La Eurocámara no endurece la obligación de transparencia para multinacionales

El pleno del Parlamento Europeo (PE) no endureció hoy la futura normativa que obligará a las grandes empresas en la Unión Europea (UE) a publicar país por país dónde y cuántos impuestos pagan, por el bloqueo de conservadores y liberales.

Las grandes compañías con una facturación anual mundial superior a 750 millones de euros estarán obligadas a publicar dónde y cuántos impuestos pagan, aunque habrá excepciones que podrán hacer valer por su propia decisión los gobiernos nacionales.

Los socialdemócratas (S&D), la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) y los Verdes europeos pretendían eliminar esas excepciones o al menos limitarlas en el tiempo, pero sus enmiendas no salieron adelante.

Los gobiernos podrán así eximir a las empresas de dar información por países de su tributación si son datos “sensibles”.

Populares (PPE), conservadores reformistas (ECR) y liberales (ALDE) hicieron bloque común para evitar que salieran adelante más obligaciones de desglose de información para las compañías.

Los grupos de liberales y conservadores consideran que no establecer esas salvaguardas puede perjudicar a la competitividad de las firmas europeas en el exterior.

También bloquearon las propuestas de que la obligación no fuera solo para las empresas que facturan más de 750 millones de euros, sino a partir de los 400 millones.

Sí consiguieron los grupos de la izquierda de la Eurocámara que saliera adelante su exigencia de que las multinacionales europeas tengan que desglosar también lo que pagan en cada país fuera de la UE, para que haya transparencia sobre sus posibles actividades en paraísos fiscales.

Compañías estadounidenses como Apple o Google también tendrán que rendir cuentas de sus tributos si tienen filiales en Europa, aunque solo si poseen un volumen de negocio igual o superior a los 750 millones.

En el debate previo al voto, la eurodiputada popular Rosa Estarás señaló que la regulación aprobada por el PE “recoge un buen equilibrio entre transparencia y competencia”.

Ernest Urtasun (Verdes) restó crédito al argumento de que informar de obligaciones tributarias pueda restar competitividad a nivel global a las empresas europeas “porque ya lo hacen los bancos y no pasa nada”.

Urtasun explicó a Efe que, aunque significa un avance para luchar contra las estrategias de evasión fiscal, “es una pena no haber podido ir más allá”.

“Populares y liberales dicen que trabajan para evitar el fraude fiscal, pero cuando llega la hora de apoyar medidas concretas hacen lo que pueden para rebajar su contenido”, señalo en el mismo sentido tras el voto el eurodiputado socialista español Ramón Jáuregui.

Desde la ONG Transparencia Internacional, tildaron el texto del PE de “ambiguo” por contar con “agujeros para el secreto fiscal” de las multinacionales.

“Si queremos poner coto a la corrupción y a la evasión fiscal, necesitamos transparencia real de las empresas tanto en la UE como fuera”, indicó desde la ONG Elena Gaita.

Según los datos de la Comisión Europea, que propuso la normativa en abril de 2016, los Estados miembros de la UE dejan de ingresar entre 50.000 y 70.000 millones de euros en impuestos por la elusión fiscal de las empresas.

La CE puso en marcha la legislación para atajar la ingeniería financiera y legal que permite a las compañías, y en especial a las multinacionales, mover sus beneficios de un lado a otro, crear filiales y tejer complicados sistemas para pagar lo menos posible.

Tras la votación en pleno, las tres instituciones se pondrán a negociar un texto final, antes de su entrada en vigor.