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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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Carta abierta desde la Macarena: sobre cómo las patrullas vecinales y los boinas rojas degradan nuestro barrio

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Juanjo G. Marín

Socio de APDHA y vecino del barrio de la Macarena —

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Hace ya más de 20 años que resido en el barrio de la Macarena y puedo afirmar con orgullo que no hay otro lugar, ni en la ciudad de Sevilla ni en ninguna otra parte del mundo, donde preferiría vivir. Si, me encanta vivir en un barrio de clase trabajadora y multicultural, en el que al cabo de los años he tejido relaciones de buena vecindad y amistad, en un lugar donde la diversidad y la convivencia han sido siempre santo y seña de la identidad colectiva. Adoro mi barrio y eso, sin embargo, no me impide ser plenamente consciente de los problemas que sufrimos y que se han agravado durante los últimos años.

Porque mi barrio no es un barrio rico. Porque en mi barrio, como en el resto de barrios de clase trabajadora, se sufren las consecuencias de la subida de los precios, que complica más la vida a un creciente número de personas. Porque en mi barrio se siente la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, lo que condena a la pobreza a quienes no tienen un hogar en propiedad. Porque en mi barrio, donde se concentran la casi totalidad de los escasos recursos de atención destinados a las personas sin hogar de la ciudad, se percibe cada vez más un aumento de una pobreza que arroja a la calle a cientos de personas (según el INE entre 2022 y 2024 el número de Personas Sin Hogar aumentó en un 57,5%). Mi barrio, en resumen, tiene muchos problemas y, no obstante, el peor de ellos es la intolerancia y el odio, que se extienden como consecuencia directa del surgimiento de las autodenominadas “patrullas vecinales” y del despliegue de los boinas rojas, una nueva unidad de la Policía Local que emplea los mismos métodos y formas que el ICE, la policía migratoria de Donald Trump.

Porque hace ya más de 20 años, cuando me mudé a la vivienda que aún hoy comparto con mi pareja, comprendí perfectamente que me trasladaba a un barrio trabajador, con carencias en equipamientos públicos, con escasas de zonas verdes, con problemas de limpieza y donde también, hace ya más de 20 años, había personas que, estando en situación de exclusión social, se ganaban la vida ejerciendo de “gorrillas” (una palabra que detesto, por cuanto deshumaniza a las personas que se ven obligadas a ejercer esa actividad, y que, por tanto, no volveré a utilizar en este artículo).

Pero, ¿qué es lo que ha pasado durante estas dos últimas décadas? ¿Tanto se ha degradado la situación? Lo más relevante es que el abandono municipal ha cronificado y agravado los problemas que ya veníamos sufriendo. Y de ello han sido responsables gobiernos municipales de diferente color y signo, aunque, en honor a la verdad, nunca como ahora, bajo el mandato de José Luis Sanz, los vecinos y vecinas nos hemos sentido tan abandonados.

Y, ante todo esto, ¿cuál ha sido la reacción del Ayuntamiento de Sevilla? Pues el señor José Luis Sanz, ante el conato de incendio que sufre mi barrio, ha optado por echar más gasolina al incendio. Porque, igual que el árbol nos impide ver el bosque, las llamas ocultan la incompetencia municipal

Porque el Ayuntamiento prefiere destinar los recursos públicos para la limpieza a las zonas más turísticas, discriminando tanto a mi barrio como a la mayoría de barrios de la ciudad. Porque mi barrio sigue careciendo de zonas verdes y me basta con asomarme al balcón para ver cómo la mayoría de alcorques de mi calle, en los que deberían arraigar árboles que nos dieran cobijo y sombra, están vacíos. Porque hace ya años que se cerró el Centro Deportivo Municipal ‘Virgen de los Reyes’, las únicas instalaciones públicas para practicar deporte que existían. Y porque el recorte de plazas en el albergue municipal, unido al aumento de personas en situación de sinhogarismo, hace que aún sean más quienes, ante la imposibilidad de acceder a una cama, pernoctan en plena calle, al abrigo de cartones y mantas.

Ese es el contexto en el que surgieron las autodenominadas “patrullas vecinales”. La puesta en escena resultó escalofriante, pues durante sus primeras batidas individuos enmascarados amenazaban y expulsaban de la zona no solo a quienes aparcaban coches irregularmente, sino a cualquier persona sospechosa de ser pobre. Estas imágenes fueron las que saltaron a los medios de comunicación y colocaron en el foco al barrio de la Macarena. Ante las críticas, esas patrullas se apresuraron a informar que se habían establecido ciertas “normas”, como no ir enmascarados o dirigir sus acciones exclusivamente contra los aparcacoches. No obstante, en redes sociales han circulado vídeos en los que grupos más reducidos, que siguen ocultando sus rostros, hostigan, amenazan e insultan a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Aunque la mayoría de estas imágenes se retiran de las redes en cuestión de horas e incluso minutos, agresiones de esta índole se están produciendo porque se ha creado el caldo de cultivo que las justifica. Ojalá no tengamos que lamentar ninguna desgracia irreparable.

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Hay que reconocer que la mayoría de las personas que han participado en estas patrullas son vecinos y vecinas cuya intención no es otra que denunciar la situación de degradación que sufre el barrio. Entre ellos, no obstante, también se ocultan algunos individuos con intenciones más perversas. Por ello, creo que la solución no puede ser la confrontación física y directa con quienes piensan diferente, sino el diálogo, el debate, la pedagogía y el trabajo de base, para que todos los vecinos que quieren una mejora para su barrio comprendan que los responsables de los problemas que padecen no son quienes menos tienen, sino los responsables políticos que nos han conducido a esta situación.

Permítanme que les traslade un caso particular. Se trata de una vecina que vive en mi mismo edificio. Su familia, como ella misma nos ha explicado, llega a fin de mes con una exigua pensión. Ella no solo participa fervorosamente en las patrullas, sino que, cada día y a todas horas, intenta convencernos al resto de vecinos que nos incorporemos a las mismas. Durante las últimas semanas no tiene otro tema de conversación y el argumento que más repite es que “no os dais cuenta de que esa gente gana cada día más dinero que cualquiera de nosotros”. Para ella, quienes aparcan coches de manera irregular son los causantes de todos sus males y desdichas, a pesar de que nadie en su familia tiene siquiera coche. Y esa es la gran amenaza que enfrenta nuestro barrio: un discurso que fomenta el odio para que la gente humilde dirija toda su frustración contra aquellos que aún tienen menos. Es la guerra del pobre contra el que es aún más pobre. Es el éxito de un modelo de ordenamiento social que pretende que amemos a quienes nos oprimen a costa de odiar a quiénes todavía sufren más.

Y, ante todo esto, ¿cuál ha sido la reacción del Ayuntamiento de Sevilla? Pues el señor José Luis Sanz, ante el conato de incendio que sufre mi barrio, ha optado por echar más gasolina al incendio. Porque, igual que el árbol nos impide ver el bosque, las llamas ocultan la incompetencia municipal. Hace tres semanas, en comunicado oficial, el gobierno municipal acusaba directamente a la población migrante de ser causante de los problemas de seguridad que sufre El Cerezo y tuvo que ser la propia Policía Nacional quien desmintiera semejante bulo. Apenas una semana después el señor Sanz anunció la creación de una nueva unidad policial, el Grupo de Apoyo y Reacción, del que forman parte los agentes de la Policía Local más hormonados y asiduos al gimnasio, a quienes se ha vestido con un uniforme paramilitar y con una llamativa boina roja. El primer cometido de estos agentes fue su despliegue en la zona de la Macarena, definida como un “barrio marginal”. El problema de fondo es que el alcalde de Sevilla no conoce la ciudad que gobierna. Fundamentalmente porque reside en un chalet del Aljarafe y porque solo ha pisado mi barrio y otros como el mío durante la campaña electoral o para hacerse alguna foto propagandística.

Todos los vecinos y vecinas que asistimos con perplejidad e incluso frustración ante este devenir de los acontecimientos tenemos la obligación de actuar. De manera pacífica y pedagógica. Poniendo encima de la mesa soluciones reales a los problemas que padecemos. Y, sobre todo, señalando a los verdaderos responsables de la situación, en lugar de criminalizar a quienes lo pasan aún peor que nosotros y nosotras

Hace semana y media pude comprobar con mis propios ojos el proceder de los boinas rojas. Caminaba por mi calle junto a mi pareja y apenas unos pasos por delante circulaba un joven cuyo único pecado era tener un color de piel más oscuro que el mío. Todo sucedió muy rápido. En un santiamén, tres roperos empotrados y con boinas rojas rodearon repentina y agresivamente al joven, al que, sin razón aparente que lo justificara, cachearon y exigieron su documentación. Algunas de las personas que observamos la escena intentamos pedir explicaciones, sin recibir respuesta por parte de unos agentes que acordonaron un perímetro alrededor del joven que estaba siendo retenido. Diez minutos después el joven recuperaba su libertad, porque no había hecho nada que justificara la actuación policial. El daño, sin embargo, ya estaba hecho.

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Esta es la situación que se vive en mi barrio. Ya no solo hemos de sufrir las arbitrariedades de quienes juegan a ejercer de policías, sino que hay una unidad policial que actúa como si fueran fuerzas de ocupación en un territorio hostil, en lo que definen como una “una zona conflictiva”. Y es que la Macarena tiene muchos problemas, pero ninguno de ellos se va a solucionar con patrullas vecinales o con boinas rojas. Por ello, todos los vecinos y vecinas que asistimos con perplejidad e incluso frustración ante este devenir de los acontecimientos tenemos la obligación de actuar. De manera pacífica y pedagógica. Poniendo encima de la mesa soluciones reales a los problemas que padecemos. Y, sobre todo, señalando a los verdaderos responsables de la situación, en lugar de criminalizar a quienes lo pasan aún peor que nosotros y nosotras.

Aunque personalmente no me apetezca mucho, la próxima vez que me cruce en el portal de mi edificio con la vecina que apoya las patrullas vecinales, haré de tripas corazón e intentaré, con toda la educación del mundo, explicarle que es importante que denunciemos los problemas que padece el barrio, pero que lo más sensato es hacerlo frente a la sede del Distrito Macarena o incluso frente al propio Ayuntamiento, señalando a los verdaderos responsables de la situación que padecemos. Porque la solución nunca puede ser criminalizar a las personas más vulnerables.

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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