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Los disidentes de Ciudadanos, enviados al exilio parlamentario

Alberto García, Alexis Marí y David de Miguel en su nueva ubicación en el pleno de las Corts

Laura Martínez

Alexis Marí y los otros tres diputados que abandonaron Ciudadanos ya tienen un lugar para trabajar. Los grupos parlamentarios han tardado un mes en decidir qué tratamiento tendrían los cuatro ex de la formación naranja y en qué ubicación podrían desarrollar su trabajo, ya que ningún grupo parlamentario quería ceder espacio en su planta de trabajo.

La situación llegó a bordear lo kafkiano y los grupos parlamentarios encargaron un informe para saber cuántos metros cuadrados tiene cada representante para trabajar en función de su formación política. En el se dividía la superficie de trabajo de cada grupo entre sus diputados, para ver quién debía por tanto ceder su espacio.

En una segunda junta de portavoces para tratar la cuestión, finalmente se ha decidido este jueves enviar a los cuatro diputados al antiguo edificio de grupos parlamentarios. Se trata de una construcción anexa a las Corts, ahora utilizada por los funcionarios, que cuenta con una biblioteca en la planta baja. Sus despachos estarán en la cuarta planta, aunque según la portavoz de Ciudadanos, el acuerdo es temporal. Los diputados, según se ha explicado tras la junta de portavoces, está conforme.

Siguiendo el criterio de los letrados de la cámara aplicando el reglamento de las Corts, los cuatro parlamentarios autonómicos que abandonaron Ciudadanos hace unas semanas no pueden formar grupo propio y son considerados diputados no adscritos, junto a Covadonga Peremarch ( ex de Podemos) y Miquel Domínguez (que dejó el PP tras ser imputado). Ahora los seis se sientan en la última fila del hemiciclo.

Subida del sueldo a los funcionarios

En la misma reunión, los representantes han acordado celebrar la Diputación Permanente el próximo miércoles para convalidar un decreto de Hacienda. Se trata de un acuerdo del Gobierno central, posterior al techo de gasto, en el que se acuerda la subida del 1% del salario de todos los funcionarios, el Consell incluido.

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