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Ocho de los catorce detenidos en la operación contra el 1-O quedan en libertad con cargos

La defensa de los detenidos denuncia una "vulneración de derechos inaudita" en la operación contra el 1-O

Los dos cargos de mayor rango detenidos este miércoles, el secretario general de Vicepresidència, Josep Maria Jové; y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, permanecen arrestados

El juez que ordenó ayer los arrestos y registros para impedir en referéndum dijo en julio a la CUP que no investigaba el referéndum

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Concentració davant la Concelleria d'Economia

Claveles en un coche de la Guardia Civil frente a la conselleria de Economía ©SANDRA LÁZARO

En libertad con cargos ocho de los catorce detenidos en la operación ordenada este miércoles por el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Entre las seis personas que permanecían arrestadas a las 18:30h. de este jueves están los dos cargos de mayor rango detenidos este miércoles, el secretario general de Vicepresidència, Josep Maria Jové; y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. Ambos han pasado la noche en dos cuarteles de la Guardia Civil.

El juez les investiga a todos ellos y a un total de "una veintena" de personas, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación en relación al 1-O, aunque hasta este miércoles la causa tenía tres imputados –Santiago Vidal, Lluís Salvadó y Carles Viver Pi-Sunyer– por dos delitos de revelación de secretos y delito informático por las polémicas conferencias del exjuez.

Las siete personas que han salido de los cuarteles han quedado en libertad con cargos y a la espera de que el juez Ramírez Sunyer les llame a declarar, han informado fuentes judiciales.

A las 14h. de este jueves han salido del cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca y de la Travessera de Gràcia, aunque pendientes de comparecer ante el juez, el propietario de una nave industrial donde este miércoles se requisaron 9,5 millones de papeletas, P.F., y el director de telecomunicaciones de la conselleria de Asuntos Exteriores, Xavier Puig.

Asimismo, a las 14:40h. ha quedado en libertad con cargos la directora de servicios de Vicepresidencia, Natalia Garriga; y la trabajadora del departamento, Mercedes Martínez. Y pasadas las 18:00 de la tarde ha quedado en libertad con cargos por su supuesta vinculación con los preparativos del referéndum el director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, con la obligación de comparecer como imputado ante el juez cuando le cite a declarar.

A última hora de la noche de este miércoles, por orden del juez, también quedaron en libertad con cargos los responsables del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat para la conselleria de Asuntos Sociales, David Palanques y David Franco; y el asesor de la conselleria de Governació, Joan Ignasi Sánchez. 

6,2 millones bajo sospecha

El juez que ordenó este miércoles la operación contra el referéndum indaga si el Govern ha destinado a la organización del 1-O las partidas presupuestarias que suman 6,2 millones de euros. Se trata de partidas públicas, anunciadas y aprobadas en los presupuestos catalanes y anuladas por el TC.

En un auto de la operación lanzada este miércoles, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, encarga a los agentes de la Guardia Civil que intervengan cualquier indicio sobre el referéndum y "actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado e independencia de Cataluña".

Concretamente, el juez busca documentación relacionada con las tres partidas presupuestarias, de 5 millones, 407.450 y 800.000 euros, que fueron aprobadas por el Govern para la celebración del referéndum y anuladas por el Constitucional, el pasado mes de julio, después de que el Gobierno las impugnara.

En su auto, el magistrado ordena registrar los despachos particular y profesional de los investigados e inspeccionar "la totalidad de archivos, muebles y habitáculos" existentes en busca de cualquier documentación, en soporte físico o digital, relacionada con el referéndum, ya sea en cajas fuertes, documentación física o equipos informáticos, discos duros y USB.

El juez ordena buscar especialmente los documentos que puedan estar relacionados con "la contratación con entidades públicas o privadas" para la "planificación, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de estructuras de Estado". De ahí que los 41 registros se practicaran tanto en despachos de la Generalitat, domicilios particulares de los altos cargos detenidos, despachos profesionales y sedes de empresas privadas como Indra.

La defensa denuncia vulneración de derechos

La defensa de los 14 detenidos de este miércoles ha denunciado este jueves la  "vulneración de derechos inaudita" en la operación ordenada por el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, contra el 1-O.

Fuentes de la defensa se han mostrado especialmente críticas con la manera con que la Guardia Civil, por orden del juez, arrestó a las ocho de la mañana de este miércoles al secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové: fue, según las mismas fuentes, en medio de la ronda litoral de Barcelona, cuando estaba en su coche para ir a trabajar.

Por su lado, Milan Kalina, exjugador del Barcelona de balonmano, ha denunciado que no ha podido ver a su mujer, Mercedes Martínez, técnica en el departamento de Vicepresidencia a quien la Guardia Civil detuvo este miércoles. Delante del cuartel de la Guardia Civil de Barcelona donde Martínez ha pasado la noche, Kalina ha negado que su mujer tenga responsabilidades en el preparativo para el 1-O y ha criticado que fuera detenida, según su relato, "mientras llevaba a sus hijos al colegio".

La defensa de los detenidos ha denunciado que los agentes se llevaron dispositivos y contraseñas sin presencia de abogados durante algunos de los 41 registros ordenados por el juez, que investiga el referéndum a partir de dos denuncias de VOX y del abogado Miguel Durán por las declaraciones de Santiago Vidal sobre las presuntas ilegalidades de la Generalitat para preparar el referéndum.

Las mismas fuentes, que ven en la operación de ayer una operación policial y judicial "para evitar el 1-O dejando en suspenso las garantías del derecho penal", han denunciado que desconocen dónde están este jueves con exactitud los 11 detenidos que qudan, repartidos entre el cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia y el de Sant Andreu de la Barca.

En este contexto, las mismas fuentes  han asegurado que la Guardia Civil no comunicó las detenciones en el colegio de abogados y que algunos letrados tardaron en localizar a sus clientes varias horas. Los detenidos también ven como una suspensión de derechos que no se hayan resuelto aún todos los habeas corpus que solicitaron el miércoles los abogados.

Asimismo, las mismas fuentes de la defensa, que no descartan que los detenidos pasen a disposición judicial esta tarde o este viernes, han recordado que el juez rechazó en julio  la personación de la CUP en la causa alegando que la causa "no tiene por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum".

El habeas corpus

Otra de las denuncias de la defensa versa sobre los habeas corpus que plantearon este miércoles siete de los 14 arrestados. En concreto, porque el juez de guardia en Barcelona que había de resolverlos, el titular del juzgado de instrucción 13, era el mismo que había ordenado las detenciones.

Por este motivo Ramírez Sunyer fue recusado por varios detenidos, aunque su sustituto para resolver el habeas corpus, el juez de instrucción 30 de Barcelona, rechazó la medida y consideró los arrestos ajustados a derecho.

La figura jurídica del habeas corpus permite la puesta a disposición inmediata de un detenido ante la autoridad judicial, en caso de que se considere que ha sido ilícitamente arrestado. Seis habeas corpus han sido denegados a lo largo de la pasada madrugada y esta mañana, y uno están pendiente de resolverse. El plazo que marca la ley para resolver un habeas corpus, 24h., finaliza esta tarde.

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