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Las declaraciones de trabajadores de SUFI "acorralan" aún más a Cospedal

Las declaraciones judiciales ante Pablo Ruz de los trabajadores de la empresa filial de Sacyr que se llevó la contrata de basuras afirman que el acuerdo llegó desde Madrid impuesto por la cúpula de la empresa y el PP nacional.

Señalan que todo fue ideado desde la sede del PP de Génova.

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Foto: EFE

El martes 25 era el turno para declarar en sede judicial de los trabajadores de la empresa SUFI, la filial de Sacyr que se hizo con la contrata de basuras del Ayuntamiento de Toledo. Varios cargos de SUFI están imputados en la operación en el mismo auto judicial que también imputaba al gerente regional del PP.

La Cadena Ser es el medio que ha tenido declaraciones en primera persona de los propios implicados de la empresa en sus presencias ante el juez, y han señalado que ellos no tuvieron nada que ver sobre el tema porque el contrato definitivo de basuras que llegó al Ayuntamiento para ser firmado cuatro días antes de dejar el Gobierno local por José Manuel Molina (ex-alcalde imputado) fue redactado unilateralmente en la sede central de Sacyr. Una modificación del contrato que multiplicaba por siete la mejora salarial del mismo, de donde procede el sobrecoste del contrato.

Las declaraciones de los trabajadores han querido, por un lado, desvincularse de la operación asegurando que procede de un acuerdo entre Génova y la sede central de Sacyr, por consecuencia, han apartado del caso al actual alcalde, Emiliano García-Page, al no estar en el cargo en el momento del susodicho pacto.

La bajada de contrato inicial de SUFI se explicaría en que así pudieron llevarse el contrato de basuras. Es decir, que presentaron una oferta muy a la baja en comparación con la competencia, a sabiendas de que ganarían el concurso al ofrecer los servicios por menos dinero. Una vez conseguido el acuerdo, se firma el convenio entre SUFI y Ayuntamiento a cuatro días de la marcha de Molina por el que se dispara el precio del contrato hasta, incluso, muy por encima de las ofertas presentadas por otras empresas. Una aumento salarial que se dio después del 4'4% sobre el precio del contrato.

Las declaraciones de los trabajadores han incidido presunto el trato entre PP y Sacyr, y hacen que la justicia acorrale aún más a María Dolores de Cospedal y Vicente Tirado. De hecho Pablo Ruz ya estudia diligencias sobre cómo imputar a los dos políticos (ambos aforados) ya que Ruz, al estar aforados, no tiene competencia para hacerlo, y tendría que derivar el caso a otro tribunal.

Y ese es, actualmente, la preocupación del PP y del PSOE. Los socialistas presentaron una propuesta en el debate sobre el Estado de la Región pasado para eliminar el aforamiento de todos los miembros de la Cámara (Cospedal y Tirado incluidos). El PSOE ha pedido que se elimine el aforamiento inmediatamente para que Ruz, si lo estima conveniente, pueda encausar a quien estime; sin embargo desde el PP preguntados esta semana por la ley de aforamiento han declarado que es algo que "ya se vería más adelante". Este aforamiento "protegería" a Cospedal y Tirado del juez Ruz y le obligaría a mandar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El PSOE ha pedido en palabras de García-Page que "el juez Ruz pueda acabar lo que ha empezado"; al tiempo que señalaba que ahora entiende "por qué Cospedal era la política que más se oponía a la propuesta de eliminar aforamientos que hizo el ya ex-ministro Gallardón".

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