La vivienda es uno de los mayores problemas que tiene España ahora mismo. Sí, otra vez. La diferencia con la burbuja es que en ese momento la gente se endeudó para comprar casas que se habían puesto a coste de palacio por eso del libre mercado desbocado y porque los bancos se dedicaron a jugar con el riesgo crediticio seguros de tener la red del rescate sólo para ellos y ahora la fiebre ataca al alquiler y hace que los precios sean inaccesibles (y empuja ya muy fuerte los de venta, por cierto). Como entonces, el asunto no es local sino que ocurre en todo el mundo desarrollado, pero aquí pega más fuerte porque estamos peor equipados.
Mientras en Europa los países invierten entre el 1 y 4% de su PIB en vivienda pública, aquí ponemos sólo el 0,60%. La media de tal cosa en la UE es del 15% y aquí, del 2%. Por allí hay estados y ciudades que pasan tranquilamente del 30% de viviendas en alquiler social y por aquí estamos en torno al 1%. Hay lugares que controlan los precios, pero no España. Como aquí, en Europa ha pillado de sorpresa el auge de las viviendas de uso turístico y su impacto en el mercado inmobiliario pero como en España el sector servicios (especialmente el turismo) es monocultivo, se actúa poco y mal. Por cierto, aquí el PP decidió premiar con la residencia a los inversores que se dejan 500.000 euros en una casa, toma gesto de gobierno para el bien común. Lo dicho, tenemos un problema de vivienda de narices pero lo peor es que no nos damos por enterados.
España es aún país de propietarios. Hay quien dice que es genético pero también quien asegura que nos han dibujado las normas así (aprovecho para saludar a Aznar y a su Ley de Suelo). En cualquier caso, se supone que en torno al 80% de los españoles vive en su propia casa y el resto alquila pero el dato está cambiando por la dificultad de acceso a crédito y también porque quienes se incorporan al mercado de trabajo lo hacen en esas condiciones precarias que tanto se llevan ahora. Entre la mayoría de quienes poseen supongo que estarán los editores de los informativos y los columnistas de primera porque no se les oye tratar lo que es, voy a insistir una tercera vez y creo que no será la última, uno de los grandes problemas de nuestro país. Todo el que viva en una ciudad grande conocerá casos, o los habrá vivido en persona, que retratan la situación: cuando cumplen los contratos de alquiler, los inquilinos, desprotegidos por la ley, temen subidas que pueden llegar a ser de más del 50%. Quien busca casa para rentar sabe que se debe dedicar a tiempo completo y que, a pesar de ello, tardará en encontrar algo decente, que será carísimo y estará muy lejos del lugar de su conveniencia, ya sea ésta por cercanía a lo laboral, lo familiar o lo social.
No, el sitio de residencia no es un capricho. No vale el argumento recurrente de que “todos queremos vivir en el centro porque está de moda”. La gente quiere vivir donde quiere vivir generalmente para no perder la vida moviéndose al trabajo. ¿Tiene que ver en todo esto el auge de los centros urbanos? Puede ser pero el problema de la vivienda de España no es sólo por eso y no sólo ocurre en los centros de las ciudades. De hecho, se extiende como la onda que provoca una piedra que cae al agua. Hablo de Madrid como ejemplo: aquí el precio del Distrito Centro y Chamberí se puso imposible pero la cosa no quedó ahí porque la gente que buscaba en esas zonas tuvo que moverse más lejos y ha provocado subidas en Arganzuela, Tetuán, Latina y demás. Sí, las famosas clases creativas ya no pueden habitar en Malasaña y Lavapiés y se van con su Spotify a otra parte; Usera, por ejemplo, provocando que gente con aún peor situación laboral se tenga que ir más lejos, a Orcasur y más allá. Y así sucesivamente. ¿Pasa algo? Pasa de todo.
Aumenta la desigualdad en un país que, según la Comisión Europea, es de los más desiguales del continente y la ciudad se desparrama. La gente ya no sólo tiene sueldos miserables sino que ahora tiene vidas aún más miserables porque se deja parte de ellas en desplazamientos eternos y llenos de complicaciones en las conexiones de transporte público. Quien puede se compra un coche para tener algo más de tiempo a costa de contribuir al atasco y la boina tóxica. Los vecinos se alejan no sólo de su curro, también de su familia, de sus amigos, de su ocio. Madrid y Barcelona (y otras ciudades a otra escala) se parecen cada vez más a Londres, que es el retrato de una ciudad fracasada en la que el sueldo sólo sirve para pagar los costes del transporte para ir y volver del trabajo y el alojamiento que permite descansar lo justo. Si nos londresificamos es señal de que, voy otra vez, estamos metidos en un problema grave.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Sí, soy el típico plasta que cita un artículo de la Constitución española (el 47) como si el libro sirviese para otra cosa que para tirárselo a la cabeza, al menos dialécticamente, en los debates de la tele o del Parlamento (lo siento, los confundo). En realidad no soy yo solo el típico pesado.
El lunes, siete ayuntamientos españoles se juntaron con el Ministerio de Fomento para pedir “medidas urgentes para garantizar el derecho a vivir dignamente en la ciudad”. Nada, cuatro gatos dando la brasa, tan sólo los representantes de casi siete millones de españoles pidiendo que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que está por aprobarse cambie la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y alargue la duración de los contratos de alquiler otra vez a cinco años (y que no permita subidas por encima del IPC), que haya índices de referencia para que no se vuelva nadie loco con los precios, que se incremente desde los 467 millones actuales hasta los 2.000 millones de euros la inversión en vivienda protegida, que acaben los beneficios fiscales de las SOCIMI, que se penalice fiscalmente la compra de vivienda habitual por parte de personas o entidades extranjeras no residentes y que la cesión de viviendas vacías de la SAREB sea obligatoria.
Por lo que he leído —la noticia no ha ocupado muchos titulares—, el Ministerio de Fomento ha recogido el guante diciendo que tiene “un alto contenido social” y lo ha dejado elegantemente en un cajón. Claro, por mucha gente que representen, los siete ayuntamientos que han hecho la propuesta son los de las llamadas ciudades del cambio y ya se sabe lo que les gusta a los rogelios manchar el buen rumbo de la macroeconomía con sus matices sociales. Creo que es momento de escribirlo otra vez: el tema de la vivienda en España es un desastre que no está por venir porque ya está aquí. De hecho, hasta esos ayuntamientos llegan tarde. La PAH lleva tiempo avisando (y negociando con los grupos parlamentarios) y por el camino de la crisis de alojamiento que vivimos han surgido colectivos activistas como los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos. La cosa, siento decirlo, no pinta bien: el alquiler se ha convertido en el negocio ideal para fondos internacionales como Blackstone y nacionales como Testa (SOCIMI participada por Acciona, Santander y BBVA), que se reparten buena parte del mercado, y la compra se va a poner muy difícil con la ley hipotecaria que se avecina, los ayuntamientos pueden tener buena voluntad pero también tienen poco terreno donde construir y el gasto controlado por Montoro y… prefiero no seguir.
No, en España no existe el derecho a la vivienda sino que, para muchísima gente, vivir se ha convertido en un privilegio. Sería fantástico que se enterasen los editores de los informativos, los columnistas de primera y todos aquellos políticos que pasan su jornada laboral discutiendo en Twitter en vez de estar legislando por el bien común. Hala, yo ya me he quedado a gusto. Pero seguimos teniendo un problemón.
