos acercarnos a su realidad compleja, el principal obstáculo que teníamos que superar sería el de nuestros propios prejuicios. Y es que, cuando hablamos de la sexualidad, sobre todo de las mujeres, nos encontramos con un sinfín de juicios morales que nos llevan a rechazar la idea de que una mujer pueda hacer uso de su sexualidad para obtener beneficios económicos de forma libre, legítima y digna.

Por ello, antes de marcarnos ninguna intervención concreta, decidimos acercarnos al colectivo sin más  estrategia ni intención que la de escuchar/observar/conversar.

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