Según datos oficiales, en el año 2023 fallecieron un total de 212 personas que se encontraban bajo custodia de la Administración Penitenciaria, de las cuales 169 personas dependían de la Administración General del Estado, 33 de la de Cataluña y 10 de la del País Vasco. A finales del mes de noviembre de 2024 aún estaba pendiente determinar la causa del 36% de esas muertes (76 personas).
La doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de investigación de muertes bajo custodia es clara: «la investigación ha de ser exigente, suficiente y efectiva, debido a la existencia de una situación de especial vulnerabilidad».
Según los informes de mortalidad de Instituciones Penitenciarias, la principal causa de muerte violenta es el suicidio. Las entidades que trabajamos en el ámbito penitenciario llevamos años denunciando la conexión directa entre el uso del aislamiento y medios coercitivos y el riesgo de suicidio.
Por su parte, los organismos nacionales e internacionales alertan al Estado Español para corregir sus deficiencias en materia de prevención de suicidios. A modo de ejemplo: en el año 2022, el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo de Prevención de la Tortura, formulaba una Recomendación sobre la “conveniencia de suspender toda situación que implique el aislamiento de una persona cuando se detecta riesgo de suicidio”.
Otro ejemplo lo tenemos con la Recomendación formulada por la misma institución en 2024, relacionada con “la importancia de mantener el seguimiento de las personas cuando cursan baja en el programa de prevención de suicidios, tratando de evitar que vuelvan a retornar a una situación de aislamiento, especialmente cuando se trata de personas que estaban en régimen cerrado” o la Recomendación formulada ese mismo año para “garantizar un reparto adecuado de la medicación cuando se haya detectado una situación de riesgo que haya determinado la inclusión de la persona en un programa o protocolo específico, como podría ser el de prevención de suicidios o sobredosis”.
El pasado 6 de julio la Coordinadora de Familias y pres@s nos trasladaba la fatal noticia del fallecimiento de J.R, preso en la cárcel de Huelva, tras sufrir un prolongado aislamiento
Sin embargo, los posicionamientos de los organismos nacionales e internacionales en la materia se limitan a meras recomendaciones o sugerencias, carentes de fuerza coactiva frente al no acatamiento de sus resoluciones.
Algo está fallando si el 93,5 % de las personas que se suicidaron en 2023 no se encontraban incluidas en el programa de prevención de suicidios y un 41,9 % habían estado en algún momento anterior en dicho programa, pero ya no lo estaban en el momento en que se quitaron la vida.
El pasado 6 de julio la Coordinadora de Familias y pres@s nos trasladaba la fatal noticia del fallecimiento de J.R, preso en la cárcel de Huelva, tras sufrir un prolongado aislamiento. Un preso que padecía patologías mentales y que había tenido aplicado el protocolo de prevención de suicidios. Una vez más, el aislamiento tuvo consecuencias irreversibles a pesar de los esfuerzos realizados para alertar a la Administración de la desesperada situación en que se encontraba J.R.
La Coordinadora de Familias y pres@s, que actúa a nivel nacional, junto con el apoyo de diversas entidades del entorno penitenciario ha solicitado al Defensor del Pueblo Español que abra una investigación urgente e independiente para aclarar lo sucedido, así como la revisión del cumplimiento efectivo de los protocolos de prevención del suicidio en dicho centro penitenciario.
Es necesario acabar con el aislamiento penitenciario porque contribuye directamente al riesgo de suicidio y porque es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mientras tanto, es urgente revisar y limitar su uso especialmente en personas con riesgo de suicidio o con patologías mentales, como recomiendan los organismos nacionales e internacionales como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa o el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas, encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes vuelve a pedir a España la revisión del régimen cerrado.[3]
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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