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Catalunya empezará a cobrar el impuesto al azúcar con el miedo a que lo tumbe Montoro

Todos los refrescos con azúcar serán más caros en Catalunya a partir del 1 de mayo y solo podrán mantener el precio las versiones light

Las empresas no tienen vías para evitar el incremento en los precios de los refrescos: el Govern obliga a repercutir el impuesto en el consumidor final

Si Hacienda termina creando el mismo impuesto, la Generalitat sostiene que tendría derecho a una compensación

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Los refrescos azucarados serán más caros en Cataluny a partir del 1 de mayo EFE

Comprar un refresco en Catalunya será más caro a partir de este 1 de mayo. El impuesto a las bebidas azucaradas entrará en vigor con la incógnita de si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, creará otro igual para tumbar el que la Generalitat incluyó en los presupuestos autonómicos aprobados el pasado mes de marzo.

La previsión del Govern es recaudar 27 millones en lo que queda de año y 41 en el próximo ejercicio. Esta recaudación podría verse cuestionada si el Gobierno central termina aprobando un impuesto similar. La ley de financiación autonómica da prioridad al Estado sobre las comunidades a la hora de gravar un mismo hecho. Sin embargo, indica que el Estado debe resarcir a las comunidades cuando apruebe un impuesto que suponga una pérdida de recursos para las autonomías. Es decir, quien grava primero, gana.

A preguntas de este diario, un portavoz de Hacienda ha indicado que la posición del ministerio sobre el impuesto no ha variado  desde las últimas declaraciones al respecto de Montoro, por lo que todavía se está estudiando la viabilidad de implantar un impuesto a las bebidas carbonatadas a nivel estatal.

Pese a anunciarlo en noviembre del año pasado, el Gobierno no incluyó el impuesto en el anteproyecto de Presupuestos presentado al Congreso y Montoro reconoció que no hay ni un borrador que haga sospechar que la medida verá la luz este ejercicio. El ministro de Hacienda reconoció que la patronal de bebidas refrescantes se había puesto en contacto con él para expresarle su preocupación por la tasa catalana y por que se rompiera "la unidad de mercado".

Por su lado, desde la conselleria de Economía han subrayado que, en caso de que finalmente Hacienda aprobara una tasa al azúcar a nivel estatal, la Generalitat tendría derecho a una compensación, ya que ha aprobado antes el impuesto que el Gobierno central.

Así, el escenario para Catalunya con el impuesto al azúcar sería distinto a lo ocurrido hace cuatro años con el gravamen a los depósitos bancarios que creó Hacienda para evitar que las comunidades aplicaran uno propio. La Generalitat intentó anticiparse a Hacienda creando por decreto gubernamental el impuesto, para conseguir así la compensación que lograron las comunidades donde ya estaba en vigor: Extremadura, Andalucía y Canarias.

El Constitucional terminó anulando el impuesto catalán no solo porque Montoro implantó uno a nivel estatal. También porque la Generalitat lo creó incumpliendo la normativa tributaria, tan solo con un decreto del Govern sin que lo aprobara el Parlament. Por contra, el gravamen al azúcar sí se ha aprobado en el Parlament a través de los presupuestos autonómicos, en vigor desde finales de marzo.

Aumento de precios

El incremento de precios de las bebidas se situará entre un 5% y un 20%, en función del tamaño de los envases y la cantidad de azúcar que lleven. La lata de Coca-Cola de 33 centilitros que costaba 58 céntimos este jueves en un supermercado del centro de Barcelona pasará a valer 65 céntimos desde el 1 de mayo, y la botella de dos litros se encarecerá desde los 1,43 a los 1,67 euros.

El motivo es que la Coca-Cola estándar tiene 10,6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, por encima de los ocho gramos que marca el nuevo gravamen. Las versiones light y zero mantendrán precios al no llevar azúcar. La lata de Nestea, al tener menos de ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros, será solo tres céntimos más cara.

El nuevo impuesto gravará productos populares como la Pepsi o la Fanta, pero también los zumos de frutas azucaradas, las bebidas que se comercializan para tomar después de hacer deporte, las energéticas, las leches endulzadas y el té y el café con edulcorantes. Ni las empresas productoras, ni las distribuidoras ni los comercios tienen vías para evitar el incremento en los precios de los refrescos, pues el Govern obliga a repercutir el impuesto en el consumidor final.

El impuesto al azúcar está impulsado, entre otros, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que las dietas ricas en azúcar son uno de los factures que influyen en el desarrollo de enfermedades del corazón, obesidad y diabetes. El Govern de Artur Mas se planteó implantarlo en 2012, pero lo frenó ante las suspicacias levantadas en el sector.

Y es que patronales alimentarias, agricultores y transportistas se han mostrado en todo momento contrarias a esta tasa. Coca-Cola llegó a  suspender una inversión millonaria en Portugal después de que sus presupuestos incluyeran un impuesto a los refrescos.

Desde la Asociación de Bebidas Refrescantes de España (Anfabra) han declinado hacer declaraciones este jueves. En una nota de prensa emitida en febrero durante el debate de los presupuestos catalanes, Anfabra criticó el impuesto por "discriminatorio", y consideró que creaba "inseguridad jurídica".

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