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Sanahuja y Godia: grandes sagas catalanas entre los morosos de Hacienda

Román Sanahuja, patriarca de la familia propietaria de Sacresa

Pau Rodríguez / Oriol Solé Altimira

Dos apellidos bien conocidos en Catalunya aparecen en la lista de morosos hecha pública por Hacienda este miércoles. Se trata de las familias Sanahuja y Godia, ambas propietarias de grandes grupos inmobiliarios.

Los Sanahuja, propietarios de uno de los mayores imperios del ladrillo de Barcelona, cuentan con hasta cuatro empresas que deben dinero al fisco, todas ellas integradas en el Grupo Sacresa, que salió su concurso de acreedores en 2012. Se trata de Sanahuja Escofet Inmobiliaria, SL, que debe 14,84 millones; Sacresa Terrenos Promoción SL, 22,46 millones; Sacresa Terrenos-2, 2,26 millones; y Caufec SA, 13,63 millones. La suma de la deuda supera los 50 millones de euros.

El declive de la familia Sanahuja empezó con la compra en 2006 de Metrovacesa, la principal inmobiliaria española, justo antes del estallido de la crisis, y se consumó con el concurso de acreedores.

Otra de las grandes sagas catalanas cuyo apellido asoma en la lista de Hacienda son los Godia. BCN Godia, SL, poderosa sociedad inmobiliaria que gestiona Manuel Torreblanca, el marido de Liliana Godia, adeuda 2,58 millones al fisco.

La familia fue condenada en junio por defraudar más de 4 millones a Hacienda. Liliana, la hija de Francisco Godia –piloto de Fórmula 1 y principal creador de la fortuna familiar– quedó fuera del caso, pero su marido y Javier Amat –administrador del patrimonio familiar– fueron condenados dos y un año de cárcel, respectivamente.

Los intereses de los Sanahuja y los Godia se cruzaron en operaciones como la del Hotel W, el popularmente llamado Hotel Vela en la playa de Barcelona. En 2009 los primeros vendieron su participación en el proyecto –un 25% del total– a los segundos.

Lluís Pascual Estevill, juez del entorno de CiU

También aparece en la lista el exjuez Lluís Pascual Estevill, que fue condenado y encarcelado por chantajear a empresarios, a los que exigía un soborno a cambio de dejarles en libertad, mientras fue juez de instrucción en Terrassa y Barcelona. Según las cuentas de Hacienda, Estevill, que tiene ya más de 80 años, le debe hasta 5.426.485 euros.

Estevill, que antes de ejercer de juez fue abogado de ilustres apellidos de la burgesía catalana, urdió sus fechorías a la sombra del sector negocios de CDC. Cosechó buenas relaciones con Macià Alavedra –uno de los más fieles consellers de Pujol–, Javier de la Rosa o Joan Piqué Vidal –abogado del expresident en el caso Banca Catalana–, que fue condenado por colaborar con Estevill en la trama de sobornos. A mediados de los 90, Convergencia le aupó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a sabiendas de su escasa trayectoria como juez y aún más escasa catadura moral.

Los morosos muestran el rastro de la burbuja

El rastro del pinchazo de la burbuja inmobiliaria también se extiende entre los demás deudores catalanes más significativos. Así, la inmobiliaria barcelonesa Fergo Aisa debe al fisco 13,08 millones de euros. La empresa, a día de hoy en liquidación, declaró en concurso de acreedores con un agujero patrimonial de 211 millones de euros.

El administrador concursal de la empresa ha solicitado que el concurso sea declarado culpable y que su expresidente, Carlos Fernández, así como el resto de consejeros, abonen 133 millones de euros por haber agravado el concurso, perjudicando así a los acreedores con distintas ampliaciones de capital. Además, la empresa realizó emisiones de bonos que han terminado en los tribunales con una condena a Bankpyme por comercializarlos. El juez argumentó que el banco no informó lo suficiente a sus clientes sobre el riesgo que comportaba la adquisición de este producto bancario.

Por otro lado, la extinta inmobiliaria Akasvayu debe todavía al fisco 16,44 millones de euros. Akasvayu nació en 2001, en pleno 'boom inmobiliario', y llegó a ser popular por patrocinar el equipo de baloncesto de Girona y, a golpe de talonario, traer estrellas de la NBA como Raül López. Sin embargo, no resistió el pinchazo la burbuja, y un acreedor la llevó al concurso por una deuda de 1,1 millones de euros.

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