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Yo a Londres, tú a Ceuta: este no es un país para jóvenes

El pasado 4 de febrero se celebró, en Ceuta, la IV Marcha de la Dignidad en recuerdo de los, al menos, 15 migrantes que murieron, después de una nefasta actuación de quienes vigilan las fronteras, en la playa del Tarajal. La participación de jóvenes migrantes fue significativa. Ellos encabezaban la marcha, y decimos ellos, utilizando el masculino, porque eran hombres jóvenes de no más 20 años, con unas experiencias vitales tan fuertes que no seríamos capaces de reproducir. Una chavalería como la de nuestros barrios, jóvenes sin futuro,  pero que deciden jugarse su vida por una vida con dignidad, por una vida mejor. La dureza del viaje, las penumbras, las penurias, las palizas, los asedios, el hambre… que sólo unos cuerpos jóvenes son capaces de resistir.

Ellas, aunque no las viéramos en la manifestación, también están a este y ese lado de la frontera. Invisibilizadas, como solemos estar las mujeres. Pero también migrantes y que sufren aún más que ellos la travesía buscando un mundo mejor.

Nuestra juventud también emigra, ni mucho menos en las mismas condiciones. El que nuestra juventud tenga que salir a buscarse la vida fuera de su país es para algunos de quienes nos gobiernan, "movilidad exterior" (Fátima Báñez) o "una forma de enriquecerse, de abrir la mente y fortalecer habilidades sociales" (Alfonso Dastis).

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"La escuela debería cuestionar los acontecimientos y crear un interés por los Derechos Humanos"

En la APDHA reivindicamos que la educación es el derecho fundamental para ejercer los demás derechos. Precisamente en el contexto actual, notamos que el modelo de gestión educativa no está cumpliendo con los preceptos básicos que garantizan la creación de ciudadanía libre y democrática, fundamental para edificar una cultura de paz. La ausencia de compromiso por parte de los gobiernos sucesivos, lejos de fortalecer el sistema educativo, lo han precarizado y devaluado de manera sistemática.

No solo a través de los recortes presupuestarios, la privatización de recursos complementarios y la persistencia en la orientación hacia un modelo básicamente productivo, sino también por la desconexión con la realidad del siglo XXI y los desafíos que este momento nos reclama.

Con el deterioro progresivo del acceso a la educación pública y de calidad, podemos percibir como la garantía del ejercicio y disfrute de los Derechos Humanos se convierte paulatinamente en una ilusión de la que vamos despertando a través de las miserias y dramas que viven las familias que son desahuciadas, las que caen en la exclusión castigadas por el desempleo, las que son discriminadas por ser inmigrantes, y un largo etcétera. A no ser que sintonicemos con un medio de comunicación que nos presente otro relato de la realidad completamente diferente.

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Cuatro policías en el banquillo y dos migrantes en la acusación

¿Insólito? Dejémoslo en una situación anormalmente atípica. No es que no se den motivos para que la escena se repita con mayor frecuencia. Desgraciadamente existen, pero razones fijadas en la relación debilidad social - poder y el reconocimiento de veracidad al policía por principio, consagran la asimetría en la impartición de justicia. No faltará quien invoque la existencia de un Estado social de derecho, pero también le asisten razones al que opina que la realidad es la propia de un estado social de "deshecho". 

Ocurrió el 14 de diciembre pasado en la Audiencia de Sevilla. Un policía local y tres de la nacional comparecían ante el Tribunal. Pape Seck y Birahim Mbengue, dos jóvenes senegaleses, les acusaban de delitos contra la integridad moral y faltas por lesiones.

Los hechos que motivaban la denuncia se remontaban al día 8 de septiembre de 2010 y la denuncia al día 20 del mismo mes. En la tarde de aquel día, en las inmediaciones del Edificio Nervión Plaza de Sevilla, Pape, dada la prohibición administrativa de trabajar, ejercía el top manta en la creencia de que así podría lograr el sustento sin ofender a nadie. Sí sabía de la persecución policial y por eso huyó con su mercancía ante la aparición de policías locales. Según afirmaron los denunciantes, uno de los policías le alcanzó en su carrera, de una zancadilla le derribó y colocándose sobre su cuerpo le cogió la cabeza y con ella martilleó el suelo repetidas veces. Un grupo de viandantes de la zona comercial que se había congregado al contemplar lo que creían un ensañamiento, gritaron e insultaron al policía. Pape no ofrecía oposición y estaba a merced de él.

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Ciudadanía antieuropea

Formalmente, el derecho comunitario reconoce a todos los ciudadanos europeos el mismo derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Éste y los demás derechos de la ciudadanía europea fueron concedidos por primera vez en el Tratado de Maastricht. Los Tratados de 1992 partieron de una visión de una "unión cada vez más estrecha de los pueblos europeos". Originalmente, esta unión se ha inspirado en la idea de reconocer a los ciudadanos europeos un estatus jurídico propio, situando la igualdad de trato más allá del Estado nación y al mismo tiempo respetando la diversidad de identidades nacionales de Europa. Pero tal como suele ocurrir muchas veces en la compleja relación entre idea y realidad política, la aplicación de estos derechos ha sido, y sigue siendo, otra.

Pitico (nombre ficticio) y su marido llegaron a España desde Rumanía hace un par de años. Tenían sus razones para abandonar su país de origen. El maltrato por las autoridades de su país, el no respeto de gran parte del resto de la población por permanecer a la "etnia gitana" y las dificultades económicas les llevaron a abandonar Rumanía y buscar su suerte en otro país europeo. Ella y su familia finalmente pudieron obtener la documentación necesaria para poder residir en territorio español. Comparada con la situación algunos de sus compatriotas rumanos pudieron decir que habían tenido suerte, porque eso ya no es lo habitual.

Los Estados miembros de la UE siempre se habían reservado la posibilidad de denegar el derecho de residencia a otros europeos. La directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo estableció que la estancia superior de tres meses sólo se podía conceder a los extranjeros europeos si ellos y su familia disponían "de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia". España adoptó esta parte de la directiva casi literalmente en el Real Decreto 240/2007. A esta restricción se añade otra. Aunque Rumania es miembro de la Unión Europea desde 2007 y los rumanos deberían poder disfrutar de los mismos derechos que los demás ciudadanos europeos, existió un periodo de tránsito de hasta 7 años.

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Concesión del premio Derechos Humanos 2016 a cinco lideresas colombianas

Patricia Ariza, una de las galardonadas, en un acto que organizó la APDHA en Cádiz el pasado octubre

El pasado 10 de diciembre, el área de Solidaridad de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, hizo público en Cádiz la concesión de su premio anual de Defensa de los Derechos Humanos a cinco lideresas colombianas, tres de las cuales pertenecen a Marcha Patriótica. Se trata de un movimiento social y político que se ha dedicado a la construcción de la Paz y a la defensa de los Acuerdos en el territorio. Por esa razón, sus integrantes están en el punto de mira de los sectores de la extrema derecha que están en contra de la paz. Hasta hoy, 124 de sus integrantes han sido asesinados (entre el 2011 al 2016).

Tanto en Colombia como en el mundo crece la alarma por el temor de que estos asesinatos sean el comienzo de un nuevo genocidio. Las integrantes y voceras de Marcha elegidas, son Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Patricia Ariza. Fueron seleccionadas igualmente, Jahel Quiroga y Luz Marina Bernal, importantes defensoras y lideresas colombianas.

PERFILES DE LAS GALARDONADAS:

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Soplamos las velas, pero los derechos humanos se siguen vulnerando

Las compañeras y compañeros que trabajamos diariamente por que se respeten los derechos humanos llegamos al 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, con sentimientos encontrados.

En Andalucía tenemos presentes las cifras de paro ( 28,5%), de familias en riesgo de pobreza y exclusión ( 43.8%) y a las que han desahuciado (10.694 en 2015); las agresiones y falta de derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual ; los auténticos calvarios por los que pasan las personas migrantes para intentar llegar a nuestro territorio, el drama de no tener derechos y el de ser expulsadas. Observamos la deriva represiva de la normativa que recoge la supresión de libertades democráticas y derechos fundamentales. Nos indignamos por los retrocesos en la sanidad y en la educación pública. Somos conscientes de que las personas encarceladas tienen menor acceso a la salud que el resto de la población, que no se las defiende a todas por igual y que sus derechos laborales no son iguales que los del resto.

Se trata de cifras y datos que deberían escandalizar y hacer reaccionar de inmediato a las administraciones de todos los ámbitos, pero que pasan sin apenas hacer ruido y sin ningún tipo de repercusión política.

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¿Y si lucháramos contra la violencia de género todos los días del año?

Imagen de una reciente manifestación contra la violencia de género

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual desde los 15 años. El 75% de las mujeres ha padecido acoso sexual en el trabajo. Se calcula que como mínimo unas 700-900 mujeres son asesinadas cada año en Europa a causa de la violencia de género.

A pesar de numerosas iniciativas legislativas, campañas de divulgación, concienciación y sensibilización, proyectos… no se aprecia una disminución en el porcentaje de agresiones, lo que puede deberse a que en muchos casos no se presentaban denuncias, bien por el temor de represalias del agresor, a la dependencia económica de la víctima respecto a aquél y a la inseguridad jurídica que supone el proceso a partir de la presentación de la denuncia.

Ante este sombrío panorama, parece que las distintas medidas adoptadas por las administraciones públicas no son suficientes. En primer lugar sería necesario, para dimensionar adecuadamente el problema, disponer de un sistema coherente de registro de datos en los distintos Estados miembros de la UE y, seguidamente, un verdadero compromiso ideológico que de modo transversal impregne todas las políticas públicas en materia de prevención, atención y coordinación de los distintos agentes implicados, además de una dotación presupuestaria suficiente.

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La retórica vacía de las políticas de igualdad

Son muchas las estrategias usadas por el poder para adueñarse de los  discursos rompedores, con ideología transformadora o que denuncian las injusticias sociales. Las  personas que trabajamos en visibilizar las constantes vulneraciones de los derechos humanos las conocemos sobradamente. Y es que el poder tiene el arte de nombrar determinadas cuestiones para ocultar otras. Nombrar para hacer invisible. Esta es la paradoja que vivimos día a día ante la retórica vacía de las políticas de la  igualdad que muchas administraciones quieren vendernos.

Las personas feministas asistimos atónitas a un discurso que no rompe en ningún momento el binarismo, un discurso que etiqueta lo que es y lo que  no es feminismo y que desde la "defensa de la igualdad" sigue promoviendo leyes que nos hacen día a día más desiguales.

Después del 25 de noviembre, estamos hartas de manifiestos cargados de buenas frases que proclaman la igualdad de hombres y mujeres, de la victimización y el paternalismo con el que nos tratan y de acciones puntuales y buenistas que no ponen en cuestión, en ningún momento, la verdadera esencia del problema.

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14 años después ¿por fin se cumplirá la ley? Entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad

El pasado 27 de octubre Unidos Podemos presentó en el Senado una moción solicitando la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Allí estábamos nosotros, la APDHA, junto con representantes de asociaciones de profesionales de la medicina como la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) o la Organización Médica Colegial de España (OMC) en la tribuna de invitados. Para todos nosotros la aprobación de esa PNL era importante porque llevábamos mucho tiempo defendiendo la importancia que esto tenía tanto para las personas presas como para los médicos que trabajan en los centros penitenciarios.

Justamente la transferencia de las competencias penitenciarias a las comunidades autónomas supone una de las acciones precisas para que mejore la asistencia médica de la población encarcelada y así lo hemos dicho en nuestro informe ─ La salud robada entre cuatro muros. La isla de la sanidad penitenciaria─ donde se recoge el trabajo realizado por esta asociación durante años.

Ante nuestra sorpresa, esta moción fue votada por unanimidad. Todos los senadores de todos los partidos políticos la apoyaron, consiguiendo así 251 votos a favor. La propuesta defendida por la APDHA en su último informe de sanidad se veía así ratificada por el Senado en pleno. Tras la indudable alegría inicial sobrevino una mezcla de extrañeza y preocupación. Estábamos contentos, eso era indudable. Pero ¿por qué estábamos contentos? ¿Porque los senadores habían dicho que iban a pedir al Ejecutivo que cumpliera la ley tras 12 años de espera? No parece mucho. Y se puede pensar ¿cómo están pidiendo hoy que se cumpla algo que los Ejecutivos – tanto del PP como del PSOE ─ debían haber cumplido hace doce años? Sin duda suena extraño. Trataremos de explicarlo.

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¿Qué quieres que te diga? ¿Que te paro porque eres negro?

Imagen de la portada del estudio 'Identificaciones basadas en perfil étnico en Granada', realizado mediante observación y entrevistas directas

Un informe realizado por APDHA, en colaboración con IPAZ-UGR, confirma lo que muchos sospechábamos: determinadas minorías étnicas sufren desproporcionalmente más identificaciones por la parte de la policía que la población mayoritaria.

¿Qué dicen las cifras siguiendo el estudio llevado a cabo en la estación de autobuses de Granada? Que a las personas con piel negra se las identifica hasta 42 veces más que a las de piel blanca y de rasgos caucásicos; a la población gitana hasta 12 veces más que a la mayoritaria; la magrebí hasta 10 veces más y la latinoamericana hasta 8 veces más que a la población caucásica.

Pero, ¿qué hay detrás de esos números? Nos encontramos a Cheikh, de piel negra, que perdió sus papeles al quedarse sin trabajo y no poder renovar su tarjeta de residencia y que tiene miedo de ir a Correos a enviar dinero a su familia por si le detienen. Y a Omar, con rasgos bereberes, al que, aunque sí que tiene papeles, le identifican una y otra vez cuando va a jugar al fútbol los jueves por la tarde con sus compañeros o cuando conduce. Leopoldo nos cuenta que la policía lo para siempre a él, y no a sus amigos sin rasgos indígenas. Y György está cansado de que lo identifiquen permanentemente por ser de origen Roma (gitano de Europa del Este). Pero también a Thioro, que tenía ya fecha de boda con su pareja, y al que identificaron, enviaron a un CIE y en 15 días se encontró en Senegal. La lista es interminable.

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