Podemos registra una ley para una oficina contra la corrupción
Podemos registrará esta semana una proposición de ley para la creación de una oficina contra la corrupción dependiente del Parlamento de Andalucía después de que hace un año la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, prometiera una oficina de características similares. Con ello quiere seguir la estela de Cataluña, que ya cuenta con una, y Baleares y Comunidad Valenciana, con sendos proyectos de ley en tramitación parlamentaria. Entre las razones para impulsar esta propuesta, la portavoz parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, ha expuesto que “corrupción y desigualdad son dos caras de la misma moneda” y es de lo que “genera más desafección hacia la política”.
Cabe recordar que Susana Díaz prometió su creación en los 135 compromisos que lanzó con motivo de su investidura en junio de 2015 para toda la legislatua, y desde su equipo han asegurado que es una propuesta “en ejecución” para su puesta en marcha “este año”, lo que ratificó en su comparecencia el pasado mes de marzo para un debate general sobre la situación de la comunidad autónoma. De todas maneras, Teresa Rodríguez ha comentado que “después de un año, igual es necesario pegarle un empujoncito” a la presidenta. Más cuando, según los cálculos de Podemos, con Susana Díaz “ya se han perdido más de 1.200 millones de euros” por casos de corrupción.
Ha puesto el ejemplo de las proposiciones de ley de Atención Temprana y de Cuentas Abiertas que elevó Podemos y que, pese a ser rechazada, han llevado, aseguran a que la Junta de Andalucía haya aprobado posteriormente dos decretos que tienen este objetivo. Por un lado, el decreto de atención temprana, y por otro, el decreto que regulará la Tesorería General de la Junta de Andalucía y que obligará a publicar trimestralmente en el portal de transparencia los pagos efectuados con sus cuentas.
Protección de los denunciantes
Su objetivo es prevenir en lo posible la corrupción y proteger a los funcionarios “que son aliados de la transparencia” y han denunciado casos. “Hemos pedido a funcionarios que comparecieran en la comisión de investigación sobre las subvenciones de formación profesional para el empleo y nos pidieron que por favor no lo hiciéramos. Que preferían ir como imputados a los juzgados que declarar en la comisión de investigación. Eso es muy grave”, ha apuntado.
En este sentido, la ha acompañado en la presentación de la proposición de ley Juan Pedro Yllanes, parlamentario en Baleares y encargado de coordinar las políticas contra la corrupción en el partido, quien ha subrayado que el siguiente paso será impulsar una ley de protección de los denunciantes de corrupción, igual que existe una para las víctimas de violencia de género. “No se me ocurriría hacer esta comparación ni frivolizar con ese tema. Pero en la protección de las víctimas de violencia de género hay una ley que está demostrando ser eficaz, por lo que nos sirve como ejemplo para los denunciantes de corrupción”, ha matizado.
Igualmente, ha expuesto: “Uno de los pocos logros efectivos de la fallida décima legislatura ha sido la creación de la comisión contra la corrupción en el Congreso de los Diputados. Si finalmente conseguimos que haya un Gobierno de cambio será posible crear una oficina en las Cortes Generales”. También ha puesto énfasis en el hecho de que en tres territorios “muy castigados por la corrupción, como son Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana, puedan coincidir en el tiempo estas tramitaciones parlamentarias”.
Cómo funcionaría
Por su parte, Auxiliadora Honorato, secretaria de Acción Institucional y Anticorrupción y también presente en la rueda de prensa, ha detallado que el órgano, que dependería del Parlamento de Andalucía, tendría cuatro funciones: prevenir la corrupción, entre otras cosas, identificando riesgos y conflictos de intereses; investigación cuando haya indicios de actos ilícitos y también en la provisión de puestos de trabajo que no hayan respetado los principios de mérito y capacidad para “luchar contra el enchufismo”; evaluar periódicamente lo que se hace en materia de transparencia; y garantizar la protección de los denunciantes “porque en este país es una profesión de alto riesgo” dar a conocer este tipo de casos.
Contempla un procedimiento sancionador, en el que se incluyen destituciones y también multas de hasta 30.000 euros. Su puesta en marcha costaría 3,1 millones de euros según la memoria económica. Con ello se prevé la contratación de un equipo de 60 personas, “por supuesto, no todo lleno de altos cargos”.
Se trata de la séptima proposición de ley presentada por Podemos esta legislatura tras las de Cuentas Abiertas, elevada por dos veces; la de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana; la de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética; la de Atención Temprana; y la de Regulación de los Senderos. Todas ellas han contado con el criterio contrario a su toma de consideración por parte del Consejo de Gobierno, y en el caso de la primera también a su tramitación y por eso se presentó nuevamente.
