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La Generalitat teme que el colapso de Vueling sea fruto de un problema estructural

El gobierno catalán pacta con la empresa aérea una comisión de seguimiento semanal de las medidas para restablecer el funcionamiento normal de la compañía

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Els consellers Josep Rull i Jordi Baiget (d'esquenes) es reuneixen amb representants de Vueling

Els consellers Jospe Rull i Jordi Baiget (d'esquenes) es reuneixen amb representants de Vueling Tomeu Ferrer

La Generalitat considera que el colapso en el tráfico experimentado por Vueling durante la semana pasada puede ser estructural. La compañía aérea canceló desde el pasado 25 de julio 56 vuelos, lo que ha afectado directamente a unos 8.000 viajeros, aunque se desconocen los efectos colaterales que aún se están evaluando, según se desprende de la reunión mantenida a instancias de la Generalitat entre Fernando Estrada, director de estrategia; David Garcia, director comercial y la responsable de relaciones exteriores de Vueling, Sílvia Estivill y los consejeros de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull y el responsable de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

"Nos da la sensación que el problema de Vueling no es coyuntural, fruto de una huelga de controladores u otra causa puntual, sino más bien estructural". Con estas palabras Josep Rull definía el ánimo de la Generalitat tras reunirse durante una hora larga con directivos de la empresa aérea. Rull avanzó incluso una hipótesis, el problema Vueling podría ser de planificación.

Consecuentes con los temores expresados, los dos consejeros del gobierno catalán han pactado con Vueling la creación de una comisión de seguimiento semanal que permita ver las causas reales de las disfunciones que han convertido desde el 25 de junio el Aeropuerto del Prat en un caos. Otro elemento que la Generalitat ha exigido a Vueling es conocer la planificación realizada el año pasado y la que se estableció para el año 2016. En el fondo los consejeros consideran que la empresa aérea ha pecado de plantear un crecimiento de operaciones sin al mismo tiempo haber realizado las inversiones correspondientes en personal y medios.

Por su parte, la empresa, que no ha comparecido a la rueda de prensa posterior a la reunión, ha esgrimido las medidas ya adoptadas  como parte de la reacción frente al desbarajuste acaecido durante la semana anterior, que tuvo su corolario el 1 de julio con la operación salida: contratación de 32 pilotos, más 130 personas para atender a los clientes en tierra, incorporación de 17 tripulaciones y entrada en explotación de 6 nuevos aviones, además de decidir que el tiempo de las escalas pase de 35 a 45 minutos.

Exigencia de garantías

Baiget fue muy claro al explicar "hemos sido claros, queremos tener la certeza que la empresa cumplirá con las garantías debidas que se corresponden a la compra de billetes por parte de los viajeros". El consejero ha instado también a la empresa a que si no puede asumir sus responsabilidades para con los usuarios, bien cancele los vuelos que no pueda servir o bien que los derive con tiempo a otras compañías.

Rull ha recordado que Vueling tuvo el año pasado unos beneficios superior a los 90 millones y ha afirmado que si los problemas son estructurales, se pueden resolver con inversión

En el ánimo de la Generalitat está el temor a que la crisis se repita en la próxima operación salida, que coincidirá con el 15 de julio y más tarde el 1 de agosto, aunque también los consejeros se han mostrado atentos a lo que pueda pasar este martes a consecuencia de la huelga de controladores aéreos de Francia.

Rull, de los dos consejeros fue el que hizo una lectura más política del conflicto aflorado por la crisis de Vueling: "se trata del resultado de una gestión aeroportuaria centralista que considera a Barcelona como una instalación destinada a recibir vuelos de bajo coste y destinada a alimentar de larga distancia que salen de Madrid".

En relación a Vueling, Rull ha lanzado también una puya al llamar la atención en relación a la falta de apoyo estructural a esta compañía por parte de la "sociedad madre", es decir Iberia el grupo IAG fruto de la fusión de la compañía española con British Airways.

Los dos consejeros han reconocido que las competencias de la Generalitat en este caso se limitan a la salvaguarda de los intereses de los viajeros si estos consideran que se han vulnerado sus derechos. Por lo tanto, las sanciones que se produzcan serán las que surjan de la reclamaciones de los usuarios. "Aunque las competencias son las que son, hemos dejado claro que todo lo que pasa en Catalunya y afecta a sus ciudadanos y viajeros nos concierne", ha dicho Rull. Por de pronto el gobierno de Catalunya ha desplazado al Aeropuerto del Prat dos equipos del área de consumo dedicados a informar a los viajeros y a tramitar la quejas que puedan presentar.

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