El Govern, sobre las órdenes a los Mossos contra el 1-O: “La confianza en Trapero es total y absoluta”
“La confianza en las decisiones que tome el mayor Trapero es total y absoluta”. Hasta dos veces ha repetido esta frase el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, cuando se le ha preguntado por la orden de la Fiscalía recibida por los Mossos d'Esquadra para que impidan el referéndum del 1 de octubre. Turull se ha referido así a la responsabilidad que pesa ahora sobre el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ante el mandato de la Fiscalía para requisar urnas.
Turull ha rechazado ir más allá en su valoración sobre la reunión celebrada este martes en la Fiscalía Superior de Catalunya con las cúpulas de los cuerpos policiales que actúan en la comunidad. Se ha escudado en que el Govern, reunido en el Consell Executiu, no conocía todavía los detalles de la instrucción, y ha expresado que la “prioridad absoluta” de la policía catalana es “la lucha contra el terrorismo”. “Esta es la prioridad a la hora de movilizar los efectivos”, ha zanjado el portavoz sobre la cuestión.
Este martes el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha trasladado personalmente la orden de impedir el 1-O al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero Álvarez; al general de División de la Guardia Civil y jefe de la comandancia de Catalunya, Ángel Gozalo Martín; y al jefe superior de Policía en la comunidad autónoma, el comisario Sebastián Trapote.
La orden recoge el contenido del borrador de la instrucción de la Fiscalía General del Estado ante el referéndum que desveló el viernes eldiario.es. “Los funcionarios, a fin de evitar la consumación o agotamiento del delito, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, reza la orden. Y entre las medidas contempla requisar urnas, propaganda electoral o sobres electorales.
“Obediencia al Parlament” ante la suspensión de la Ley de transitoriedad
Sobre la suspensión este martes de la Ley de Transitoriedad Jurídica por parte del Tribunal Constitucional, Turull ha insistido en que actuarán de acuerdo con la voluntad del Parlament, que la aprobó el jueves pasado, aunque ha recordado que su entrada en vigor va condicionada a una eventual victoria del 'sí' el 1-O. “Siempre hablamos en términos de obediencia al mandato Parlament y al decreto que aprobamos”, ha afirmado en referencia al también suspendido decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre.
La suspensión de la Ley de Transitoriedad se ha hecho efectiva en cuanto el Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el Gobierno central. La anulación es automática y dura cinco meses, período durante el cual el Alto Tribunal debe dictar su sentencia, aunque el plazo se puede prorrogar si así lo pide el Ejecutivo.
