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El paso de los exconsellers por los juzgados sigue sin aclarar cuánto gastó la Generalitat en el 1-O

El Supremo ha dado credibilidad a un certificado de la Intervención de la Generalitat que asegura que se bloquearon las partidas para el 1-O anuladas por el TC

Por el momento, se desconoce a cuánto ascendió el presupuesto de la consulta, cómo se pagó ni si lo hizo la Generalitat en solitario o en colaboración con particulares

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Puigdemont, Junqueras y Forcadell tras la DUI EFE

¿Cuánto dinero público costó el referéndum del 1 de octubre? La Generalitat no dio una cifra ni antes ni después de la votación. Y, pese a las investigaciones de hasta tres juzgados sobre el 1-O, ninguno ha logrado por el momento resolver a cuánto ascendió el presupuesto de la consulta, cómo se pagó ni si lo hizo la Generalitat en solitario o en colaboración con particulares o entidades independentistas. 

La Fiscalía reclamó para los exconsellers y los miembros de la Mesa encausados una fianza doble de 6,2 millones. Esta cantidad se corresponde con lo que el ministerio público calculaba que se había gastado la Generalitat en el referéndum, en base a los datos del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que desde el pasado mes de febrero investiga los preparativos del referéndum.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dio credibilidad a esa cifra y ordenó a los exconsellers que depositaran 6,2 millones como fianza. Según explicó este domingo el exconseller Santi Vila en La Sexta, en su declaración ante la Audiencia aseguró que el 1-O se pagó con donaciones de particulares. La magistrada no lo tomó en consideración. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó imponer una fianza de la misma cantidad a los miembros de la Mesa.

El magistrado ha avalado el certificado de la Intervención de la Generalitat aportado por las defensas. En el documento, la interventora asegura que, cumpliendo con las sentencias del Constitucional, bloqueó las partidas de los presupuestos de la Generalitat previstas para organizar procesos electorales –a la práctica, el referéndum– que ascendían, precisamente, a 6,2 millones de euros, así como la disposición adicional 40 de las cuentas que habilitaba a gastar, sin cuantifacarlo, las partidas "que fuesen necesarias" para celebrar el referéndum.

En base a este certificado, el auto del juez Pablo Llarena por el que desestimó imponer una fianza a Forcadell y los miembros de la Mesa afea a la Fiscalía no haber aportado  "base probatoria" para sostener que la celebración del referéndum "fuera soportada con cargo a fondos públicos".

"La certificación [de la Intervención de la Generalitat] es coherente con la realidad de contorno", abundó Llarena, en referencia a las multas del Constitucional a la Sindicatura Electoral del 1-O y a las operaciones policiales para descabezar la logística del referéndum, que a criterio del magistrado pudieron limitar el gasto público del 1-O a la campaña oficial de divulgación y promoción de la participación ciudadana.

Del total de las partidas presupuestarias de 6,2 millones para el referéndum anuladas, la Intervención de la Generalitat sólo certificó compromisos de gasto por valor de 25.000 euros. En concreto, destinados al "mantenimiento ordinario y evolutivo" de un sistema informático "de Gestión Electrónica Plus" dependiente del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI), uno de los programas que investigó el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

Fue el juez Ramírez Sunyer quien comenzó la búsqueda de los consabidos 6,2 millones de euros, cifra obtenida de la suma de 5,8 millones que Oriol Junqueras introdujo en los presupuestos de la Generalitat para "procesos electorales y participativos", y otros 400.000 euros incluidos en dos partidas del departamento de Governació, con los mismos fines.

Según consta en el sumario al que ha tenido acceso este diario, el juez Ramírez Sunyer reclamó a los agentes de la Guardia Civil que registraron la conselleria de la Vicepresidència el día 20 de septiembre que buscaran papeles y justificantes que acreditasen gastos electorales por valor de 6,2 millones.

Lo hizo a partir de las declaraciones del exsenador Santi Vidal, que aseguró que había una partida "oculta" de hasta 400 millones para el referéndum, cantidad que coincidía con los fondos de contingencia de las cuentas catalanas. La tesis del juez era que pese a la anulación del Constitucional, la Generalitat había dispuesto de fondos públicos para pagar el referéndum. Pero, según el sumario, los agentes no llegaron a encontrar estos papeles.

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