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DESALAMBRE

Agentes de EEUU niegan el paso a quienes piden asilo en la frontera con México

Policías de protección de aduanas y fronteras de EEUU actúan como filtro impidiendo el paso a quienes declaran querer pedir protección internacional en la garita fronteriza, según una investigación de la ONG Human Rights First

La ONG denuncia que se trata de rechazos ilegales y arbitrarios 

Según asegura el informe, los agentes ordenan "de forma hostil" que acudan al consulado de sus países a solicitar el asilo, "un proceso que no existe"

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Agentes de la CBP | José Pedro González

Agentes de la CBP | José Pedro González

Policías del departamento de protección de aduanas y fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) están rechazando solicitantes de asilo de "forma ilegal" en la frontera con México, según una investigación de la ONG Human Rights First. Las primeras denuncias surgieron hace unos meses desde grupos de abogados que asesoran voluntariamente a personas que llegan a Tijuana huyendo de amenazas y situaciones de prominente peligro.

El informe de Human Rights First evidencia un total de 125 casos en los que las autoridades actuaron "de forma irregular" en la atención a quienes pedían el acceso a la garita fronteriza para pedir asilo.

"Aquí no hay asilo", le respondieron los agentes a Francisca cuando intentó iniciar el trámite para solicitar protección. Según la ONG, esta actuación "contraviene la ley estadounidense" y los tratados internacionales dado que cada petición tiene que ser estudiada. 

“Cuando llegamos al lado de EEUU, dije 'mi cliente está aquí para solicitar asilo'. El agente nos miró y dijo: '¿Asilo? ¿Qué es eso?'. A continuación dijo que no podía solicitar asilo. Le dije que sí podía, y que tenía que aceptar su solicitud”, explica uno de los testimonios recogidos por la organización.

Amenazados por las maras, el narco, la delincuencia paramilitarizada o las fuerzas del orden, decenas de personas llegan cada semana a los puertos fronterizos del norte de México tratando de salvar la vida. Proceden de los estados mexicanos de Guerrero, Veracruz y Michoacán, de Centro y Sudamérica. También de países del este de Europa, como Ucrania o Turquía.

Nicole Ramos, abogada federal de migración de Nueva Jersey, trabaja en la Clínica de Derechos Fronterizos de Tijuana, una oficina de orientación y asistencia legal de carácter no lucrativo desde la que ha podido documentar las "arbitrariedades" denunciadas. En el último año ha ayudado a más de 50 solicitantes de asilo, algunos menores de edad que viajaron solos desde sus lugares de origen, a preparar la documentación necesaria y los pormenores del proceso legal. Solo uno lo ha conseguido.

Según explica, comenzó a observar la "mala praxis" de la CBP a finales del pasado año, cuando los agentes empezaron a exigir a sus representados un documento avalado por el Instituto Nacional de Migración mexicano (INM). El papel debía establecer una fecha para introducirse en suelo estadounidense e iniciar el proceso de petición de asilo.

Sin embargo, este procedimiento solo se puso en práctica de forma temporal para los migrantes procedentes de Haití que llegaron durante 2016, por lo que la abogada sospecha que ha sido un pretexto para rechazar a solicitantes de asilo: "No hay ninguna ley que diga que estas personas deben tener una fecha.

Entrada a la garita fronteriza estadounidense | José Pedro González

Entrada a la garita fronteriza estadounidense | José Pedro González

Después de ir a la garita y ser rechazados, hemos acompañado a los solicitantes de asilo a las instalaciones del INM para obtener el documento, pero este solo lo conceden a personas que no tienen ningún tipo de visado para estar en México. Es decir, que debes ser indocumentado", explica.

Los agentes de la CBP carecen de autoridad para rechazar una solicitud de asilo, pero sí la tienen para negar la entrada a la garita fronteriza. Actúan como un filtro. Ramos se ha enfrentado a ellos en varias ocasiones en las que ha acompañado a sus clientes hasta la puerta de entrada de la garita fronteriza.

Denuncian racismo en la actitud de los agentes

La organización asegura que hay "una especie de racismo" en la actitud de los agentes, quienes ordenan "de forma hostil" que acudan al consulado de sus países a solicitar el asilo, "un proceso que no existe", puntualiza. "No hay un motivo verdadero para rechazarles en la entrada, y a aquellos que acuden sin un abogado les deniegan el acceso en la misma puerta".

Algunos de los solicitantes permanecen detenidos hasta 24 horas siendo interrogados por los agentes fronterizos antes de ser expulsados a México. Pero Nicole Ramos insiste y acompaña por segunda vez a sus representados hasta la frontera. "Les gritan, les dicen que son mentirosos, que ya conocen a su abogada y que ella les enseña cómo mentirles a las autoridades. Que son mentiras que ella diseñó", lamenta Ramos.

Mientras los solicitantes tratan de sortear el filtro de los funcionarios de aduanas, la abogada envía por correo la información detallada de sus clientes a los supervisores de la garita, solicitando la entrevista con el oficial autorizado. "Ellos se enojan porque hay alguien que los está vigilando, que está pendiente de los casos de asilo".

En la línea de las denuncias de la letrada con sede en Tijuana, el informe "Crossing the line", elaborado por la organización sin ánimo de lucro Human Rights First entre febrero y abril de este año, expone los casos de otros 125 solicitantes de asilo que fueron rechazados ilegalmente en siete puertos de entrada de California, Arizona y Texas.

La investigación asegura que los agentes de la policía fronteriza violan la ley, presionando a los solicitantes para que cambien sus declaraciones y expulsando a México a quienes expresan temor de ser perseguidos, en vez de remitirlos a un tribunal migratorio para una entrevista.

"Hemos tenido clientes que, cuando están sometidos al interrogatorio grabado, son cuestionados durante horas, una y otra vez, sobre si tienen miedo de regresar a su país. A cámara apagada, los oficiales les fuerzan para que cambien la versión, incluso bajo la amenaza de alargar el arresto. En cuanto tienen una declaración comprometedora grabada, los expulsan", explica la letrada.

Esta práctica, apunta la organización, está poniendo en peligro la vida de un número incierto de personas amenazadas, ya que muchas de ellas ni siquiera contactan con asistencia letrada y quedan expuestas a la inseguridad de México.

Ramos ha observado que el trato de las autoridades migratorias y la policía fronteriza con los solicitantes de asilo mexicanos ha empeorado: "Directamente les dicen que no hay asilo para ellos, que ya se terminó. Y eso no es cierto. Les niegan la entrevista y los deportan en menos de 24 horas, lo que también es contrario a la ley", asegura.

"Mienten y dan un trato vejatorio a todos los que llegan, pero especialmente a los mexicanos. Les amenazan con detenerlos durante mucho tiempo y de quitarles a sus hijos si mantienen su solicitud de asilo".

La abogada federal cree que estas prácticas de los policías fronterizos empezó a hacerse habitual durante la administración de Barack Obama, ya que creó la figura de las 'detenciones familiares' en las que se puede arrestar a familias enteras con niños pequeños, iniciando con ello las deportaciones masivas que caracterizaron su gobierno.

Sin embargo, Ramos defiende que, desde que inició el gobierno de Donald Trump, "los oficiales tienen una actitud mucho más agresiva y no dudan en intimidarme haciendo valer su autoridad", lamenta.

Según HRW, a principios de enero, la Unión Americana de Libertades Civiles y otras siete organizaciones pidieron al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU que investigara la “"denegación sistemática de la entrada a solicitantes de asilo" a lo largo de la frontera entre EEUU y México.

Un periodista amenazado lleva meses detenido

Las personas que solicitan asilo en la frontera son detenidas y trasladadas a centros de detención, donde deben esperar a ser entrevistadas por un juez que determinará si tienen un "historia de temor creíble".

Si el proceso avanza, pueden internarse en el país bajo el régimen de libertad condicional, con un sistema de localización por satélite atado al tobillo y bajo la custodia de algún familiar u otro responsable legal que deberá acompañarlas a reportarse periódicamente con las autoridades.

El periodista mexicano Martín Méndez no se lo pensó dos veces y el 5 de febrero abandonó Acapulco, la segunda ciudad más violenta de Latinoamérica, después de que, asegura, un comando de seis hombres fuertemente armados -presuntos policías federales- lo amenazaran de muerte en su casa.

El joven reportero viajó hasta Tijuana para entregarse a las autoridades estadounidenses pidiendo auxilio; no quería engrosar la lista de los más de cien periodistas asesinados en el país desde el año 2000. En una carta remitida a algunos medios, el propio Méndez ha alertado que, desde entonces, ha pasado por varios centros de detención de Nuevo México y Texas, donde se encuentra "encadenado y recluido".

Su abogado informó que el periodista amenazado entregó la documentación necesaria y aportó diversas pruebas. También logró pasar satisfactoriamente la entrevista de "miedo creíble" ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por lo que debería haber obtenido la libertad condicional para internarse en el territorio estadounidense.

Las autoridades migratorias han rechazado liberarlo en dos ocasiones argumentando una "falta de lazos comunitarios sólidos" y un supuesto riesgo de fuga una vez que el reportero entre en el país.

Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Mexicanos en el Exilio han pronunciado su preocupación por el trato que Méndez está recibiendo por parte de las autoridades estadounidenses. Señalan que se están produciendo violaciones a sus derechos y a las leyes internacionales sobre el derecho al asilo, así como un atentado contra la dignidad de los periodistas amenazados. Sin embargo, el largo periodo de tiempo que el reportero está pasando en reclusión no es un hecho aislado.

La orden ejecutiva sobre control migratorio firmada por Donald Trump en el mes de enero inició un periodo de endurecimiento de las actuaciones del ICE contra los inmigrantes indocumentados en todo el país. En la práctica, se ha traducido en la dilatación de los periodos de internamiento en centros de detención. 

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