La Audiencia Nacional investigará a Ángel Ron y Emilio Saracho por su gestión en el Popular

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite tres querellas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus respectivos consejos de administración por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

En su escrito, el titular del juzgado central de instrucción 4, Fernando Andreu, acuerda la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Entre las diligencias previstas por el magistrado, acuerda llamar a declarar a todos los querellados y requiere documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al FROB y al propio banco, en tanto que pide al Banco de España que designe a dos peritos para determinar si la información contable ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de manipulación o deformación.

El juez distingue dos etapas, la primera con Ron como presidente, periodo bajo el cual se investigaría la ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros, y la segunda, ya con Saracho al frente, en la que se ha habría producido una campaña de desprestigio con la publicación de noticias, hecho que podría constituir un delito de manipulación de mercado.

Admisión la querella de la OCU

El magistrado de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite también la querella interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra el Banco Popular y su expresidente Ángel Ron además de la auditora PwC por el “hundimiento” de la entidad, vendida por un euro al Banco Santander, según informa Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 suma esta querella a las presentadas por otras tres acusaciones que solicitaban la apertura de la causa por los delitos de falsedad contable y estafa de inversores. La OCU dirige su actuación igualmente contra los exconsejeros delegados del Popular Pedro Larena, Roberto Higuera y el auditor de PwC Pedro Barrio.

La organización denuncia, según recoge el auto, que los querellados distorsionaron las cuentas del Banco Popular (que pasaron de presentar unos beneficios de 93,4 millones de euros a unas pérdidas cercanas a los 3.500 millones al cierre del ejercicio de 2016) con la finalidad de crear, con motivo de la ampliación de capital en mayo de 2016, “una ficción que reflejara una situación financiera irreal”.

La OCU expone que la cúpula del banco ocultó las pérdidas que presentaba con la intención de captar al mayor número de inversores para la ampliación de capital con activos inmobiliarios “sobrevalorados, millonarios créditos de dudoso cobro o fallidos no provisionados”. No obstante, a diferencia de otros querellantes, exime de responsabilidad penal al sucesor de Ron en la presidencia del banco, Emilio Saracho, aunque solicita que sea llamado a declarar como testigo.

También dirige su actuación contra el auditor de las cuentas y la firma PwC ante el “agujero todavía sin valorar pero que se cifra entre 2.000 y 8.000 millones de euros”, lo que pone a la entidad en una situación todavía más “dramática” que Bankia, cuya salida a Bolsa ha instruido también el juez Andreu.