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Cuando los Presupuestos Generales del Estado echan por tierra el derecho a la salud

Empecemos explicando qué es el Trevicta. Se trata de un medicamento de administración trimestral para pacientes libres que padecen esquizofrenia. Si les ha extrañado ese adjetivo, ‘libre’, detrás de ‘pacientes’, se lo explico. Las personas que sufran esquizofrenia y que están en libertad podrán tomar Trevicta, pero las personas presas no. Una carta de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria a los centros penitenciarios, del 2 de junio, limitaba el acceso a este medicamento. El pasado 30 de junio, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria denunciaron esta limitación de fármacos. No es la primera vez que la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria trata de poner límite al acceso de las personas presas a los medicamentos en igualdad de condiciones que a enfermos/as de la población general, yendo totalmente en contra de lo establecido por la Constitución, y no es la primera vez que las organizaciones médicas se rebelan frente a esta situación.

Y pienso en el Trevicta cuando veo los recortes que se han realizado en el ámbito penitenciario en los Presupuestos Generales del Estado aprobados recientemente en el Congreso y en el Senado. La senadora Maribel Mora Grande, portavoz adjunta de Unidos Podemos, en  su intervención para explicar el veto al Presupuesto, hizo una muy interesante revisión de qué partidas se habían recortado y cuáles no.

Comencemos por la Sanidad. El Gobierno se había comprometido a realizar la transferencia sanitaria a las comunidades autónomas siguiendo lo que ya se hizo en el País Vasco y su plan era hacerlo traspasando a las comunidades autónomas las partidas establecidas para la sanidad penitenciaria en los presupuestos. Las comunidades autónomas se llevarán una desagradable sorpresa cuando vean estos presupuestos. Se encontrarán que lo que ha hecho el Gobierno es reducir drásticamente estas partidas. Se reduce un 13% en medicamentos, un 32% en conciertos de asistencia sanitaria y un 2% en alimentación. Si en el  Informe de 2016 el Defensor del Pueblo decía estar muy preocupado por la situación de la sanidad en las Prisiones, en 2017 intuimos que tendrá que estarlo más.

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La conciencia de Zoido

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía nos encontramos indignados por lo que el Gobierno español propone por boca de su ministro Zoido. Cabe deducir que el Gobierno asume y respalda las afirmaciones del ministro de Interior cuando este afirmó que "Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar la inmigración irregular, cuando esa inmigración irregular está dando lugar a que corran peligro en el Mediterráneo, como está sucediendo con demasiada frecuencia". De poco sirve que posteriormente y tras una contundente respuesta por parte de las organizaciones y colectivos sociales manifestara su "tristeza por la repercusión de sus palabras".

No es propio de un exjuez, que debe estar acostumbrado a utilizar las reglas y leyes para hacer justicia, el que las utilice en función de su política o la de su partido. En absoluto se le advierte sensibilidad ante la figura del fraude de ley.

Ciertamente las ONG deberían dejar de realizar las labores de rescate que están llevando a cabo, algo que se lograría si los gobiernos, ajustando su política a razones de justicia y derechos humanos, hicieran este trabajo innecesario al no obligarles a migrar en las condiciones infrahumanas y peligrosas en las que lo están haciendo. Mientras tanto, los gobiernos deberían agradecer a estas organizaciones que se hagan cargo de los restos del naufragio de sus políticas migratorias y griten exigiendo otras políticas.

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La ocupación de viviendas ha venido para quedarse

Activistas de la PAH cerca del Congreso.

La ocupación de viviendas, como modelo habitacional de quienes no tienen recursos para procurarse una casa en la que vivir, ha venido para quedarse.

La crisis que desde hace diez años azota a nuestra sociedad ha expulsado del sistema a numerosas familias, hasta ese momento básicamente normalizadas y estabilizadas. Esto se manifiesta en muchos casos en la pérdida de su vivienda habitual. Este estado de emergencia habitacional, con su secuela de desempleo, carencia de ayudas sociales e ingresos significativos, las ha obligado a resolver su alojamiento y subsistencia mediante la ocupación de pisos vacíos, para no caer en el hacinamiento, infravivienda o a vivir en la calle.

Hoy en nuestras ciudades se da la irracional e inhumana situación en la que coexisten miles de viviendas vacías y miles de familias sin derecho a ellas. Y carecer de vivienda no es sólo carecer de techo. Es también carecer de un hábitat estable donde desarrollar nuestra vida personal y familiar, con equilibrio y estabilidad, con lo que esto supone para la salud física y mental. Y es, además, no contar con los suministros básicos y suficientes. Es, en definitiva, carecer de las mínimas condiciones para una vida digna.

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Derechos de las personas refugiadas: La urgencia palestina, ser antisionista y el movimiento BDS

Logo de la campaña BDS

El 20 de junio se celebra el día mundial de las personas refugiadas. Mucha gente se ha aproximado al concepto del derecho de asilo a raíz de la crisis de las personas que huyen de la guerra de Siria. Pero lo cierto es que las personas refugiadas proceden de otros muchos países, en los que la injusticia campa a sus anchas. Y no es un fenómeno de ahora, como muestra la existencia de cientos de miles de personas refugiadas palestinas desde hace ya setenta años

Según la Agencia de las Naciones Unidas para la personas Refugiadas Palestinas, estas son “aquellas cuyo lugar de residencia habitual bajo el Mandato Británico era Palestina y entre Junio de 1946 y mayo de 1948 perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la Guerra árabe-israelí de 1948”.

Sesenta y nueve años han pasado desde el momento de la Al-Nakbah (termino árabe que significa “catástrofe” o “ desastre”, utilizado para designar al éxodo palestino) y las violaciones de los derechos humanos ejercidos sobre pueblo palestino, por parte del Estado de Israel, se perpetúan.

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¿Feminismo y trabajadoras sexuales? Una alianza ¿posible – necesaria?

En la APDHA concebimos que una sociedad igualitaria sólo puede ser construida con la participación de todas las voces. Por ello, nos une al feminismo la preocupación por mejorar las condiciones de vida de las mujeres, de todas las mujeres, y entre ellas están, por supuesto, las trabajadoras sexuales. El hablar de éstas últimas separa a las feministas - de ahí el intenso debate- y las formas para conseguirlo: desde el reconocimiento de su actividad como un trabajo legítimo y la defensa de sus derechos laborales o desde el objetivo final de la abolición de la prostitución.

Desde que en APDHA  empezamos a trabajar con personas que ejercen el trabajo sexual nos dimos cuenta de que, si queríamos acercarnos a su realidad compleja, el principal obstáculo que teníamos que superar sería el de nuestros propios prejuicios. Y es que, cuando hablamos de la sexualidad, sobre todo de las mujeres, nos encontramos con un sinfín de juicios morales que nos llevan a rechazar la idea de que una mujer pueda hacer uso de su sexualidad para obtener beneficios económicos de forma libre, legítima y digna.

Por ello, antes de marcarnos ninguna intervención concreta, decidimos acercarnos al colectivo sin más  estrategia ni intención que la de escuchar/observar/conversar.

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El dogma del cierre de fronteras, como el de la Santísima Trinidad

Si algo muestran de forma recurrente los  informes que venimos realizando desde APDHA sobre la evolución de los flujos de inmigración y de asilo en nuestras fronteras, es que las políticas migratorias y sus impulsores se han convertido en una máquina implacable de generar sufrimiento, provocar muertes y violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes o que buscan refugio.

Una apreciación nada exagerada que confirman otros análisis recientes sobre el mismo tema, como el realizado por  Iridia, Novact y Fotomovimiento o el de Caminando Fronteras, o los recurrentes de  CEAR o Amnistía Internacional.

Pero estamos hablando de 14.128 personas. Es la cifra de entradas en España por la Frontera Sur que ha contabilizado la APDHA en su informe. Muy lejos de las entradas de personas que se han producido en Italia o Grecia. Si atendemos a las cifras proporcionadas por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en España ha llegado tan sólo un 3,4% del total de llegadas a Europa en 2016. Es decir, apenas cuatro de cada cien personas llegadas a Europa lo han hecho por la frontera Sur española.

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Las mujeres en la cárcel: las eternas olvidadas

Cuando escuchamos las palabras “prisión”, “cárcel” o “centro penitenciario” se nos viene a la mente la imagen de un hombre de mediana edad, con tatuajes, desaliñado, con el típico mono naranja, tan habitual en la pequeña y gran pantalla. Pero la verdad no es esa; es más, a través de estos estereotipos ocultamos extensas realidades del mundo penitenciario, tan ajeno a la vida cotidiana, que son esenciales para comprender la sociedad como tal.

Dentro de este mundo tan lejano para la mayor parte de la población debemos destacar una fundamental: la mujer en la prisión. Como tal, la figura femenina en el derecho penitenciario español no ha sido muy estudiada; incluso podríamos decir que el ordenamiento jurídico la ignora. Tal y como apunta la investigadora Ana Ballesteros -perteneciente a la Red de Temática Internacional sobre Género y Sistema Penal- “en nuestro país la política penitenciaria ha sido diseñada para el preso mayoritario, que es el varón”.

De ahí que debamos atender a las consecuencias derivadas de este sistema heteropatriarcal que acaba atentando contra el principio de reintegración social del derecho penal y que lo único que propicia es un aumento de la población femenina marginada en la sociedad. Nos gustaría recordar que España, con un 7,8% de población femenina reclusa, encabeza el ranking europeo de población penitenciaria femenina, superando claramente la media europea (aproximadamente un 5%).

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Vivienda: sigue ganando la banca y mientras, las administraciones, ni están ni se las espera

Hace más de cuatro años, el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda pedía a la Junta de Andalucía que declarara el “Estado de Emergencia habitacional en Andalucía”. El objetivo principal era que las administraciones pudieran responder de forma urgente y coordinada para dar respuesta a una situación que afectaba a una parte muy importante de la población andaluza. La Consejería de Vivienda y el Gobierno andaluz, por aquellos años formado por la coalición PSOE e IU, dijeron que no y miraron para otro lado argumentando que estaban elaborando una Ley que sería, así se vendió, casi “la panacea”. La Ley de la Función Social de la Vivienda se aprobó en el Parlamento Andaluz y el gobierno central, del PP, presentó recursos contra artículos de la ley prometiendo también que legislaría para afrontar este tema y que sería “la panacea II”. La Junta vendió humo con las expropiaciones y las multas. El Gobierno central puso a buen recaudo a la propiedad privada. ¿Y la banca? Bien, gracias.

En el año 2016 se han producido, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 67.030 desahucios. Cifras muy similares a los de los años anteriores. Poco o nada ha cambiado la situación desde hace cuatro años, cuando parecía que las administraciones encararían, de una vez por todas, unas demandas de la sociedad civil bien organizada: se paraban desahucios, se ocupaba en colectivo, se denunciaba a la banca y se consiguió socializar lo que las administraciones hubieran querido que siguieran siendo "fracasos personales" que culpabilizaban, una vez más, a quienes eran las víctimas de un sistema radicalmente injusto. Un sistema fuerte para con las personas débiles y blando para con los fuertes, quienes habían convertido lo que debiera ser de uso público en un objeto de especulación y enriquecimiento espurio.

La Junta de Andalucía nunca ha entendido, ni querido entender, lo que significa la defensa activa de un derecho humano como es el de la vivienda. Desde APDHA hemos defendido, como no puede ser de otra manera, el derecho a la vivienda para todas las personas: las sin techo, las que malviven en asentamientos chabolistas, las que están ocupando, las que malviven en infraviviendas, las jóvenes con pocos recursos para emanciparse, las que malviven hacinadas en pisos de 30 m2… Ahora, que los desahucios por impago de alquiler superan a los desahucios por impagos hipotecarios, la Consejería de Fomento y Vivienda pone el foco en los segundos para volver a vender humo y demagogia con lo que llaman el Anteproyecto de Ley del Derecho de tanteo y Retracto en Desahucios, desplegando una cantidad ingente de medios ─los que suponen aprobar una ley─ para conseguir menos de diez viviendas por provincia al año, cuando tenemos constancia, y la Consejería también, de que los casos de emergencia habitacional se cuentan por miles en Andalucía.

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El paso (atrás) de El Tarajal II para las porteadoras

La apertura titubeante de El Tarajal II, con pasos adelante y atrás, con normas contradictorias, con cierres y aperturas indiscriminadas, está creando una grave situación para las personas que portan mercancías en la frontera de Ceuta. Las avalanchas se suceden a diario, los malos tratos y las condiciones inhumanas de trabajo son la moneda corriente en la frontera de Ceuta en la que las violaciones de derechos humanos se incrementan y perpetúan.

Tras la muerte de una porteadora en una de estas avalanchas, un equipo de la APDHA nos desplazamos, el pasado 27 de marzo, al polígono el Tarajal en Ceuta.

Esta visita se desarrolló con varios objetivos: atender la solicitud de varios empresarios del polígono de reunirse con la APDHA, conocer de primera mano la situación del polígono tras la apertura del paso de El Tarajal II y verificar la situación general hasta donde se nos permitiese el acceso, además de nuestro objetivo principal y permanente; conocer las condiciones en las que se está desarrollando la actividad del porteo de mercancías tras la publicación de nuestro informe.

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La república desde la perspectiva de los derechos humanos

Asistimos a tiempos de democracias con vocación de imperfectas en las que avanza la desigualdad, retrocede la libertad y se penaliza la fraternidad.

Los países en los que se generó la ilustración, el contrato social, la ruptura con el antiguo régimen, la Declaración Universal de Derechos Humanos…la Europa de las libertades, el occidente de las libertades, parece haber renunciado a la búsqueda de un mundo mejor para emprender el retroceso hacia sistemas autoritarios, desiguales e insolidarios.

Los derechos humanos, tan semejantes en su formulación a los valores republicanos, son los principios de la convivencia que están en juego y que los pueblos estamos perdiendo.

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