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Las denuncias sobre el Puerto de Barcelona acaban en el archivo

La Oficina Antifraude, el TSJC y un juzgado de instrucción archivan denuncias sobre asuntos urbanísticos. Los convergentes Felip Puig, Sixte Cambra y Antoni Vives salen indemnes

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Los vecinos de la Barceloneta temen que la transformación del Port Vell acabe con algunas de las actividades económicas del barrio. /CARMEN SECANELLA

El Port Vell de Barcelona. /CARMEN SECANELLA

Desde siempre, los muelles de Barcelona han sido el escenario de episodios de delincuencia de todo tipo, pero hasta ahora nunca se habían acumulado tantas denuncias de corrupción urbanística que, todo sea dicho, han acabado embarrancando: primero, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), el magistrado Daniel de Alfonso, ha archivado una investigación sobre el proyecto de la Marina del Port Vell sólo cuatro días después de insinuar en una conferencia en una universidad norteamericana que el concejal convergente Antoni Vives podría haber cobrado comisiones. Segundo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechaza investigar la denuncia contra Felip Puig formulada por un empresario francés que pretendía conseguir la concesión del IMAX. Y tercero, el juzgado de Instrucción número 31, el mismo que se encarga del sumario del caso de la familia Pujol Ferrusola, ha archivado la querella de un empresario barcelonés contra el presidente de la autoridad portuaria, el ex senador convergente Sixte Cambra, por presunta prevaricación. Los procesos judiciales relacionados con el Puerto de Barcelona se han atascado, si bien en el último caso todavía queda un recurso en la Audiencia para devolverlo a flote.

El puerto de los rusos

En un ciclo de conferencias sobre corrupción urbanística en la Columbia Law School, Daniel de Alfonso insinuó que Antoni Vives podría haber cobrado comisiones en una supuesta operación de blanqueo de capitales de origen ruso provenientes de paraísos fiscales y destinados a la reforma de la marina para yates de lujo del Port Vell de Barcelona. En realidad, el director de la Oficina Antifraude no mencionó ningún nombre, pero, por los comentarios que hizo, apuntaba al convergente Antoni Vives, vicepresidente del Puerto de Barcelona, tercer teniente de alcalde de la ciudad y número cuatro de Xavier Trias en las municipales del 24 de mayo.

Las declaraciones del ex juez habrían pasado totalmente desapercibidas si no fuera porque la Columbia Law School colgó el vídeo de la conferencia en Internet y elconfidencial.com cazó las insinuaciones. Luego, desde la Oficina Antifraude se intentó rebajar este asunto con el argumento de que Daniel de Alfonso había explicado un caso ficticio, hipotético, en el marco de un foro universitario.

El 28 de abril pasado, sólo cuatro días después de pronunciar la polémica conferencia en Manhattan, Daniel de Alfonso enviaba una carta al alcalde Xavier Trias para comunicarle que había archivado todas las actuaciones de la Oficina Antifraude en relación a la Marina del Port Vell .

Desde la oposición política se han pedido explicaciones a Daniel de Alfonso y al concejal Antoni Vives. Fuentes de ICV recuerdan que, en una comisión municipal el 29 de mayo del año pasado, Vives se enfureció con el ecosocialista Ricard Gomà, hasta el punto de llamarle "Mortadelo", por haber osado preguntarle si la Oficina Antifraude investigaba el origen del dinero de Salamanca Group, los promotores de la Marina del Port Vell.

En esa comisión, Vives presentó documentos sobre Salamanca Group que ponían en evidencia que la autoridad portuaria conocía que este holding contaba con corporaciones en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, Caimán o Chipre. Los portavoces de la promotora siempre han negado que detrás de la inversión de cerca de 80 millones de euros se encontraran inversores próximos a Vagit Alekperov, presidente de la petrolera rusa Lukoil, tal como han apuntado algunas informaciones de prensa.

A raíz de la denuncia de un consignatario inglés, la Oficina Antifraude, un organismo independiente adscrito al Parlament de Catalunya, inició una doble investigación sobre el origen del dinero invertido en la Marina del Port Vell y sobre supuestos tratos de favor a los promotores, que se ha cerrado sin consecuencias aunque su director, Daniel de Alfonso, se le escapen sorprendentes comentarios en público.

Seroux defiende ahora a Felip Puig

François Seroux, un hombre de negocios francés que reside en Suiza, relató el pasado enero ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se había reunido con el consejero de Empresa de la Generalitat, Felip Puig, para explicarle su interés por la concesión del IMAX del Port Vell y que, como respuesta, supuestamente el consejero le dijo que "todas estas gestiones tendrán unos gastos". La declaración de Seroux al UDEF fue a parar a la Audiencia Nacional, desde donde se envió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que la semana pasada rechazó abrir una investigación contra Felip Puig y endosó el caso al Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona para que determine si abre o no un sumario contra otros acusados.

Tras este periplo judicial, Seroux declaraba hace unos días a Economiadigital.es que él no ha denunciado nunca Felip Puig por un intento de soborno, sino que es la Policía Nacional la que consideró que el consejero supuestamente estaría intentanto cobrar una comisión.

En una intervención en el Parlamento ante la Comisión de investigación del caso Pujol, Felip Puig indicó que había recibido Seroux el 28 de julio pasado, en su despacho de la Conselleria de Empresa, a petición del broker francés y en presencia del director del área de internacionalización de la agencia gubernamental Acció, Joan Josep Berbel. Felip Puig niega que pidiera contraprestación económicas para tramitar licencias y anunció la interposición de acciones judiciales contra Seroux.

El broker francés ha explicado en el mencionado digital que accedió a Felip Puig gracias a la intermediación de su hermano pequeño, Jordi Puig Godes, que relacionó con una alambicada operación portuaria en Panamá en la que, según su versión, se blanquearía capitales. En sus declaraciones, Seroux relacionó con esta última operación el abogado Juan Piqué Vidal, cómplice del ex juez Luis Pascual Estevill en el caso de los chantajes a empresarios, por lo que ambos pasaron una temporada en la cárcel.

Tras la decisión del TSJC de no investigar el aforado Felip Puig en relación con el asunto del IMAX del Port Vell, la jueza Eva Moltó, titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, deberá decidir ahora si tramita o archiva la denuncia de Seroux sobre la trama catalana en Panamá.

Archivada la querella contra Sixte Cambra

Otro juzgado de instrucción, en este caso el número 31, el mismo que lleva el sumario de la familia Pujol Ferrusola, ha archivado una querella contra el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), el ex senador convergente Sixte Cambra , así como contra el secretario general, Román Eguinoa, por los presuntos delitos de fraude y prevaricación. El denunciante, Varadero Barcelona SL, un taller de reparación de embarcaciones, considera que la APB habría dado un trato de favor a las empresas del empresario mallorquín Nicolás Pedro Mayol, al que hace dos años le adjudicó la construcción y explotación de la marina para yates de turistas de la Bocana Norte, más conocida por el nombre de Marina Vela, poco después de otorgarle la concesión de una nave y de una explanada adyacentes sin concurso público.

Después de que se archivara la querella y se desestimara el recurso de reposición ante el mismo juzgado de instrucción, el 8 de abril pasado se presentó otro recurso ante la Audiencia de Barcelona para que se investigue el caso, tal como apunta a este digital la abogada de los querellantes, María Salo, del bufete de Cristóbal Martell.

Cuando la APB convocó el concurso para la construcción y explotación de una marina para yates turísticos en la Bocana Norte, al lado del hotel W, sólo se presentó una única oferta: una unión temporal de tres empresas –Auxiliar Ibérica, Formentera Mar y Barcelona Náutico Center–, todas controladas por Mayol, que asumió la concesión en septiembre de 2013.

Los querellantes consideran que las condiciones de esta concesión eran tan poco interesantes en cuanto a su viabilidad y posible rendimiento económico, sobre todo porque se trata de un espacio de dimensiones reducidas, que sólo se presentó la oferta de Mallol, pero , supuestamente para compensarlo, la autoridad portuaria que preside Sixte Cambra le habría otorgado previamente la concesión de una nave y de una explanada adyacentes, sin concurso, según el escrito de la querella.

De este modo, Mayol conseguía una nave y una explanada en primera línea de mar y adyacentes a la dársena de la Bocana Norte, precisamente dos meses antes de que la Autoridad Portuaria de Barcelona le adjudicara el concurso por esta última instalación. Los querellantes entienden que todas estas instalaciones deberían haber salido a concurso en el mismo paquete, pero la juez no les ha hecho caso porque ha optado por el archivo. La Audiencia de Barcelona aún no se ha pronunciado sobre el recurso.

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