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La (no) reforma electoral en Asturias ¿Una lección para 2015?

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La semana pasada la Junta General de Asturias vivió una votación que ha provocado que el PSOE pierda el apoyo de sus dos socios parlamentarios y que puede desembocar en una nueva convocatoria de elecciones. El detonante fue el voto en contra del PSOE a una propuesta de reforma electoral presentada por el propio PSOE junto a IU y UPYD. Los socialistas defienden su voto porque la propuesta no consiguió sumar ni al PP ni al partido de Álvarez Cascos y  esgrimen que el pacto de legislatura incluye una referencia a una necesaria mayoría reforzada que no se iba a obtener.

Pero vayamos por partes. En primer lugar, ¿Era una buena reforma?

Desde mi punto de vista, sí. El sistema electoral español (que es reproducido a grandes rasgos en los sistemas electorales de las comunidades autónomas) es desproporcional, lo que aleja la decisión expresada por la ciudadanía de la composición del parlamento, y muy centrado en los partidos políticos, lo que dificulta el control ciudadano de los representantes y fortalece los conocidos "aparatos" de las organizaciones. La desproporcionalidad ha primado al bipartidismo y penalizado a pequeñas o nuevas formaciones, mientras que la distancia entre representantes y representados no ha incentivado precisamente a contar con los mejores diputados y diputadas, sino en muchos casos, a los políticos más domesticables por las cúpulas y dóciles a sus decisiones. Aunque solemos apuntar a sus defectos, este sistema también tiene algunos puntos positivos, como que nos permite identificar posibles gobiernos antes de las elecciones y facilita la estabilidad de gobiernos. La reforma del sistema electoral, por tanto, debe centrarse en eliminar o reducir los defectos sin perder los puntos fuertes del sistema actual.

En esta línea, con la reforma asturiana se buscaba modificar el reparto de escaños entre distritos para conseguir un resultado más proporcional así como facilitar la rendición de cuentas de los representantes con un sistema de listas desbloqueadas y voto preferencial. Además, se establecía por ley  la obligatoriedad de elegir los cabezas de lista mediante sistema de primarias y de celebrar debates electorales en la televisión pública, junto a otras novedades  (Pablo Simón ha descrito de forma más detallada las principales innovaciones de la propuesta asturiana).

Se trataba, por tanto, de una propuesta positiva. Una propuesta que ha sido rechazada en el último momento por no sumar a los partidos de la oposición. Entramos, entonces, en el segundo debate ¿Realmente era necesario el voto de PP o Foro Asturias?

Vaya por delante que no era un requisito establecido en el Estatuto de Autonomía. Cierto es que el pacto con UPyD hacía referencia a una mayoría reforzada. Tan cierto como que si el PSOE hubiese estado de acuerdo en sacar adelante la propuesta, nada les impedía actualizar ese pacto ante después de intentar, sin éxito, el diálogo y acercamiento con la oposición.

Huyamos de ese debate etimológico sobre la mayoría reforzada, porque, en el fondo, realmente estamos hablando de una decisión política del PSOE. Una decisión política de mantener el statu-quo, es decir, el actual sistema electoral con su desproporcionalidad y la centralización de la selección de candidatos en las cúpulas partidistas, y no en los electores. La defensa de un statu-quo que beneficia a un PSOE que se excusa con una llamada al consenso.

Por eso me surge la pregunta que encabeza este artículo sobre si podemos extraer lecciones de la ruptura del pacto asturiano para un posible futuro acuerdo de cambio en Les Corts (sin entrar en la configuración de mayorías o quien podría liderarlo) .

Desde mi punto de vista sí que podemos aprender de lo que está pasando en Asturias. En 2015, presumiblemente, subirán con fuerza opciones que defienden cambios profundos en la manera de entender la política valenciana. Seguramente viviremos batallas entre la apuesta por el cambio y la defensa del statu-quo. En estas batallas, asumir que las grandes decisiones deben contar con el acuerdo de los partidos más votados en aras del consenso puede significar, paradójicamente, que en nombre de las mayorías reforzadas se mantengan políticas que cuentan con un apoyo ciudadano mínimo y otorgar capacidad de veto a la opción que ha gobernado de forma hegemónica durante décadas y que los ciudadanos, hipotéticamente, habrán mandado a la oposición. No será el caso de la ley electoral valenciana (ya que nuestro estatuto sí que fija para su reforma una amplia mayoría 2/3) pero se me ocurren decenas de políticas económicas, sociales, de defensa del autogobierno o de regeneración democrática en las que se pueden reproducir los mismos argumentos.

Por tanto nos encontramos ante una  cuestión de base. Frente a la previsible pérdida de la mayoría absoluta del PP de 2015, el PSOE valenciano deberá decidir si actúa como un actor del cambio o si preferirá seguir la estela asturiana y defender el statu-quo junto al PP.Y seguramente las dudas sobre su futuro papel serán centrales cuanto más se acerquen las elecciones y crezcan las expectativas de acabar con la hegemonía popular. Lo que es innegable es que lo ocurrido en Asturias ya supone un golpe a la credibilidad del discurso del PSOE ante los escenarios de cambio que se abrirán en los próximos años.

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