Los trabajadores sociales piden tres oficinas antidesahucios más en zonas afectadas
La promesa del Gobierno de Emiliano García-Page de crear oficinas antidesahucios va tomando forma poco a poco en manos de las plataformas y colectivos directamente relacionados con su puesta a punto. En principio, el borrador de la Consejería de Fomento incluye la puesta en marcha de seis centros, uno regional en Toledo, otros cuatro en cada provincia y otro más en Talavera de la Reina. Los trabajadores sociales, que conocen esta problemática por su trabajo diario, han solicitado que a estas oficinas se unan tres más: en el Corredor del Henares, en la Sagra toledana y en La Mancha Centro, zonas donde se ha producido un mayor número de ejecuciones hipotecarias.
El hecho es que el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha está siguiendo de cerca este compromiso. Para este colectivo es fundamental que todas las oficinas estén integradas por equipos interdisciplinares y por profesionales “con solvencia, dignamente remunerados, y con acreditada formación, mérito y capacidad en materia jurídica y social en general y sobre intermediación hipotecaria en particular”.
El presidente de los trabajadores sociales de la región, Javier Sánchez Morcillo, deja claro que esta iniciativa es una “buena noticia” aunque llegue, según resalta, con ocho años de retraso, y después de haberse convertido los desahucios en el factor de exclusión social “más potente, más alarmante y más marginador”. Esgrime así que el Consejo General del Trabajo Social de España desarrolló hace más de dos años un modelo de informe social homologado para afrontar las situaciones de desahucio, a través del cual el trabajador social recabaría información sobre datos familiares, sanitarios, laborales y bancarios para elaborar un informe con un plazo de hasta 5 días.
Este es el motivo por el que, para Sánchez Morcillo, es esencial que los trabajadores del colectivo que se contraten para estas oficinas no sean ni voluntarios ni dependientes de ninguna otra institución. “Deben tener conocimientos, habilidades y destrezas para poder elaborar estos informes sociales concretos”. Por eso pide a la Junta que este personal cuente con la formación necesaria en aspectos jurídicos relacionados con la intervención social, el peritaje social judicial y la intermediación social hipotecaria.
Asimismo, al tratarse de informes “extremadamente sensibles y de enorme complejidad técnica” exige a la Consejería de Fomento la obligatoriedad de la colegiación en la región para poder elaborarlos y emitirlos, extremo que también se deberá recabar del Colegio Profesional.
El presidente de los trabajadores sociales ha querido también justificar la enorme necesidad de estas oficinas y de que se multipliquen por diez las prestaciones y servicios a la familias en situación de pobreza y/o exclusión social, recordando que el anterior Ejecutivo de María Dolores de Cospedal “convirtió” a Castilla- La Mancha en “la región más pobre de España”.
