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Los emigrantes se plantean no empadronarse en España y cotizar en el país que los acogió
Asturias —
Los emigrantes retornados inyectaron en 2011 a las arcas del Estado 32.716.586 euros, según el Observatorio Permanente de la Federación Española de Asociaciones de Retornados, de los que un 6 por ciento corresponde a las pensiones de asturianos que han regresado. Este dato se ha dado a conocer durante el encuentro, celebrado en Gijón, entre los representantes del Gobierno del Principado, la presidenta de la Federación, Eva Foncubierta, y el diputado nacional Antonio Hurtado.
Los emigrantes retornados son uno de los colectivos a los que Hacienda les ha exigido, en cartas entregadas en propia puerta, un pago suplementario por las pensiones que perciben por sus años de trabajo y cotización en los países de acogida. Ese ‘pago’, correspondiente a la declaración de 2011, y que se revisará desde el 2008, en algunos casos alcanza los 20.000 euros.
Una de las consecuencias de la disposición del ministro Cristobal Montoro es que los emigrantes jubilados se planteen no empadronarse en España y permanecer en los países donde residieron y trabajaron, como Francia, Bélgica o Suiza, donde cotizarían el 18 por ciento que les corresponde.
El Ministerio de Hacienda ha hecho oídos sordos a la petición del Gobierno del Principado de que “retire la presión sobre este colectivo” y, aunque Asturias no tiene capacidad normativa para enfrentarse a Montoro, adoptará medidas que puedan aliviar la situación de los emigrantes retornados asturianos.
El ejecutivo asturiano está elaborando una Ley de Emigración que cumplimentará el IV Plan de Emigración, pendiente de su aprobación parlamentaria, en el que se amplían los derechos y la protección a este colectivo, que se incorporará como miembros de pleno derecho al Consejo de Comunidades Asturianas, órgano asesor del Principado en esta materia.
Entre las acciones previstas por el Gobierno del Principado están las ayudas económicas individuales para hacer frente a situaciones de emergencia y el apoyo a los programas gestionados por las entidades sin ánimo de lucro, que prestan asistencia, asesoramiento e información a las personas retornadas.
El IV Plan de Emigración abre el camino a una mayor participación de este colectivo y amplía la atención a estas personas, ofreciendo viviendas de emergencia para familias retornadas, la reserva de plazas en las residencias públicas y la cobertura sanitaria a los emigrantes jubilados que no tienen recursos. Unas medidas que, a juicio del Gobierno del Principado, “son más necesarias que nunca, dado el recorte en las ayudas sociosanitarias y las exigencias del Ejecutivo de Mariano Rajoy”.
