La oposición mete prisa a Susana Díaz vía parlamentaria con sus compromisos de transparencia
En materia de la tan de moda transparencia, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, defiende habitualmente dos logros como referencia: que se publique la declaración de la renta de todos los consejeros y sus cónyuges y la puesta en marcha del portal de transparencia, por cierto como resultado de una ley cuyo anteproyecto presentó siendo todavía consejera. Pero los dos son compromisos previos a su última investidura: el primero se ensayó cuando tomó posesión en sustitución de José Antonio Griñán en septiembre de 2013 y el segundo se cumplió en marzo de 2015, cuando todavía estaba negociando apoyos para ser presidenta después de haber ganado sin mayoría absoluta el 22M.
Desde entonces se le acumulan los compromisos en esta materia que fueron 30 en el programa de 135 medidas que defendió para su segunda toma de posesión el pasado 14 de junio y de los que, en rigor, sólo habría cumplido dos. La primera: no permitir que en su gobierno haya “imputados por corrupción política” estrictamente dicha, y de momento, tampoco nadie del que se haya sabido que ha “mentido o manipulado su currículo”, que era lo que rezaba la medida en cuestión. La segunda: la que decía “incompatibilidad entre la función de parlamentario y el ejercicio de cualquier actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente”, porque en realidad se trata de respetar la ley.
De las otras 28 medidas, varias de ellas en todo caso imposibles de concretar con las competencias de la Junta de Andalucía [las 30 se pueden consultar en el listado más abajo], no ha habido novedades. Y por eso la oposición está presionando, especialmente los partidos emergentes que quieren tener en la regeneración democrática una de sus señas de identidad. De este modo, han pisado el acelerador con la campaña de las elecciones generales para reforzar su mensaje frente a una Susana Díaz que ha hecho del “tengo abiertas puertas y ventanas” uno de sus lemas.
En este sentido, C's ha defendido en el último pleno del Parlamento de Andalucía una moción de “transparencia y buen gobierno” que incluía 34 medidas de las que 21 estaban en los 135 compromisos de Susana Díaz, y en las que ha exigido celeridad. Entre otras, ha puesto como límite 2016 para que se consiga que todos los partidos realicen las acciones necesarias para que los ciudadanos puedan tener acceso a su normativa interna y a sus procedimientos y mecanismo de control; que los cargos que perciban una retribución pública no puedan recibir de sus formaciones remuneración complementaria; y que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de Ley de Participación Ciudadana. “Hace falta voluntad política”, ha resumido su líder, Juan Marín.
En la moción que se ha aprobado se incluye también la eliminación de los aforamientos esta legislatura, lo que ya se negocia en el marco del grupo de trabajo para la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, y a lo que el PSOE-A se ha mostrado también dispuesto.
Pese a que C's no ha incluido en esa treintena de medidas una que estaba en los 31 compromisos contra la corrupción de Susana Díaz: la puesta en marcha de una oficina contra la corrupción. Pero sí lo ha hecho Podemos, que acaba de registrar una proposición de ley en este sentido para su próximo debate en el parlamento de Andalucía y con la que su portavoz parlamentaria Teresa Rodríguez ha dicho que es hora de “pegarle un empujoncito” a Susana Díaz después de un año desde esta promesa.
Podemos confía en que esta vez el PSOE-A no pueda votar en contra, como ha ocurrido con la proposicíon de ley de Cuentas Abiertas que también presentó esta formación. De hecho, Teresa Rodríguez ha esperado que por lo menos pase como con lo que ocurrió con esta última: “Nos la rechazaron, pero celebramos que sirviera para que el Consejo de Gobierno diera a conocer poco después un borrador de decreto para hacer lo que proponíamos desde Podemos”.
De todas maneras, paradójico es el caso de la Ley de Participación Ciudadana, porque su anteproyecto se negoció y aprobó con IU la pasada legislatura, en concreto en julio de 2014 con Diego Valderas de consejero, por lo que hace casi dos años. Desde el Gobierno de Andalucía, que prometió que el texto estaría el pasado mes de abril en el Parlamento de Andalucía, insisten en las dificultades porque es una “ley muy participada”.
En este contexto, IU ha usado el mismo anteproyecto para presentarlo como proposición de ley, pero el PSOE-A y C's votaban en contra -Podemos a favor y el PP-A se abstenía- el pasado mes de abril en pleno, por lo que era tumbada. El PSOE-A insistía para ello en que estaba ultimando el texto considerando la última doctrina del Tribunal Constitucional respecto a las consultas para que la ley no fuera recurrida. Semanas después IU le reprochaba a Susana Díaz que “su palabra no vale nada” porque prometió que la ley estaría en abril, como consta en acta parlamentaria.
La primera proposición de ley del PP-A aprobada
También el PP-A ha defendido en la misma materia una proposición de ley para modificar el artículo 12 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía y hacer pública la información de su declaración de actividades, bienes e intereses, como ocurre con los miembros del Consejo de Gobierno -y de sus cónyuges por decisión de Susana Díaz- y, desde este año, con la de los diputados del Parlamento de Andalucía.
En realidad es una adelanto de lo que está llamada a incluir la futura Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, igualmente incluida en los compromisos de Susana Díaz y en la moción de C's, pero de la que el Consejo de Gobierno no ha presentado nada todavía.
El pasado mes de febrero recibía el voto a favor de todas las formaciones, a pesar de que había tenido el criterio contrario a su toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno en noviembre de 2015 porque ya se está trabajando en una norma en este sentido. Eso fue aprovechado también para criticar que el PP-A proponga esto cuando no cumple como hacen los consejeros y los diputados del PSOE-A de publicar la declaración de la renta no sólo propias, sino también las de sus cónyuges.
Las 31 propuestas de Susana Díaz (mayo de 2015)
- Un gran acuerdo de todos los grupos políticos contra la corrupción.
- La remisión por todos los partidos a la Cámara de Cuentas de Andalucía y su publicación vía telemática de su estructura orgánica y retribuciones si las tuvieran.
- Los cargos institucionales que perciban una retribución pública no podrán recibir de sus formaciones ninguna remuneración complementaria.
- Hacer pública la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales del IRPF de todo cargo electo, así como de su cónyuge.
- Los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos, deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos.
- Remisión anual a la Cámara de Cuentas de la contabilidad de los partidos, haciéndolas públicas vía telemática para el conocimiento de todos los ciudadanos.
- Los ciudadanos deberán tener acceso a través de internet de toda la normativa interna de los partidos, de sus procedimientos de control y, por supuesto, de todas sus cuentas, ingresos y gastos electorales.
- Los partidos deberán contar con órganos internos específicos anticorrupción con funciones preventivas y de control.
- Separar de inmediato a cualquier cargo, público, electo o designado que resulte imputado por corrupción política. También a quien mienta o manipule en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica.
- Las personas imputadas por corrupción política no formarán parte de listas.
- Establecer el compromiso de que los candidatos sean elegidos a través de un sistema de primarias.
- Creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, destinada a prevenir, detectar y denunciar malas prácticas, con legitimación para instar de forma autónoma la incoación de procedimientos sancionadores y denunciar en la fiscalía.
- Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, que regule con la mayor precisión y exigencia todos los aspectos referidos al código ético, las incompatibilidades y un régimen sancionador en caso de incumplimiento de sus deberes.
- Incompatibilidad entre la función de parlamentario y el ejercicio de cualquier otra actividad profesional, de acuerdo con la normativa vigente.
- Reforzar la normativa necesaria para evitar las llamadas “puertas giratorias” a los responsables públicos y personal al servicio de la administración.
- Avanzar en la eficiencia y control de los fondos públicos mediante la aprobación de una Ley de Subvenciones.
- Reformar la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, para reforzar la obligatoriedad de colaboración de las administraciones con la acción fiscalizadora de este órgano, estableciendo la posibilidad de imposición de multas coercitivas a los que no rindan cuentas.
- Incluir en el Plan de Inspección de la Agencia Tributaria de Andalucía a aquellas entidades y personas implicadas en supuestos de corrupción.
- Ley de Participación Ciudadana y desarrollo de todos los instrumentos que propicien una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.
- Portal de Gobierno Abierto diseñado para servir de canal que permita la escucha activa.
- Oficina Ciudadana en el Parlamento de Andalucía con presencia física y digital que sirva de soporte para difundir y recabar apoyos para las diferentes iniciativas ciudadanas.
- Instar al Gobierno de la Nación a crear un registro público estatal, en el que se centralice toda la información referida a transparencia de los representantes políticos y que se establezca la obligación de remitirla a la agencia tributaria.
- Incrementar el plazo de prescripción de los delitos por corrupción. Los cargos públicos responderán en su caso con su patrimonio y su responsabilidad patrimonial será imprescriptible.
- La tipificación del delito de financiación ilegal con responsabilidad penal de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.
- Cambiar la Ley Estatal de Contratos para establecer un mayor control sobre los mismos, limitando al máximo los procedimientos negociados.
- Modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones, para que los condenados por corrupción no puedan contratar con las administraciones ni recibir subvenciones.
- Impedir donaciones a partidos, tanto de empresas como de directivos de éstas, así como las condonaciones de préstamos bancarios a los partidos apoyando las modificaciones incluidas en la reciente Ley 3/2015 de 30 de marzo.
- Impedir por ley el indulto a cualquier condenado por delito por corrupción.
- Legislar en materia de transparencia de los cargos públicos y de los partidos políticos para hacer extensible, a todo el país, el compromiso que se propone adquirir en Andalucía.
- Iniciativa legislativa autonómica para que en el Congreso de los Diputados se adopten cuantas reformas sean necesarias, incluida la constitucional, para que las alcaldías, presidencias de comunidades autónomas y la del Gobierno de la Nación sean elegidas por sufragio universal de la ciudadanía, estableciéndose una segunda vuelta si en la primera algún candidato no alcanza la mayoría absoluta.
- Reformar el sistema y que las candidaturas sean listas desbloqueadas.
