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La Guardia Civil cifra en 1.298 millones las ayudas de la Junta a formación sin justificar en 12 años

Agentes de la UCO entregan a la jueza Alaya un informe de 30 páginas en el que ofrecen esa cifra, extraída en base al archivo informático entregado el 25 de julio de 2014 por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

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   La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado a 1.298.722.878,04 euros la cantidad que la Junta de Andalucía habría concedido en ayudas a la formación entre los años 2002 y 2014 sin que se haya justificado por parte de las distintas entidades beneficiarias el destino dado a esas cantidades.

   En un atestado entregado a la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil explica que dicha cifra ha sido extraída en base al archivo informático entregado el 25 de julio de 2014 por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en el que se contenían una serie de registros vertidos por la aplicación informática de la Junta llamada 'Júpiter' relativos a las subvenciones de formación correspondiente al periodo 2002-2014.

   De este modo, y una vez ordenadas las subvenciones por año y, a continuación, verificados para cada una de éstas los apuntes contables relativos a las 'OP' (órdenes de pago) y las 'J' (justificaciones), los agentes han podido determinar, del diferencial existente entre ambas órdenes, que el importe pendiente de justificar por cada una de las entidades beneficiarias asciende a un total de 1.298 millones de euros.

   La UCO destaca que "dicha cantidad a justificar alcanzaría su cota máxima en los ejercicios 2010 y 2011, con 347 y 339 millones de euros, respectivamente", mientras que "un segundo tramo destacable sería el comprendido entre los ejercicios 2007 y 2009, con 110, 203 y 121 millones de euros, respectivamente".

   En este sentido, los agentes valoran en este atestado, fechado el pasado 30 de abril, la "tendencia alcista" de las cantidades a justificar, "que se acentúa en el intervalo 2007-2012, si bien disminuye de manera considerable a partir de entonces".

SEVILLA, MÁLAGA Y LOS SERVICIOS CENTRALES

   De igual modo, los agentes han analizado las distintas subvenciones en atención al parámetro del órgano gestor responsable y han realizado una aproximación respecto a las cantidades pendientes de justificar por las entidades beneficiarias y cuya fiscalización "recaería sobre los precitados órganos gestores, encargados en las acciones formativas subvencionadas, de sus distintas fases de adjudicación/concesión, control y fiscalización".

   La UCO destaca que, atendiendo a las cantidades pendientes de justificar clasificadas por el órgano gestor, "se observa que Málaga, Sevilla y las subvenciones con código 98 --Servicios Centrales-- son las que mayor cuantía presentan", con 68,1, 66,9 y 546,7 millones de euros, respectivamente. También destaca Córdoba, con 47,5 millones; Cádiz, con 44; Granada, con 43,9; Huelva, con 24,5; Almería, con 17,5, y Jaén, con 14,7 millones de euros.

   Los agentes ponen de manifiesto que "gran cantidad de los registros volcados del aplicativo 'Júpiter' a la tabla objeto del presente informe no se pueden asociar a ningún órgano gestor, de ahí que durante el proceso de tratamiento de la información facilitada se hubiesen agrupado bajo el rótulo 'Sin consignar'", con una cantidad asociada de 424,4 millones de euros.

   Al hilo, la UCO recuerda la declaración prestada como testigo el 4 de julio de 2014 por parte del exdirector general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate, quien manifestó que, cuando tomó posesión de su cargo en octubre de 2013, "se encontró con una cantidad aproximada de 950 millones que no se habían justificado", por lo que "si añadimos a los 546 millones" de los Servicios Centrales los 424 millones relativos al campo 'Sin consignar', "obtenemos una cantidad próxima a la mencionada" por el testigo.

RESOLUCIONES DE EXCEPTUACIÓN

   Los agentes analizan en su atestado las resoluciones de exceptuación acordadas por el correspondiente consejero de Empleo, en su calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y cuyo fin "era exceptuar a diferentes entidades beneficiarias de la obligación de justificar en tiempo y forma de las subvenciones concedidas con anterioridad y con cargo a determinado programa presupuestario".

   En esta línea, explican que han tenido acceso a un total de cinco resoluciones de exceptuación relativas a los ejercicios 2009, 2010, 2011 --dos-- y 2012 --esta relativa a Consorcios-- y señalan que, del análisis realizado, "se ha podido observar cómo para una misma subvención, sus apuntes contables se encontraban enmarcados en programas presupuestarios distintos, esto es, 32B, 32D y 32L", de ahí que "para calcular las cantidades pendientes de justificar por las beneficiarias relacionadas también se tomasen en consideración todos los programas presupuestarios y no sólo los indicados en la resolución".

   Así, analizan una primera resolución de exceptuación de fecha 17 de diciembre de 2009, en la que el entonces consejero de Empleo Antonio Fernández firmó su conformidad para que respecto a un total de 473 entidades se les exceptuasen de "las limitaciones establecidas en el artículo 32.2 de la Ley 3/2004", siendo la cantidad pendiente de justificar entre 2002 y 2008 de 327 millones correspondientes a un total de 2.389 subvenciones, "si bien a fecha de remisión del archivo informático" por parte de la Junta "dicha cifra se había reducido hasta los 255 millones".

RESOLUCIÓN DE MANUEL RECIO

   Los agentes también analizan una resolución de exceptuación de 22 de diciembre de 2010, en la que el entonces consejero de Empleo Manuel Recio "resolvió exceptuar a un total de 365 entidades beneficiarias de subvenciones tramitadas por parte de la Consejería de Empleo y del SAE de la obligación de justificación en tiempo y forma de las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al programa presupuestario 32D".

   Así, la cantidad pendiente de justificar en el periodo 2002-2009 por parte de las entidades beneficiarias era de 305 millones correspondientes a 2.023 subvenciones, aunque "a fecha de remisión del archivo informático objeto del presente informe dicha cifra se había reducido hasta los 279 millones", poniendo como ejemplos dos subvenciones concedidas a CEA y CCOO que, "si bien a fecha de la resolución se encontraban sin justificar, en ejercicios posteriores se justificaron íntegramente, con la particularidad de hacerlo bajo otra partida presupuestaria".

   De igual modo, analizan una resolución de exceptuación de 16 de diciembre de 2011, donde el propio Manuel Recio "resolvió exceptuar a varias entidades beneficiarias, con el objeto de proponer el pago de subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 32L, considerando que concurrían circunstancias de especial interés social", de manera que entre los años 2002 y 2010 "se ha podido obtener que dichas beneficiarias tenían pendiente de justificar 215,8 millones, correspondiente a un total de 839 subvenciones".

   La UCO destaca que estas entidades, "tomando en consideración todo el conjunto de partidas presupuestarias, esto es, 32D, 32L y 32B, en el periodo comprendido entre 2002 y 2020, presentaban subvenciones pendientes de justificar por importe de 490 millones correspondiente a 3.262 subvenciones", si bien "a fecha de remisión del archivo informático" dicha cifra "se reduce hasta los 460 millones de euros".

   Para finalizar, los agentes analizan una resolución de exceptuación de 16 de diciembre de 2011 en la que Manuel Recio "resolvió exceptuar a una serie de entidades con el objeto de proponer el pago de subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 32L, considerando que concurrían circunstancias de especial interés social", precisando que entre 2002 y 2010 las entidades beneficiarias tenían pendiente de justificar 86,7 millones de un total de 582 subvenciones.

   "Tomando en consideración el conjunto de todos los programas presupuestarios, dicha cifra alcanza los 200 millones" correspondientes a 2.102 subvenciones, "si bien a fecha de remisión del archivo informático objeto del presente informe se reduce hasta los 170 millones", concluye el atestado.

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