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El Defensor del Pueblo pide archivar el expediente de tierras raras por su estudio “fuera de plazo”

En la investigación derivada de la reclamación de Sí a la Tierra Viva, este Alto Comisionado recalca que ya hay motivos suficientes para tumbar el procedimiento

Vuelve a insistir en que, en el trámite de información y consultas, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó desfavorablemente

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Rueda de prensa en Ciudad Real de la Plataforma Sí a la Tierra Viva

Rueda de prensa en Ciudad Real de la Plataforma Sí a la Tierra Viva

Nuevo varapalo al proyecto minero de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel. La investigación iniciada por la Oficina del Defensor del Pueblo como consecuencia de la reclamación cursada por la Plataforma Sí a la Tierra Viva hace más de un año, ha concluido que el   Estudio de Impacto Ambiental presentado por Quantum Minería -la promotora del proyecto- el pasado 20 de febrero para la solicitud de los permisos de explotación, se hizo “fuera de plazo”. Para el Alto Comisionado, esto “determinaría el archivo del expediente” conforme a la Ley castellano-manchega de Evaluación Ambiental. De esta manera, da la razón al argumento que esgrimió el pasado 21 de febrero tanto por plataforma como por las organizaciones ASAJA, COAG y UPA; además de Cooperativas Agroalimentaria, Fundación Savia y la Plataforma Campo de Montiel, en escritos dirigidos a la Junta.

Concretamente, la Defensora del Pueblo argumenta que la notificación del documento de alcance en el que la Junta solicitó a la minera ese estudio de impacto ambiental, se produjo el 18 de noviembre de 2016, y por tanto el plazo de tres meses para la presentación del texto exigido, debía computarse a partir del 19 de noviembre a las 00.00 horas, venciendo el 18 de febrero de 2017, sábado y día hábil.

Se trata de una premisa que viene determinada por aplicarse la antigua Ley de Procedimiento Administrativo (1992) que considera los sábados hábiles y que se aplica en este caso porque el proyecto se inició con anterioridad a la modificación de 2015. Por todo ello, pregunta a la Junta de Castilla-La Mancha “si va a declarar el archivo del expediente”.

Sí a la Tierra Viva ha hecho público este escrito, donde además la Oficina del Defensor del Pueblo vuelve a insistir en que en el trámite de información y consultas previas a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó desfavorablemente de los proyectos de extracción en evaluación ambiental "por falta de recursos hídricos e incompatibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación”.

Un informe "con carácter preceptivo y vinculante"

“Este informe, previsto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas tiene carácter preceptivo y vinculante para la Administración autonómica en relación con la existencia de recursos hídricos suficientes, (…) criterio que también es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El carácter preceptivo y vinculante de los informes constituye un motivo suficiente para archivar el expediente de evaluación ambiental y de los procedimientos de otorgamiento de las solicitudes de explotación”, añade.

La Plataforma alega que, pese a estas consideraciones, el director provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real decidió someter a información pública el pasado 10 de abril los proyectos y el estudio de impacto ambiental. También recuerda que ya denunciaron ante la Consejería de Economía la admisión a trámite en noviembre de 2015 de las tres solicitudes de explotación, “aun careciendo de la garantía de abastecimiento de agua y sin que existiese ningún informe de solvencia de Quantum Minería”. La denuncia fue ampliada el pasado mes de diciembre solicitando que el director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, fuese apartado de la tramitación de los expedientes “al haber defendido abiertamente en público y en diversas ocasiones” los intereses empresariales de Quantum Minería. 

“Es por ello que el Ejecutivo regional debe actuar sin fisuras y cumplir estrictamente con la legalidad, procediendo al archivo de los expedientes de evaluación ambiental y de los procedimientos de otorgamiento de los derechos mineros”, subraya la Plataforma. Ha anunciado por último que “dada la gravedad de la situación creada” por el Gobierno castellano-manchego,  pondrá en conocimiento de los grupos políticos oposición (PP y Podemos) estos hechos para que “por vía parlamentaria se pueda proceder a la petición de la explicación correspondiente”.

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