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Madrid debería declarar una situación de emergencia para que Tragsa limpiara las calles

La regulación de la empresa pública la obliga a actuar en caso de riesgo sanitario o incumplimiento flagrante de los servicios mínimos

Reemplazar la labor de los huelguistas con empleados públicos vulneraría sus derechos constitucionales

La empresa pública que Ana Botella pretende utilizar también está inmersa en un ERE que afecta a 1.639 trabajadores

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Tragsa limpiará Madrid si recibe una orden de la Administración

Imagen de la huelga en Madrid. EFE

¿Puede el Ayuntamiento de Madrid acudir a la empresa pública Tragsa para limpiar las calles de Madrid? Los sindicatos de la empresa subrayan que solo podría actuar en caso de emergencia declarada por las autoridades, tal y como contempla su marco jurídico. Y subrayan también la contradicción que supone que el Ayuntamiento quiera resolver el conflicto surgido en un servicio privatizado acudiendo a una empresa pública en la que están a punto de aprobar un ERE para cientos de personas.

"Tragsa es un medio público de las administraciones que actúa en las emergencias declaradas por las autoridades. Si no se cumple en su totalidad lo establecido legalmente, nos resistiremos a actuar. Si se cumple, tendremos que hacerlo, pero estamos con los trabajadores de la basura de Madrid", explica el presidente del comité intercentros de Tragsa, Ángel Hernández, que pertenece a UGT.

El delegado nacional de CSIF en Tragsa, Rafael Fernández, insiste en que la empresa puede actuar siempre y cuando se declare una emergencia de algún tipo. "Lo que sería anormal es que se nos pidiera que actuáramos para intervenir en un conflicto laboral", dice Fernández. El presidente del comité intercentros subraya lo mismo: "No habría forma de avalar que actuemos solo porque no se cumplen los servicios mínimos". En cualquier caso, los servicios jurídicos sindicales están trabajando para explorar el caso.

"El Ayuntamiento pretende utilizar a trabajadores de Tragsa para boicotear y reventar la huelga. Esta práctica está totalmente prohibida por el ordenamiento jurídico, ya que el mismo impide explícitamente la sustitución de trabajadores en huelga", explican desde CGT.

El catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha Joaquín Pérez Rey explica que, en la situación actual, emplear a otros trabajadores, bien sean externos o de las propias concesionarias, para realizar este trabajo vulneraría el derecho a la huelga. Solo podría suceder si hay un "incumplimiento flagrante, manifiesto y desproporcionado" de los servicios mínimos: "En estos casos, sí hay algunas opiniones doctrinales que dicen que se puede intervenir para garantizar esos servicios mínimos, pero su incumplimiento tendría que demostrarse fehacientemente. El problema es que este caso se basa en una polémica falsa: los servicios mínimos no garantizan la continuidad del servicio, es normal que Madrid esté sucia. Los servicios mínimos sirven para garantizar que no se vulneran otros bienes y derechos fundamentales, pero no para continuar con la actividad como si nada pasara. Así lo dice el Tribunal Constitucional".

En ese sentido, Pérez Rey asegura que es difícil que se produzca una emergencia sanitaria, puesto que los servicios mínimos sirven en este caso para evitar problemas de salubridad. En caso de que, aun así, tuviera lugar, el catedrático dice que el ordenamiento jurídico da poderes a las administraciones para garantizar los servicios mínimos, pero no para restablecer unilateralmente el servicio. Es decir, el Ayuntamiento podría recurrir a Tragsa pero no para que sustituyera a las empresas, sino para que garantizara los servicios mínimos.

El régimen jurídico de Tragsa lo marca el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. "Las sociedades del grupo Tragsa estarán obligadas a participar y actuar, por encargo de los poderes adjudicadores de los que son medios propios instrumentales, en tareas de emergencia y protección civil de todo tipo, en especial, la intervención en catástrofes medioambientales o en crisis o necesidades de carácter agrario, pecuario o ambiental; a desarrollar tareas de prevención de riesgos y emergencias de todo tipo; y a realizar actividades de formación e información pública en supuestos de interés público y, en especial, para la prevención de riesgos, catástrofes o emergencias", dice el texto.

Sería el propio Ayuntamiento de Madrid el que tendría que pedir a la dirección de Tragsa que realizara este trabajo, algo que hasta el momento no ha sucedido, según los sindicatos.

Tragsa, a punto de aprobar un ERE

La situación se complica dada la situación de Tragsa: la dirección de la empresa planteó un ERE para 1.639 trabajadores y manifestó su intención de amortizar 3.695 puestos de trabajo eventuales. En total, supondría la eliminación de más de 5.000 empleos, la mayor reducción de personal llevada a cabo en una empresa pública en años. Actualmente, la empresa tiene unos 11.500 trabajadores.

"Nos están pidiendo que saboteemos la huelga de los compañeros cuando nosotros estamos prácticamente en la misma situación que ellos", exclama el delegado nacional de CSIF. Por su parte, el presidente del comité intercentros denuncia lo contradictorio que resulta que el Ayuntamiento de Madrid, ante un problema con un servicio privatizado, acuda a una empresa pública. "A un servicio público, el de Tragsa, que también se está intentando recortar. ¿Y quién va a satisfacer las necesidades ciudadanas?", se pregunta.

De los 1.639 trabajadores que quiere despedir la empresa, 803 se ejecutarán en su filial Tragsatech y 830 en Tragsa, que es la encargada de realizar el tipo de servicios que podría demandar el Ayuntamiento de Madrid. Los sindicatos denuncian que la mayoría de esos despidos afectan a peones, capataces y mandos intermedios, es decir, el personal que hace esos trabajos. A la medianoche acaba el plazo para que sindicatos y empresa lleguen a un acuerdo sobre el ERE, algo que, de momento, parece difícil. Si finalmente no llegaran a un acuerdo y no ampliaran el plazo para negociar, los despidos podrían empezar casi de forma inmediata. Es decir, si finalmente en unas semanas se produjera una declaración de emergencia por parte del Ayuntamiento, cientos de trabajadores de Tragsa ya no podrían atenderla.

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