La Audiencia Nacional avala los 1.850 despidos del ERE de NCG Banco

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha avalado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de NCG Banco, anteriormente Novacaixagalicia, que supone la supresión de 1.850 puestos de trabajo, como medida para lograr que la entidad pudiera seguir operativa.

La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, rechaza los recursos de varios sindicatos que alegaban que no se había producido una negociación real en el proceso y afirma que el periodo de consultas permitió rebajar los despidos de los 2.508 iniciales propuestos por la empresa a 2.250, aunque finalmente fueron 1.850.

Según los magistrados, las medidas ejecutadas por NCG están justificadas dada la crítica situación en la que se encontraba y entienden que, de no haberse tomado, hubieran supuesto su cierre.

“Aún estando pendientes medidas acordadas en el despido colectivo previo, la entidad había entrado en una espiral de pérdidas crecientes y, además, debía hacer frente a unas condiciones determinadas en orden a conseguir la financiación pública sin la cual no podría seguir operando”, subraya la sala.

Por ello, considera que “la situación justificaba sobradamente la implementación de un nuevo proceso de despido colectivo”.

En concreto, los resultados antes de impuestos de NCG Banco fueron en 2011 de -121,7 millones de euros y de -1.229,9 millones en junio de 2012, y las pérdidas previstas para septiembre del año pasado eran de casi 7.966 millones.

Una situación que queda acreditada también con la rentabilidad bruta del banco, que había pasado del 7,3 por ciento en 2010, al -863 por ciento estimado para 2012.

De esta forma, según la resolución, “es imposible negar la existencia de una situación económica negativa justificativa y proporcionada de extinciones contractuales, puesto que la entidad, y el grupo en el que se integra, ha sufrido pérdidas millonarias y desmesuradamente crecientes en los dos últimos ejercicios”.

Tanto es así, prosigue, que “de no haberse recibido las ayudas públicas derivadas del Plan de Reestructuración -lo que exige, lógicamente el cumplimiento de sus condiciones, entre ellas las relativas a extinciones contractuales-, el banco no habría podido seguir operando”.

A ello añaden que una vez recibidas las “significativas” ayudas públicas, de 9.000 millones de euros, la entidad se encuentra actualmente en una situación más saneada.

“Ese era, justamente, el objetivo, cuya consecución en absoluto desmienten las dificultades económicas que dieron lugar a todo este proceso”, concluyen los magistrados.