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En 14 de las 16 visitas de eurodiputados a CIE europeos se prohibió la entrada a la prensa

Una ONG denuncia el aumento de expulsiones exprés de inmigrantes

Gabriela Sánchez

Bruselas —

Arbitrariedad, opacidad, deficiencia de asistencia sanitaria, obstáculos al acceso a las peticiones de asilo... La campaña europea Open Acces Now de la red Migreurop y apoyada por eurodiputados de Los Verdes y de la Izquierda Europea, ha documentado una serie de denuncias repetidas en las visitas realizadas a diferentes Centros de Internamiento para Extranjeros esparcidos por los países de la UE. Buscan llegar a una opinión pública que, a su juicio, desconoce en gran medida lo que ocurre en el interior de los CIE, con el objetivo final de “lograr su cierre”.

Difundir su existencia, describir las condiciones en las que los estados miembros encierran a extranjeros por una falta administrativa requiere, según destacan los organizadores, alcanzar una meta a corto plazo: acabar con la opacidad de estos centros. De las 16 visitas realizadas por eurodiputados en CIE de Francia, Italia, España y Bélgica, solo dos de ellos contaron con la presencia de la prensa. En el resto, la solicitud de los europarlamentarios para acceder con periodistas fue declinada. En el caso de España, la Dirección General de Policía denegó la entrada en los CIE de Madrid y Algeciras a un grupo de medios entre los que se encontraba eldiario.es.

“No dejan entrar a los medios de comunicación” en los centros de internamiento para “ocultar a los ciudadanos”, denunció en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, parlamentaria de Izquierda Unida. “Buena parte de la población desconoce que a escasos metros de su casa muchas veces hay un agujero negro para los derechos humanos”.

¿Por qué es importante la visibilidad? “Parece que no existen. Si no se ven, no se consigue crear un vínculo apropiado con la situación de las personas que pasan por los CIE. En cuanto lo visitas, creas el vínculo... Debemos crearlo en la sociedad”, sostuvo Barbara Spinelli, eurodiputada por Italia de GUE/NGL, en la presentación de los resultados de las visitas llevadas a cabo durante los últimos meses. “Es necesario dar a conocer los CIE, desempeñar ese papel de alerta, trasladar los testimonios y exigir la transparencia de estos centros”, afirmó Eva Joly, de Los Verdes europeos. Con este objetivo, eurodiputados y representes de ONG de cada país, han descrito las conclusiones extraídas de las visitas de “estos puntos negros de los derechos humanos”.

España: “Cada CIE es el reino del director”

Los eurodiputados del Estado español Marina Albiol (IU) y Ernest Urtasun (ICV) trasladaron en la Eurocámara las condiciones de los CIE de Madrid, Barcelona, Algeciras y el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla.

La eurodiputada de Izquierda Unida denunció la existencia de “celdas de castigo” o “aislamiento” conocidas en el CIE de Algeciras con “el eufemismo de celda para pensar”, “asistencia médica insuficiente o la falta de información” para aquellas personas que puedan acogerse a mecanismos de protección internacional. Destaca el CIE de Algeciras. “Una antigua cárcel cerrada en 2000 por el mal estado de sus instalaciones y reabierto como CIE en 2004 sin ningún tipo de reforma”, detalló.

“Estamos hablando de un centro que cumple la premisa de ser una cárcel en todos los sentidos”, enfatizó Albiol, quien destacó su encuentro con una joven internada que “decía tener 15 años”. Según afirmó, “todas las personas que componíamos la delegación coincidimos en que no podía ser menor de edad”. Sin embargo, fue expulsada pocos días después, según describe. Las pruebas de edad decían que superaba los 18 años. En este sentido, Mikel Araguás, presidente de Andalucía Acoge, una de las organizaciones que conforma la red Migreurop, resaltó los problemas derivados de las pruebas de la determinación de la edad. “No es la primera vez que se expulsa a una persona menor”.

“A lo largo de las visitas de este año hemos tenido dos prioridades: controlar cómo se aplicaba el nuevo reglamento de los CIE y cómo se aplicaba la sentencia del Tribunal Supremo -que requería una serie de cambios como la habilitación de los centros para familias-, pero no ha tenido efectos”, añade Araguás. “Cada centro es un reino donde cada director tiene la potestad absoluta para hacer lo que quiera”.

“Un hecho que llama especialmente la atención es el internamiento indiscriminado de personas con antecedentes penales y sin ellos, los que cuentan con la falta administrativa que supone no tener papeles. Es decir, mezclan delincuentes con gente que no lo es”, explica Urtasun acerca del CIE de Barcelona, aunque esta situación se repite en la mayoría de CIE de España, a pesar de que el reglamento sobre el funcionamiento de estos centros pide, que no exige, la separación de ambos perfiles. Añade, además, la inexistencia de asistencia médica por las noches y la insuficiencia de medios sanitarios y destaca las condiciones “lamentables de los cuartos” y los obstáculos impuestos a las visitas de ONG.

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