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Un juez avala que haya un socio privado en la gestión de Aguas de Alcázar

El Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 de Ciudad Real rechaza el recurso impuesto por la entonces concejal del PSOE Ana Belén Tejado contra la adjudicación de un socio privado para la empresa pública

La sentencia declara la adjudicación de Aqualia como socio privado "ajustada a Derecho" y condena también a Tejado a las costas del proceso

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Empresa de Aguas Públicas de Alcázar de San Juan

Empresa de Aguas Públicas de Alcázar de San Juan

El 5 de septiembre de 2014, la concejal socialista Ana Belén Tejado interpuso un recurso contencioso-administrativo en contra del acuerdo adoptado del 24 de julio en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Entonces, se aprobaba por urgencia la adjudicación y selección de un socio privado, para gestionar la empresa de aguas de la localidad, Aguas de Alcázar, en conjunto con el Ayuntamiento. El socio elegido fue Aqualia FCC. Se trataba de la gestión de los servicios vinculados al Ciclo Integral del Agua en el municipio y dos pedanías: Alameda de Cervera y Cinco Casas. 

En el recurso, la socialista señalaba que se violaba un artículo de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, el 47, en el que se señala que se debe tener mayoría absoluta para diversos aspectos, entre los que se encuentra la venta de una parte de una empresa pública. Entonces, Tejado señaló que "n o podía dejar de presentar el recurso. Es un compromiso personal, moral y político con todos los vecinos de Alcázar y con la Plataforma en Defensa del Agua Pública de hacer todo lo que estuviera en mis manos para paralizar la venta y recuperar la empresa lo antes posible". 

Sin embargo, el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real ha rechazado las razones presentadas por Tejado en contra del acuerdo del 24 de julio y ha desestimado dicho recurso. La sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es/clm, declara "ajustada a derecho" la resolución adoptada entonces por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y señala que no hay haber a la anulación de la adjudicación de parte de la gestión de la empresa municipal a Aqualia FCC. En este sentido, además, señala que hay "expresa" imposición de las costas del proceso judicial a la socialista. 

Las cuentas de Aguas de Alcázar

El concejal del Ciclo hidráulico, Juan Garrido, y también conocido activista de la Plataforma en contra la Privatización de las Aguas de Alcázar denunció recientemente un contrato de prestaciones que calificó como "ruinoso y descabellado", del que culpa directamente al exalcalde del municipio, el 'popular' Diego Ortega. En este sentido, Garrido aseguró que el Ayuntamiento paga al año, o deja de ingresar, unos dos millones de euros debido a la presencia de Aqualia en la empresa. Garrido concluía así que la empresa era "económicamente rentable" y que todo era un "montaje" para justificar la venta de la empresa municipal. El concejal ha señalado además que gracias a un "ligero incremento" en los costes del agua se ha podido hacer frente a pagos cercanos a los tres millones de euros. Garrido asegura así que se justifica "sobradamente" la necesidad de "recuperar el agua" y una empresa que "nunca debió dejar de ser nuestra. El concejal ha pedido también explicaciones directas a Diego Ortega.

Aqualia FCC, por su parte, desmiente rotundamente las acusaciones de Garrido y hace especial énfasis al explicar que lo que ha facturado hasta ahora, que no llega a los 600.000 euros según las cuentas de la empresa, se ha cargado a la empresa municipal, no al Ayuntamiento de la localidada. El socio privado de Aguas de Alcázar recalca que el agua en el pueblo sigue teniendo titularidad pública y que los importes facturados pueden desglosarse de manera muy sencilla. En este sentido, Aqualia señala que, por un lado, se ha facturado en concepto de contrato de prestación de servicios un total de 191.389,14€, por diversas gestiones como la asistencia técnica en seguridad y salud, tecnologías de la información, comunicación o márketing. Por otro lado, la empresa señala que ha facturado otros 408.083,53 euros por el contrato de "saber hacer", algo que se debe a, según señalan fuentes de la empresa, a haber reducido olores en la depuradora o la revisión de la red de saneamiento. El importa en el primer año de gestión, que se cumplió el pasado septiembre, llega a un total de 599.472,67 euros.

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