Hay una sensación cada vez más generalizada de que hemos entrado en una fase en la que ya da igual todo. Da igual vulnerar derechos humanos a gran escala o banalizar siglos de opresión en un gesto público.
El lunes asistimos, pese a las numerosas voces que le venían aconsejando lo contrario, al blackface del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. El blackface no es un disfraz inocente: arrastra una historia de burla, deshumanización y negación de la dignidad de las personas negras. Reducirlo a una broma o a una tradición es ignorar deliberadamente esa carga histórica y enviar un mensaje claro: hay heridas que pueden tomarse a la ligera, hay andaluces y personas extranjeras que aquí residen que, para no aguar la fiesta, deben resignarse y callarse.
Quienes señalamos el racismo del blackface somos acusados de exagerar, de no tener sentido del humor, de importar conflictos ajenos. El mensaje implícito es claro: mejor no molestar, mejor aceptar la broma, mejor asumir que hay celebraciones en las que algunas dignidades sobran. Pero esto va de quién paga el precio del silencio. Cuando se exige a unos que callen para no estropear el ambiente y a otros que relativicen porque “hay cosas más importantes”, lo que se está protegiendo no es la convivencia, sino el privilegio de no tener que rendir cuentas.
Es la misma lógica con la que durante años se ha normalizado reír las astracanadas de Donald Trump. Se presentaban como extravagancias, provocaciones de alguien un poco maleducado o infantil pero genuino, natural, sin consecuencias reales. Se pedía paciencia, distancia, sentido del humor. Y mientras tanto, el discurso del odio se institucionalizaba, se desplazaban los límites de lo decible y se acostumbraba a la sociedad a convivir con lo inaceptable.
Que este episodio de la Cabalgata de Reyes Magos con poca magia y menos ángel se diluya en la indolencia en la que chapoteamos últimamente refuerza una idea peligrosa: que la dignidad también es negociable, que depende del contexto, del cargo o del clima mediático. Y cuando se acepta eso en lo simbólico, en lo estructural encuentra un terreno fértil para avanzar sin resistencia.
La normalización de que el poder pueda dañar sin asumir el daño, que la incomodidad recaiga en quien protesta o defiende a los vulnerables, no llega como ruptura, sino lentamente, por sedimentación, generando la indiferencia moral de la sociedad
Aunque a priori, las hechuras de nuestro presidente y el de los Estados Unidos de América puedan parecer antagónicas, ambos son pertinaces compartiendo un mismo objetivo: la conversión del daño en espectáculo y del abuso en algo asumible. Primero se presenta como provocación, luego como costumbre y finalmente como paisaje. Así, se desplaza el umbral de lo intolerable hasta que reclamar derechos parece exagerado y exigir respeto, molesto. La probadura de los límites simbólicos prepara la normalización de abusos más graves, como amenazar, intervenir y apropiarse de recursos estratégicos de otros países.
La normalización de que el poder pueda dañar sin asumir el daño, que la incomodidad recaiga en quien protesta o defiende a los vulnerables, no llega como ruptura, sino lentamente, por sedimentación, generando la indiferencia moral de la sociedad. Desde el enfoque de derechos humanos, esta indiferencia lejos de ser neutral es profundamente política. La universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos no significan que todo sea igual, sino que todo importa. Pero esa lógica se resquebraja cuando el relativismo cultural y político deja de servir para comprender la diversidad y pasa a funcionar como coartada: se diluye la responsabilidad hasta que ya no queda nadie a quien exigirle nada.
En paralelo, se ha desacreditado la validez del multilateralismo y de los organismos internacionales, privándolos de recursos y autoridad. No porque no funcionen, sino porque aún funcionan lo suficiente como para incomodar: para recordar que existen reglas comunes, responsabilidades compartidas y límites que Trump, Milei o Putin y sus aliados prefieren ignorar. Al mismo tiempo, hemos cedido el poder colectivo –que antes confiábamos a partidos y estructuras colegiadas– a individuos, confundiendo su bisoñez con nuevos liderazgos disruptivos y sus gestos provocadores con audacia. Hemos premiado la estridencia y permitido que instrumentalicen el derecho para su beneficio empresarial o personal, normalizando la concentración del poder y debilitando las estructuras que antes contenían los abusos.
Aunque individualmente no estamos cómodos con este ruido constante, refugiarse en nuevas espiritualidades de escaparate o volver a dios como gesto estético no lo va a acallar: no se trata de consuelo, sino de asumir responsabilidad. Los derechos humanos no son fe ni emoción: son una ética universal construida en común para cuando el mundo parece desorientado. Quizás, el verdadero desafío no sea inventar nuevos relatos, sino sostener esta ética mínima, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando todo invita a abandonarla. Esta ética no exige creencias, sino coherencia, y obliga a mirar el racismo banalizado, el autoritarismo justificado y la normalización de ilegalidad internacional con el mismo criterio: el de la dignidad humana.
Trump no necesita disimular ni guardar las formas, porque llevamos tiempo aplaudiéndoselo, y ya no oculta que todo lo hace en beneficio de quienes sí le importan, los ultrarricos
Maduro ha cometido graves violaciones de derechos humanos, con represión, persecución de la disidencia y degradación institucional que no pueden justificarse ni ignorarse. Pero denunciar esos abusos no significa que el Derecho Internacional pueda ser ignorado: el secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores, junto con las sanciones unilaterales y las operaciones militares recientes de Estados Unidos sobre Venezuela, vulnera flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, ignora la soberanía y la dignidad de un pueblo y sienta un precedente muy grave que amenaza la estabilidad internacional.
Trump, primero con Ucrania, luego con Gaza, Siria y ahora con toda América Latina, ha ido jactándose con cada vez menos reparo de poder desplegar gobiernos paralelos allí donde quiere, de apropiarse de recursos estratégicos y violar normas nacionales e internacionales. En esta última comparecencia, tras la captura de Maduro, no ha mencionado las palabras “derechos humanos” o “democracia”, ni el supuesto beneficio que toda esta política de asedio pudiera, hipotéticamente, reportar al mundo, ni tan siquiera al estadounidense medio. No necesita disimular ni guardar las formas, porque llevamos tiempo aplaudiéndoselo, y ya no oculta que todo lo hace en beneficio de quienes sí le importan, los ultrarricos. Ese silencio impuesto sobre la democracia, sobre la vigencia de las leyes y sobre la protección de los intereses públicos –la dignidad colectiva, la igualdad como pueblo y como personas– se refleja, a menor escala, en el silencio que se exige a quienes sufren racismo, para que la incomodidad no rompa la ilusión –la de algunos más que la de otros–.
Los derechos humanos no se erosionan solo cuando se violan, sino cuando se relativizan hasta volverse irrelevantes: cuando se acepta que algunas dignidades pueden sacrificarse, que ciertos daños son asumibles y, al final, que ya da igual todo.
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