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Andalucía amenaza con un recurso ante el Constitucional contra la Ley de Parque Nacionales

Se hará efectiva si no hay acuerdo 'in extremis' en una comisión bilateral prevista para este miércoles

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Masa forestal en Andalucía

La Junta de Andalucía recurrirá de nuevo al Tribunal Constitucional (TC) para mostrar su desacuerdo con una norma estatal, en este caso la Ley de Parques Nacionales aprobada a finales del año pasado y que, según el Gobierno autonómico, podría vulnerar competencias exclusivas de la comunidad autónoma al tiempo que rebaja los niveles de protección y abre la puerta a usos ahora prohibidos. Sería el decimosexto recurso/conflicto planteado por Andalucía durante la presente X Legislatura.

Según el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, aún hay una puerta para la esperanza y para que no se presente finalmente el recurso a través de un acuerdo 'in extremis'. Se trata de que este miércoles está prevista una Comisión Bilateral entre ambas administraciones sobre el contenido de la norma, si bien el Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado al gabinete jurídico a interponer el recurso, "que se presentará o no en función del resultado" de la reunión, ha considerado Vázquez en rueda de prensa. El plazo para poder recurrir concluye el este mismo viernes.

El texto se aprobó en diciembre de 2014. El Partido Popular trató de introducir en el Senado una enmienda de última hora al proyecto del Gobierno para ampliar los derechos de particulares (léase los cotos de caza privados) con fincas en parques protegidos. Según ya informó eldiario.es en una reciente información sobre 'Los puntos negros de las reformas verdes de Rajoy', en la práctica conlleva permitir cazar en estos parajes o hacer que los parques nacionales "puedan convertirse en recintos de ocio", permitiendo usos turísticos que, en principio, parecen poco compatibles con el objetivo de la máxima figura de protección ambiental: preservar ecosistemas valiosos lo más intactos posible.

La Junta, en concreto, considera que la norma estatal vulnera en 23 de sus preceptos las competencias autonómicas sobre la materia. En líneas generales, los artículos que serán recurridos impiden el desarrollo legislativo de la comunidad autónoma sobre la gestión de los parques, le limitan la posibilidad de establecer niveles de protección más altos y afectan a otras competencias sectoriales exclusivas de la Junta, como las de urbanismo, según ha detallado la Junta.

Entre otras vulneraciones, a juicio del Gobierno andaluz, la ley elimina la potestad de los parlamentos autonómicos de proponer la declaración de nuevos parques; concede más poderes al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que podrá declarar unilateralmente una situación de emergencia medioambiental; extralimita las competencias estatales en la definición de los instrumentos de planificación; vacía de contenido la figura de los planes de ordenación de los recursos naturales, y atribuye en exclusiva a la Administración central funciones relativas a promoción de la imagen exterior, concesión de subvenciones e iniciativas en áreas de influencia socioeconómica.

Además de la invasión competencial que motiva el recurso, el Gobierno andaluz advierte de los efectos negativos que la nueva regulación puede tener sobre la propia gestión de la Red de Parques Nacionales. En este sentido, subraya que la ley abre la puerta a la especulación y a actividades que han estado prohibidas hasta ahora en estos territorios, reavivando debates ya superados en torno a la caza, el uso turístico o los aprovechamientos económicos.

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